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Managua, 4 mar (EFE).- Un informe emitido este miércoles por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco señaló que la “crisis de derechos humanos recrudece” en Nicaragua, cuyo conflicto interno ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos desde el estallido social contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018.
Según el informe, en Nicaragua persiste una “extrema situación de violencia” y no hay “voluntad política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo (primera dama y vicepresidenta), para detener esta crisis de violación de derechos humanos y terrorismo de Estado”.
Conforme a lo dicho por la organización opositora, la falta de respeto del Gobierno hacia los derechos humanos ha causado efectos directos, como la muerte de 113 campesinos en los últimos 11 meses, o indirectos, como los 13 feminicidios en lo que va del 2020, sin que hasta ahora haya justicia para las víctimas.
El informe de la Unidad también destaca que los ataques de colonos (invasores) y paramilitares contra comunidades indígenas este año han dejado 6 muertos, 10 desaparecidos, 5 lesionados y más de 30 familias desplazadas.
Asimismo reporta sobre 404 delitos contra la libertad de prensa en los últimos tres meses, incluyendo golpes, amenazas, y robo de equipos, por parte de policías y simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Adicionalmente, establece en 73 el número de “presos políticos” que continúan en las cárceles de Nicaragua, a pesar de que cientos de ellos han sido excarcelados en los últimos doce meses.
Estar fuera de prisión no garantiza un mínimo de libertad, según la Unidad, ya que al menos 80 activistas de este movimiento, así como de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, son “asediados diariamente en las últimas dos semanas”, por la Policía Nacional, cuyos agentes permanecen en las puertas de sus casas para impedir que salgan.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han responsabilizado al Gobierno de Ortega por la violencia en Nicaragua.
Dicha violencia ha dejado entre 328 y 684 muertos, según organismos humanitarios.
Ortega, quien reconoce 200 víctimas mortales, ha explicado que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.
Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua está en marcha en la Organización de los Estados Americanos, por “rompimiento del orden constitucional”, que de ejecutarse suspendería al país del organismo.
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