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Ginebra, 16 abr (EFE).- Alrededor de 62.000 personas han dejado Nicaragua durante el último año a causa de la crisis política y social que vive el país y una gran mayoría de ellas (55.500) se refugiaron en la vecina Costa Rica, informó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
«En este flujo de refugiados muchos de ellos han recurrido a cruzar irregularmente (la frontera) para evitar ser detectados, a menudo caminando durante horas a través de complicados terrenos», destacó en rueda de prensa la portavoz de ACNUR Elizabeth Throssell al anunciar estas cifras.
«Inicialmente se trató de adultos, pero ahora también están huyendo familias enteras con niños», añadió la fuente, la cual señaló que muchos de estos refugiados corren el riesgo de contraer enfermedades como la malaria.
El organismo elogió los esfuerzos de Costa Rica en la recepción de estos refugiados y a la hora de facilitar los trámites de asilo, y destacó que apoyará esos esfuerzos con el fin de reducir los tiempos de procesamiento de estos procedimientos.
Según las autoridades migratorias costarricenses, 29.500 nicaragüenses han cursado ya sus solicitudes de asilo y otros 26.000 aguardan a que las suyas sean formalizadas.
Entre los refugiados, destacó ACNUR, hay estudiantes, antiguos funcionarios públicos, políticos opositores, periodistas, médicos, activistas de derechos humanos y campesinos, con un importante número de ellos necesitados de asistencia médica, apoyo psicológico, y ayuda alimentaria y de vivienda.
«Sin una solución política de la crisis en Nicaragua, la gente continuará marchándose», señaló la portavoz, quien añadió que se necesitan más fondos para fortalecer la respuesta humanitaria de ACNUR en esta crisis migratoria.
Por ello, subrayó Throssell, ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas están trazando un plan de respuesta humanitaria para apoyar al Gobierno de Costa Rica a la hora de atender las necesidades inmediatas de los solicitantes de asilo, así como de las comunidades que los acogen.
La crisis política de Nicaragua ha causado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que ONG locales hablan de 568 víctimas mortales y el Ejecutivo sólo reconoce 199.
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