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Managua, 15 mar (EFE). – Un grupo de 50 manifestantes opositores fueron excarcelados este viernes por decisión del Gobierno de Daniel Ortega, en medio de las negociaciones que mantiene con una alianza opositora con las que buscan superar la crisis que estalló en Nicaragua en abril pasado.
“El Ministerio de Gobernación da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”, dijo en un comunicado.
“El Ministerio de Gobernación da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”, indicó.
Los excarcelados salieron a bordo de autobuses y microbuses de la cárcel de máxima seguridad, conocida como “La Modelo, bajo la custodia de autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y en medio de la emoción de sus familiares que estaban en las afueras, según constató Efe.
Hace dos días, el Gobierno de Nicaragua acordó con la opositora Alianza Cívica retomar las negociaciones para superar la crisis que estalló en abril pasado a cambio de la “excarcelación de un núcleo apreciable” de manifestantes presos a partir de hoy.
De momento las autoridades no han cuantificado el número de excarcelados.
“Viva Nicaragua libre”, “No son delincuentes”, “Gracias Dios mío”, gritaron, en medio de la emoción y lágrimas, los familiares de los excarcelados que se apostaron en las afueras de “La Modelo”, al verlos pasar en los autobuses.
Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no informaron a los familiares, que se apostaron desde tempranas horas en las afueras de la cárcel, bajo que figura excarcelaban a sus parientes.
Vecinos de la capital salieron a las calles, algunos con las banderas de Nicaragua, a saludar la caravana de vehículos donde viajan los excarcelados.
Versiones no oficiales habían indicado que entre 150 y 200 convictos serían enviados a casa, entre ellos un grupo de 7 mujeres que fueron trasladadas esta mañana del centro penitenciario “La Esperanza” a “La Modelo”, pero las autoridades no han confirmado la información.
Según los negociadores de la Alianza Cívica, la excarcelación de los detenidos es bajo la figura de casa por cárcel o de convivencia familiar.
El Estado mantenía encarcelado al menos a 650 manifestantes antigubernamentales y cambió el régimen carcelario a otros 112 “presos políticos”, para un total de 762 convictos, según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, que denuncia al Gobierno de utilizar “como rehenes” a los reos en las negociaciones que mantiene con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El Gobierno de Ortega reconoce 340 detenidos por su participación en el “fallido intento de golpe de Estado”, como el Ejecutivo tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018, y los llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La excarcelación del nuevo grupo obedece a una decisión unilateral y política del Gobierno, según la Alianza Cívica, que sostiene que en la mesa discuten son los procesos y los mecanismos que garanticen la libertad absoluta de los “presos políticos”.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 762 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios. Ortega reconoce 199 muertos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, que lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado.
