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San Juan, 6 feb (EFE).- La Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos lleva a cabo este miércoles un registro en el Banco San Juan International (BSJI) en Guaynabo, próximo a San Juan, por un potencial caso de lavado de dinero y presuntas violaciones de sanciones contra Venezuela.
En declaraciones a los medios, el director del FBI en la isla, Douglas Leff, dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al Gobierno de Venezuela.
Estos, explicó, supuestamente “movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo”.
No se ha producido ninguna detención.
Leff agregó que se realizó el allanamiento por orden del Tribunal Federal del distrito de Puerto Rico.
Además indicó que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, “Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla”.
Subrayó también que hay “otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos”.
“Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que un juez creyó era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”, agregó Leff.
A su vez, especificó que el allanamiento tendrá una duración prevista de unas cinco horas en las que prevén decomisar documentos y computadores.
El 25 de agosto de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”.
La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE.UU. o por una “persona de Estados Unidos”, término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos.
El Tesoro federal precisó entonces que, a efectos de esta medida, el “Gobierno de Venezuela” se refiere también a cualquier subdivisión política, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central de Venezuela, PDVSA y cualquier persona que actúe en su nombre.
