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Managua, 10 sep (EFE). – Los líderes manifestantes Yubrank Suazo y Mohamed Gómez fueron detenidos hoy al noroeste de Nicaragua, informaron hoy sus familiares, quienes señalaron que estos se suman a la lista de «presos políticos».
Los manifestantes se trasladaban en un automóvil en la ciudad de Chichigalpa, a 122 kilómetros al noroeste de Managua, cuando fueron capturados por un civil y luego entregados a la Policía Nacional, según los familiares, que pidieron no ser identificados.
Suazo, uno de los líderes más visibles de Masaya, se hizo conocido en Nicaragua cuando leyó una proclama en junio pasado, en la que declaró dicha ciudad «libre del dictador», en referencia al presidente Daniel Ortega.
Un mes después la vivienda de Suazo fue calcinada y este tuvo pasar a vivir en la clandestinidad.
En el caso de Gómez, líder de los manifestantes de Chichigalpa, su vivienda fue atacada a tiros en agosto pasado.
El arresto se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 481 muertos en Nicaragua desde abril pasado, según cifras de organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras el Gobierno afirma que son 198 los fallecidos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
En una reciente entrevista con la Agencia Efe en Managua, el presidente Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
La Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional para superar la crisis, afirma que en Nicaragua existen entre 300 y 400 «presos políticos».
Ortega ha negado en varias ocasiones que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
Recurren por inconstitucionalidad Ley Antiterrorismo
El exprocurador de Nicaragua Alberto Novoa y el movimiento Observatorio Anticorrupción tramitaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la «Ley Antiterrorismo», por considerar que da pie a que cualquier persona sea acusada y condenada como terrorista.
Según Novoa, esa ley está siendo utilizada por el Gobierno de Nicaragua para procesar a cientos de personas que han participado en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
«Tiene una apertura enorme y permite al juez una gran discrecionalidad para calificar cualquier conducta como prohibida, y adecuarla al terrorismo, y las penas son altas, de 15 años», dijo Novoa a periodistas, tras presentar el recurso.
Dos meses después del estallido social en Nicaragua, la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (parlamento) amplió en julio pasado el concepto de delito de «terrorismo» con una reforma a la «Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva».
La ley, tal como está y en el actual contexto político, «menoscaba los derechos, porque queda a discreción judicial si una persona es terrorista, y como ya sabemos, el proceso judicial está siendo empleado como arma política, es un arma muy dura», alertó el exprocurador.
El recurso judicial presentado por Novoa fue respaldado por el Observatorio Anticorrupción, integrado por las organizaciones de sociedad civil Puente, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia.
