Sabela Bello
San Salvador, 12 jun (EFE).- La opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador dio un giro radical en el Congreso ante las propuestas del Gobierno, a las que en la legislatura recién terminada negaban sus votos reiteradamente, para pasar a hacer todo lo contrario en el actual periodo, dando su beneplácito, lo que, hasta hace poco tiempo, tachaban de inviable.
Este cambio, que se pone de manifiesto en propuestas de gran calado y que ahora consideran “necesarias” para el país, cuando antes eran “locuras del Gobierno”, se da tras la victoria de Arena en las elecciones legislativas y municipales del pasado marzo y ante la proximidad de los comicios presidenciales de febrero de 2019.
A nadie se le escapa que los partidos, especialmente aquellos que tienen posibilidades de hacerse con el Gobierno, ponen en práctica estrategias, más o menos acertadas, para sumar unos cuantos votos más a su cuenta particular.
Y fuera de los círculos de poder, la ciudadanía habla y se expresa con opiniones de todo tipo. No faltan los que ven a Arena como una formación dialogante y solidaria, calificativos a los que achacan su nueva actitud, pero tampoco se callan los que perciben una clara estrategia al dar sus votos a propuestas de política social, negados hasta la saciedad reiteradamente.
Ante este panorama, todos, especialmente los dos grandes partidos -Arena y el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)- se sienten ganadores en la fase previa a las elecciones presidenciales.
Desde el izquierdista FMLN se apuntan el tanto de que una, dos y tres propuestas de su Gobierno salieron adelante, gracias a su capacidad y poder de convicción y exposición de las necesidades del país.
Y los areneros ven el triunfo como propio, porque si no hubiera sido por sus votos, mayoritarios en la Asamblea Legislativa, la ciudadanía no contaría con los supuestos y esperados beneficios que le reportará la propuesta gubernamental, y así es como lo venden en sus visitas a comunidades y cantones, especialmente de las zonas más desfavorecidas.
Mientras, el Gobierno agradece una y otra vez esa aprobación de sus propuestas, convencido de que si no hubieran sido magníficas, nunca hubieran recibido el beneplácito de quienes están a años luz del Ejecutivo, ideológicamente hablando.
Con tan buenas notas para ambas partes, hasta parecen haberse olvidado de que los dos están salpicados por casos de corrupción que podrían hacer tambalear las bases de sus formaciones en fechas cercanas a las elecciones.
El que fuera presidente del país entre los años 2004 y 2009, Elías Antonio Saca, se encuentra en prisión desde octubre de 2016 por el desvío de 246 millones de dólares de fondos públicos a 14 cuentas personales de exfuncionarios de su Gobierno.
Además, Saca afronta otro proceso por cohecho activo por ofrecer, según la Fiscalía, 10.000 dólares a Ángela Avelar, “colaboradora” de la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en el que afronta un proceso por enriquecimiento ilícito, mediante un abogado, para recibir información.
Anteriormente fue procesado Francisco Flores (1999-2004), acusado de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 millones a una cuenta de la opositora Arena, siglas bajo las que gobernó, provenientes de donaciones taiwanesas, por lo que era procesado cuando falleció en enero del año 2015.
Pero la corrupción no es patrimonio exclusivo de la derecha. Actualmente, el expresidente por el FMLN Mauricio Funes (2009-2014) cuenta con una orden de detención de la Fiscalía General de la República (FGR) por una millonaria malversación de fondos públicos durante su mandato.
Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, donde huyó al considerarse un perseguido político sin que, según él, existiera razón para tal persecución.
El fiscal general, Douglas Meléndez, le recordó a Funes el pasado viernes que “ya no tiene la calidad de un perseguido político, como él decía, ahora tiene la calidad de un exfuncionario corrupto perseguido por la ley”.
El funcionario relató que Funes comandó, junto a su amigo Miguel Menéndez, también exfuncionario y empresario de seguridad, una “estructura sofisticada” que sacó más de 351 millones de dólares a cuentas privadas, cobró más de 292 millones en efectivo y los lavó.
Y mientras la Justicia se encarga de esclarecer los hechos, Arena y el FMLN se centran en sus logros y en transmitir a la ciudadanía las bondades de los respectivos partidos.
Pero la losa sobre los hombros la tienen los candidatos a la presidencia Hugo Martínez, por el FMLN, y Carlos Calleja, por Arena, que no solo les valdrá vanagloriarse de los logros en el Congreso de sus respectivas formaciones, sino que deberán convencer a la población de que sacarán adelante tareas pendientes y de la erradicación de la corrupción, el cáncer de El Salvador.