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Bogotá, 17 mar (EFE).- El senador colombiano Jesús Alberto Castilla, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), negó hoy supuestos vínculos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunciados por la Fiscalía, al tiempo que reiteró su preocupación por lo que llamó «persecución al movimiento social».
La Fiscalía colombiana solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia investigar los supuestos nexos de Castilla y del segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Germán Bernardo Carlosama López, quien hace parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.
«Lo que le digo al país es que no existe, no puede existir ningún nexo mío con grupos ilegales. Mi vida política, mi vida pública, ha sido conocida ampliamente y vamos a esperar cuáles son los argumentos y lo que considere la Corte Suprema de Justicia», dijo a Efe Castilla.
El senador, oriundo del departamento de Norte de Santander, una de las regiones donde es fuerte esa guerrilla, subrayó que tiene «la conciencia limpia» pues no posee «ningún vínculo con el ELN ni con ningún otro grupo armado ilegal».
Castilla fue reelegido en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo con 27.744 votos, con lo que se hizo con una de los cinco escaños del PDA en el Senado.
Añadió que lo que sabe de su caso ha sido por los medios de comunicación y que incluso no ha sido notificado de la decisión de la Fiscalía de vincularlo con el ELN, ni qué pruebas tiene ese órgano para pedir que la Corte Suprema de Justicia lo investigue.
Detalló que lo que más le preocupa es que la denuncia se conoció en «coincidencia» con los resultados electorales del domingo pasado.
«Llama mucho la atención que después de obtener una votación amplia (…) se busque vincular a una persona que mantiene su curul en el Senado por el Polo Democrático Alternativo», dijo el político.
También expresó su preocupación «por lo que ha sido la persecución al movimiento social, al liderazgo» y reiteró que seguirá apoyando las causas sociales y la defensa de los campesinos de la región del Catatumbo, una de las más convulsas del país.
Castilla agradeció el respaldo de su partido que exigió a través de un comunicado «todas las garantías y el debido proceso frente a las acusaciones».
En el documento el Polo aseveró: «Sorprende que en medio de la presente coyuntura electoral se hagan estos señalamientos que afectan la imagen y el comportamiento de nuestro partido, caracterizado de manera clara por ser la oposición» a los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe y su sucesor, Juan Manuel Santos.
Quito alberga desde febrero de 2017 la fase pública de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN.
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