La implementación de un pasaporte de vacunación contra la COVID-19 es una afrenta a la libertad individual que todo verdadero liberal debería rechazar. Obra una razón de principio, que es el repudio a la violación de la soberanía del individuo sobre su propio cuerpo. Cualquier argumento fundamentado en el paternalismo estatal que pretenda justificar la aplicación de castigos por no vacunarse es insostenible.
Pero los propulsores del pasaporte de vacunación obligatorio también alegan que esta obligatoriedad es necesaria para prevenir daños a terceros (externalidades negativas) que serían supuestamente mayores que los daños infligidos a los que no deseen vacunarse. Veamos diez razones en contra de esos alegatos:
- No hay evidencia concreta y definitiva de que las vacunas prevengan significativamente el contagio. Se postula la posibilidad de que reduzcan la carga viral en el infectado vacunado, y así impliquen una disminución en la posibilidad de contagiar a otros. Pero en ambientes sociales reales (fuera del laboratorio) son muchos los factores que pueden incidir, y resulta difícil aislar el factor vacunación. Éste es uno de los motivos por los que los fabricantes y las autoridades se abstienen de afirmar categóricamente que las vacunas previenen los contagios. De hecho, la mayoría de las autoridades insisten en mantener prácticamente los mismos cuidados incluso luego de vacunados.
- Las mismas autoridades que exigirían la vacuna utilizan los kits de PCR (reacción en cadena de polimerasa) asumiendo que estos pueden determinar la positividad de la infección por SARS-Cov2 que a su vez se relacionaría con la enfermedad de COVID-19 (así contabilizan los casos, que a su vez inciden en las decisiones de confinamientos, estados de alarma y toques de queda). Pero si es cierto que las PCR dan un fiel diagnóstico de la infección, entonces bastaría con usar éstas para identificar a los casos que pueden implicar riesgo de contacto, sin necesidad de exigir vacuna alguna.
- Si la vacuna realmente protege eficazmente de cuadros graves de enfermedad, ¿cuál es el miedo de un vacunado de mezclarse con un no vacunado? Hay quienes parecen realizar contorsiones argumentales para justificar la obligatoriedad, apelando a que las vacunas pueden ser parcialmente eficaces, y entonces el vacunado no tendría garantizada la prevención de un cuadro grave. El problema con ese argumento matizado, es que peca de un prejuicio a favor de la obligatoriedad, porque igualmente se podría argumentar desde el otro lado, que el hecho de que la eficacia de las vacunas sea parcial torna injustificable su imposición obligatoria. O sea, no parece coherente argumentar a favor de la obligatoriedad fundamentándose en la eficacia, y a la vez fundamentándose en la falta de eficacia. ¿Cuál sería la combinación del porcentaje de eficacia frente al porcentaje de probabilidad de contagiarse una vez vacunado que justificaría la obligatoriedad? Fijar cualquier cuantificación en este sentido resultaría antojadizo, y además estamos lejísimos de la posibilidad de obtener esas medidas con exactitud. Y si, por el contrario, se estableciese que la eficacia de las vacunas en la prevención de la enfermedad grave fuese baja, entonces pierde sentido el vacunarse, y mucho más su imposición.
- Las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado con una rapidez inusitada. Esto es algo positivo y refleja la posibilidad de mancomunar esfuerzos a nivel global. Pero también implica un inevitable componente de riesgo, ya que la difusión masiva se ha efectuado en tiempos más cortos que los conocidos hasta ahora. Hay debates acerca de si estas vacunas están en fase experimental o no. Pero más allá de los tecnicismos en la definición de términos, lo cierto es que hay autorizaciones de emergencia, lo que implica un curso anormal de desarrollo. También hubo casos como el de la vacuna rusa Sputnik V, implementada incluso previo a la conclusión de la fase III. Tampoco se puede descartar la posibilidad de efectos adversos que tarden en manifestarse, y es por eso que se prevé que las pruebas clínicas se extiendan hasta fines de 2022 y comienzos de 2023, además del período posterior de monitoreo. Esta situación de emergencia obra en contra de los argumentos a favor de la obligatoriedad.
- Las vacunas de ARN mensajero (como la Moderna COVID-19, y la Pfizer–BioNTech COVID-19) prometen constituirse en un importante avance médico. Pero recién el 2 de diciembre de 2020, la agencia regulatoria de medicamentos británica se convirtió en la primera en aprobar el uso masivo de una vacuna de este tipo. No es apropiado que una nueva tecnología nunca antes probada en forma masiva deba probarse imponiendo castigos o limitaciones a los que no quieran someterse a ella.
- Los gobiernos han aceptado que las empresas productoras de las vacunas asuman parcialmente la responsabilidad por potenciales efectos adversos, o que la asuman pero con una compensación económica por parte del Estado. Muchos de los contratos son confidenciales. Esto puede fomentar una producción más rápida de vacunas, pero afecta la transparencia del proceso, perjudicando los argumentos a favor de la obligatoriedad.
- Se ha registrado memoria inmunológica en personas que han tenido covid-19. Por ello es cuestionable la necesidad de vacunar a estas personas, y prácticamente absurdo imponerles castigos o restricciones por no vacunarse. Una cuestión particular adicional a tener en cuenta en estos casos, es la posibilidad de la potenciación dependiente de anticuerpos (antibody-dependent enhancement, ADE) y de la potenciación de la enfermedad respiratoria asociada a la vacuna (vaccine associated enhanced respiratory disease, VAERD o ERD). Éstas dos potenciaciones de la enfermedad se pueden dar con una reinfección (como es el caso del dengue con la ADE), y muy raramente, con una infección luego de una vacunación. Afortunadamente, estas reacciones no deseadas no se han observado ni en la etapa de pruebas en animales, ni en las pruebas clínicas, ni aun con las variantes más resistentes de SARS-Cov-2 (B.1.1.7 [“británica”] y B.1.351 [“sudafricana”]); por el contrario, en general se vienen observando mejores respuestas inmunológicas luego de la vacuna[10]. Estas buenas noticias, sin embargo, no obstan para que esto se deba seguir monitoreando.
- Algunos comentaristas -incluso liberales-, mencionan el hecho de que ya existen requerimientos de vacunación para movilizarse o ingresar a ciertas zonas. Pero, sin entrar a estudiar cada caso y su historia en particular, que haya casos de requerimientos preexistentes no implica: (1) ni que esos casos de restricciones estén siempre bien (estaríamos cayendo en una especie de problema del ser y el deber ser), ni (2) que porque en esos casos esté bien, habría de estarlo en éste (estaríamos cayendo en un non sequitur). Esto último, si se aceptan que los requerimientos ya existentes están bien, puede o no ser el caso, pero no se sigue necesariamente.
- El argumento de que es necesario imponer un pasaporte de vacunación para evitar poner al sistema de salud bajo el riesgo de saturación es endeble. Tres objeciones:
- La mayoría de la gente parece tener la voluntad de vacunarse. Además, hemos de suponer que las personas que pertenecen a grupos de riesgo deben tener un grado de voluntad de vacunarse aún mayor que la media de la población en general. Y también parece razonable pensar que la aceptación de las vacunas irá en aumento, si el paso del tiempo continúa confirmando su eficacia y su seguridad.
- Los argumentos basados en la necesidad de evitar el riesgo de saturación del sistema sanitario podrían esgrimirse para cualquier otra enfermedad condicionada por el comportamiento. Con esa lógica autoritaria, acabaríamos controlando la dieta, el ejercicio físico y los hábitos de las personas, imponiendo toda suerte de prohibiciones y obligaciones en lo que conformaría un programa sanitario estatal orwelliano. El comportamiento de elegir no vacunarse no parece ser cualitativamente distinto a (peor que) tantos otros comportamientos de toda índole que implican una presión sobre el sistema sanitario. O al menos, para establecer que sí lo es, sería necesario conducir una gran cantidad de complejas investigaciones sobre un sinnúmero de problemas de salud y comportamientos asociados.
- Mejor que imponer la obligatoriedad de la vacuna es mejorar el sistema de salud. Éste es un punto complejo, pero clave. Baste decir aquí que en general los Estados no sólo se han mostrado más ineficientes que el sector privado, sino que además sus intromisiones en el sector privado han inhibido el potencial de Este último.
- La imposición de la vacunación por parte de las autoridades promueve innecesarias suspicacias y genera dudas adicionales sobre los posibles efectos adversos. Aquí, como en todo, se debería dejar obrar al mercado. Si las vacunas prueban ser eficaces y seguras, la vacunación tendrá más adhesión. Si en cambio, las impone el Estado, esto sólo generará aún más desconfianza en aquéllos que ya alberguen sospechas de motivaciones meramente comerciales o dudas acerca de los posibles efectos adversos.
Una aclaración final que, si bien es innecesaria, en estos tiempos de pánico y sordera intelectual autoinducida puede llegar a ser conveniente: considerar estas razones no implica estar en contra de las vacunas, ni tampoco de la decisión personal de vacunarse.
Juandemariana.org – Pablo Castells es profesor superior en Música e Intérprete de Piano con Especialización Solística y de Cámara por el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, Profesor Artístico de Piano y Maestro de Educación Musical por el Profesorado Superior de Música Instituto Santa Ana de Buenos Aires, Bachelor of Arts en Sociología con Minor en Estudios Asiáticos y Filosofía por la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, Estados Unidos, y cursó (incompleto) Master in Science en Estudios de Desarrollo en la London School of Economics.