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Por José Gregorio Hernández Galindo
Quien esto escribe ha ejercido como catedrático universitario desde 1979 hasta ahora, de manera ininterrumpida, y considera indispensable el contacto personal entre profesores y estudiantes en el seno de esa transitoria comunidad —el curso—, pues la cercanía permite, no ya una mecánica transmisión de conocimientos mediante un monólogo —método afortunadamente superado— sino el diálogo fecundo, la libertad de cátedra, el intercambio de ideas, la formulación de inquietudes, la crítica respetuosa, el apoyo a la investigación, la búsqueda de la verdad mediante la participación de todos.
Por tanto, la obligada reclusión —que ya completa un año— por causa de la pandemia no ha sido el mejor estímulo para la tarea educativa, ni en las universidades, ni en las escuelas y colegios del país. La tecnología nos ha brindado —no a todos, porque no todos tienen los instrumentos necesarios— una forma de continuidad, lo que ha impedido, mediante las clases virtuales, la interrupción absoluta de nuestras actividades. Debemos agradecer a los avances tecnológicos que ello haya sido así, no solamente en este sino en otros campos —como el de trabajo—, pues de lo contrario, ante un enemigo tan agresivo como el COVID-19, el colapso habría sido total en muchos frentes. Ha sido posible la gestión administrativa, ha podido continuar la administración de justicia —con las explicables limitantes—, y se ha salvado en parte la actividad económica. Y las notarías digitales harán posibles los actos jurídicos sobre bienes y contratos, las autenticaciones y los matrimonios y divorcios. Gracias a la tecnología, la crisis generada por el coronavirus ha sido mucho menos grave de lo que hubiera sido sin ella.
Hace mucha falta la presencia, el contacto directo entre las personas —que es tan importante, dada la naturaleza social del ser humano—, aunque, por paradoja, se ha convertido en el mayor peligro, con las terribles consecuencias del contagio. Por eso, la distancia es hoy un imperativo. Ni más ni menos, está de por medio la vida. Las estadísticas sobre número de muertos son escalofriantes, y aunque el desenlace no sea la muerte en todos los casos, las secuelas del mal las están sufriendo miles de recuperados.
Por ello, pese a la importancia del contacto personal, reconozcamos que los hechos son tozudos. El abrupto regreso de niños y jóvenes a clases presenciales, sin que nadie haya sido vacunado y sin que se aprecie objetivamente una sensible y real disminución de las posibilidades de contagio del COVID-19, debe ser una medida que debe mirarse con mucho cuidado y gran prudencia. Los menores pueden ser asintomáticos y aunque estuviéramos seguros de que no tienen peligro —no lo estamos—, en todo caso pueden contagiar a los docentes y a sus propios familiares y vecinos. ¿En qué se diferencia la situación actual de la que en marzo del año pasado llevó al confinamiento? No en mucho. Y la protección de la vida es prevalente sobre cualquier otro objetivo.
Como muchos niños no disponen de los medios técnicos para la virtualidad, además de la renta básica —que consideramos urgente— el gobierno debería adelantar una campaña sin precedentes para dotarlos de esos instrumentos, hoy indispensables. Pero cuidado con un regreso inseguro.
José Gregorio Hernández Galindo es un jurista colombiano, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
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