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Por José Gregorio Hernández Galindo
Doy comienzo a esta columna expresando gran pesar por la muerte de personas que tuve ocasión de conocer y tratar, por las cuales mantengo una especial consideración y un gran aprecio: Marcela Monroy Torres —quien fuera decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (en esa condición me vinculo como catedrático de la misma) y decidida impulsora de la séptima papeleta y del proceso constituyente que condujo a la expedición de la actual Carta Política—; Carlos Holmes Trujillo —uno de los más brillantes delegatarios a la Asamblea Constituyente de 1991, con cuyos criterios me identifiqué muchas veces y, respetuosamente, no coincidí en muchas otras—; Julio Roberto Gómez Esguerra —importantísimo dirigente sindical, de cuya abnegada y constante tarea en defensa de los derechos y las garantías laborales fui testigo directo—; Héctor Fix-Zamudio —ilustre constitucionalista mexicano, ex magistrado y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quien intercambié ideas en provechosos eventos académicos y en cuyo homenaje tuve ocasión de participar en 2008 como uno de los autores del libro “Derecho Procesal Constitucional”, entonces publicado para celebrar sus 50 años como investigador del Derecho-. Personas todas ellas que no pasaron en vano. Que dejaron huella imborrable en la actividad pública, en la academia, en beneficio de la democracia. Descansen en paz, luego de haber prestado a la sociedad invaluables servicios.
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Pero, desde luego, no han sido las únicas víctimas. En Colombia, las cifras oficiales —que siempre se quedan cortas ante la realidad— nos dicen que van casi 52.000 fallecidos como consecuencia de haber contraído el pavoroso virus COVID-19, que estremece al mundo entero. A todos ellos y a sus familias y comunidades debemos también consideración y condolencia, y en la medida de nuestras posibilidades, ayuda y solidaridad. Todos conocemos casos específicos, algunos de ellos muy dolorosos —en especial, miembros de comunidades pobres y abandonadas—, y esta época es propicia para dar -sin despliegue, ni publicidad-, además de nuestra voz de aliento, el apoyo que les podamos brindar.
Pero es menester que también digamos algo real. No solamente es la pandemia la causa de tanta desgracia. Colombia está de luto desde hace meses —es verdad—, por los muchos decesos que ocasiona el COVID-19 a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero también es cierto —y nuestras autoridades no parecen darse cuenta— que todos los días hay dolor y tristeza en muchos hogares y comunidades por razón de los asesinatos de líderes sociales, indígenas, jóvenes, campesinos, defensores de derechos humanos, desmovilizados, y por las incomprensibles masacres que se siguen registrando. La más reciente ocurrida en Buga contra estudiantes indefensos. A todo lo cual se suman la inseguridad, los crímenes contra niños, la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia.
Termina el primer mes de 2021, y la situación no mejora respecto del año anterior. El número de compatriotas muertos sigue subiendo, no únicamente por COVID-19.
Hay que luchar contra la pandemia, traer las vacunas —ojalá lleguen algún día— y cuidarnos, pero también debemos meditar, individual y colectivamente, acerca de lo que está pasando en nuestra sociedad. Está enferma, gravemente enferma, y no solo por causa del coronavirus.
José Gregorio Hernández Galindo es un jurista colombiano, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
