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Por José Gregorio Hernández Galindo
Comienza el año 2021. Ha quedado atrás el nefasto 2020, y quienes seguimos con vida y sin COVID-19 debemos dar gracias a Dios por habernos protegido, a la vez que le pedimos que nos siga cuidando, desde luego con nuestra personal y colectiva colaboración y voluntad. Y también le rogamos por el descanso eterno de quienes nos han dejado, y por la pronta y efectiva recuperación de los muchos que han resultado contagiados.
Es muy importante que nuestro gobierno sea consciente sobre su obligación constitucional de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su salud y en su vida. En concreto, más allá de anuncios, imagen y propaganda, está obligado a adelantar cuanta gestión sea indispensable para conseguir y traer a territorio colombiano las vacunas que requiere la población. Ya en muchos países la están aplicando, mientras aquí se inicia el año sin información y sin claridad.
Téngase en cuenta que no se trata de un favor o concesión graciosa del Ejecutivo. Es una necesidad imperiosa de la colectividad, que debe ser atendida por la administración dentro de los criterios finalistas del Estado social de derecho. Y no se olvide que, según el artículo 209 de la Constitución, “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.
El otro gran azote para Colombia durante el año 2020 estuvo constituido por la violencia, el crimen y las graves violaciones a los derechos humanos, que no cesan y que las autoridades, lejos de enfrentar, buscan disimular con porcentajes y sofísticos cuadros comparativos.
El 18 de diciembre de 2020 informaba el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que a lo largo del año habían sido asesinados, hasta el día 15, al menos 292 líderes sociales, y que en ese mismo lapso se habían perpetrado 85 masacres. Las cifras siguieron creciendo, ya que los criminales no descansaron ni siquiera en navidad. El 30 de diciembre las redes sociales se estremecieron con la divulgación de un video proveniente de Buenaventura en el que se apreciaba cómo varios hombres armados patrullaban en motocicletas las calles, sin presencia ni intervención alguna de la autoridad. Según los medios de comunicación, una masacre en esa ciudad dejó al menos seis muertos y varios heridos.
Las masacres no paran, el país se desangra, y es como si nada ocurriera.
De nuevo recordamos el artículo 2 de la Constitución, a cuyo tenor “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
El desafío para nuestras autoridades en 2021 es enorme, y eso que aquí no hemos hablado de la economía, la ecología, la educación, los impuestos, ni de la grave crisis que afecta a los trabajadores, a los independientes y a los pequeños y medianos empresarios, todos totalmente desprotegidos.
José Gregorio Hernández Galindo es un jurista colombiano, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
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