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Por: Armando Colina
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los derechos humanos (DDHH) como: “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.
En Chile hay una institución que se presenta como la defensora de los DDHH, a la que hay que resaltar que a diferencia del concepto universalmente mencionado distingue: cómo, cuándo y a quién defiende frente al Estado, recordando que este último es quien viola estos derechos, no los particulares. Esta institución opera como un agente ideológico que usa la defensa de los DDHH como medio para proteger una ideología.
Basta ver los reportes qué tiene en su sitio electrónico oficial para encontrar el enfoque dirigido a instituciones específicas, contra las que viven en una constante querella en los casos de violación a los DDHH. Pero en los casos en los que se han hecho del conocimiento público el utilizar instituciones del Estado para adoctrinar niños no han emitido pronunciamiento alguno, ni mucho menos se han querellado contra esta violación de los derechos humanos contra la libertad de pensamiento de los niños.
Adoctrinar significa para el Diccionario de la Lengua Española: inculcar a alguien determinadas ideas o creencias.
Hay una constante vigilancia por parte de este instituto a los órganos policiales y militares chilenos, pero indiferencia ante algo tan indignante y degradante como lo es el adoctrinamiento de niños; la exdirectora de este instituto en una oportunidad siendo parte de las manifestaciones violentas declaró que su ideología política, casualmente esta ideología es la misma que promueve el adoctrinamiento de los niños y dicho instituto que debe velar por los DDHH es cómplice por omisión.
Para concluir, en Chile la defensa de los derechos humanos en manos de instituciones de carácter ideológico deben sucumbir ante lo jurídico y dedicarse a las actividades políticas como les corresponde; tienen que dejar de usar estas instituciones como un mecanismo para ir contra unos y amparar a otros que en (muchos casos), provocan el hecho del cual pasan a ser víctimas siendo realmente victimarios, para la defensa de los DDHH en Chile todos los funcionarios públicos del Estado son culpables ante tanto se demuestre su inocencia y la legítima defensa, no es un eximente de responsabilidad penal sino un agravante; deben estos funcionarios quedar de brazos cruzados frente a las masas de personas violentas que tiene el DDHH de agredir, insultar, quemar, golpear e intentar privar de la vida a la autoridad y para estos últimos, el defenderse es un delito.
Por último, tienen desaparecer este tipo de instituciones politizadas y ser sustituidas por un ombudsman (Defensor del Pueblo) que realmente defienda derechos no ideologías.
Armando Colina es abogado con postgrado en Derecho Constitucional y estudios en Ciencias Políticas
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