Por: Álvaro Grajales
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá confirmó parcialmente la sentencia emitida en primera instancia contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Esto le permite seguir ejerciendo su derecho a la defensa en libertad, pero bajo la calidad de imputado por el presunto delito de soborno. Uribe pasó más de dos meses bajo arresto domiciliario por un proceso abierto en su contra por presunta manipulación de testigos a través de su abogado.
La juez 30 de control de garantías ordenó el pasado 10 de octubre la libertad del exmandatario, luego de un fuerte debate jurídico sobre la ley que debía regir el proceso y sobre las actuaciones procesales que debían conservar vigencia. Lo anterior, en razón a que el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia, regido por ley 600 del año 2000, a la justicia penal ordinaria, bajo la ley 906 de 2004.
En esa oportunidad, el abogado de Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Polo Democrático, en compañía del exfiscal general, Eduardo Montealegre, y el exfiscal Jorge Perdomo, acreditados como víctimas en del proceso, interpusieron recursos de apelación contra la decisión de la juez de control de garantías.
Indagatoria equiparable a la imputación
La decisión de mantener la libertad a Uribe pero en calidad de imputado se tomó este viernes en la audiencia de segunda instancia llevada a cabo en el despacho del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá.
En lo que se refiere a la indagatoria realizada ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto, el juez manifestó que esta presentación ante el alto tribunal, bajo el procedimiento establecido en la ley 600, es equiparable a la imputación de cargos establecida en la ley 906, por lo que el expresidente adquiere la calidad de imputado, pero en libertad.
Culminada la controversia sobre la ley procesal aplicable y, por ende, sobre la libertad y la vigencia de las actuaciones procesales realizadas ante la Corte, el expresidente y su defensa deberán prepararse; primero, para la audiencia de formulación de la acusación; segundo, para la audiencia preparatoria y; por último, para el juicio oral.
Es necesario aclarar que la Fiscalía tiene la facultad de pedir una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, de considerarlo necesario.
Un caso de larga data
El proceso judicial contra el líder del partido de gobierno, el Centro Democrático, tiene sus orígenes en un denuncia de 2012 contra el senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda. Álvaro Uribe interpuso en ese momento una denuncia contra Cepeda por presuntamente ofrecer beneficios a presos para que declararan contra él en procesos relacionados con paramilitarismo.
Luego de seis años de investigación, el caso dio la vuelta y se volcó contra el exmandatario. La Corte Suprema comenzó a investigar a Uribe por el mismo delito que investigaba a Cepeda. Según la Corte, el expresidente habría intentado manipular a testigos por intermedio de su abogado, Diego Cadena, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado contra Uribe. En respuesta a este señalamiento, Álvaro Uribe ha insistido en que nunca intentó cambiar el testimonio de Monsalve.
Álvaro Grajales es estudiante del décimo semestre de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Miembro del Círculo de Estudios Libertarios Juan de Lugo.