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Por: Corina Cortés Oliveros
A pesar de los esfuerzos para justificar la Propuesta de Reforma del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) por parte del PSOE y Podemos ante el Congreso, el tema ya está tomando proporciones internacionales y no es tan sencillo como parece.
El 16 de octubre, la Comisión Europea hizo un llamado de atención a Sánchez durante la Cumbre de Europa. El organismo indicó que si bien se ha venido solicitando una Reforma del Poder Judicial, la vía que está tomando España no es la más idónea. ¿Su argumento? Se teme a que se atente contra la independencia de poderes, base fundamental de los regímenes democráticos.
En el El País se hizo referencia a la Comisión de Venecia cuando Christian Wigand, portavoz del Departamento de Justicia de la Comisión, señaló que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida “la Comisión de Venecia”. El funcionario aseveró que son esos estándares los que deben seguir los Estados para que la independencia judicial no corra ningún tipo de peligro.
Precisamente, la mención de la Comisión de Venecia deja entrever la importancia del tema especialmente cuando se iba a hablar del Brexit. ¿Puede un hecho aislado de una reforma judicial de un país miembro de Europa desviar tanto la atención? Sin lugar a dudas.
El Brexit es un tópico de carácter formal administrativo que obedece a la decisión de Reino Unido de salirse de la Unión. Esto, por otra parte, se dirige hacia los cimientos de los principios y valores democráticos sobre los cuales se fundamenta la institución supranacional que rige a Europa.
¿Qué es la Comisión de Venecia y por qué es tan importante?
Conocida también como la Comisión Europea para la Democracia, esta institución se basa en los principios fundamentales de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Su función principal es la de prestar asesoramiento legal en forma de “opiniones” legislativas que se le presenten en temas sobre proyectos de ley o legislación.
A su vez, produce estudios e informes de actualidad que tienen que ver con las instituciones democráticas y gobernabilidad. Esta comisión cuenta con tres áreas claves de acción: las instituciones democráticas y derechos fundamentales; la justicia constitucional y justicias ordinarias; al igual que las elecciones, referendos y partidos políticos.
Es por ello que no se puede ni debe tomar a la ligera lo planteado durante la Cumbre. Esto significa que existe una real preocupación por parte de la Unión Europea y representaría que España pasa a estar en el punto de mira al igual que otros países como Polonia y Turquía. Se debe entender que la Reforma del Poder Judicial planteada tiene que ver directamente con las Instituciones democráticas y los derechos fundamentales.
¿Qué hay detrás del Consejo del Poder Judicial?
El Consejo del Poder Judicial es un tribunal constitucional de autogobierno que tiene una injerencia directa en temas institucionales, la independencia judicial y especialmente se versa sobre la premisa de que tiene la menor injerencia posible del Ejecutivo.
Cualquier modificación, por mínima que sea, que toque al Poder Judicial del Estado es un paso para una serie de eventos que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Poder Judicial no solo se trata de delitos; habla acerca de “controles de constitucionalidad”, “aprobación de presupuestos”, “fiscalización de memoria y cuenta de los estados”, “velar porque las leyes orgánicas realmente respondan a la necesidad de los ciudadanos”, “resguardar la gobernabilidad” y finalmente es el pilar visor, fiscalizador y garante de que siga existiendo el Estado de Derecho.
Cuando la suerte se junta con la oportunidad
La introducción de la propuesta de reforma judicial llega para Podemos y PSOE en el momento perfecto. Para ello, debemos remontarnos al 30 de septiembre de este año, cuando la propia Bruselas dirigía una señal de advertencia al Gobierno español expresando que “urgía” la reforma del poder judicial, la cual se encontraba bloqueada en cuanto a nombramientos de funcionarios debido al bloqueo del Partido Popular (PP).
Las recomendaciones en aquel momento tenían que ver directamente con los valores de imparcialidad, objetividad, libre de influencia y naturaleza política sobre los cuales deberían revestirse los sistemas de enjuiciamiento; también hacía referencia a la relación existente entre la Fiscalía General y el Ejecutivo, siendo la primera nombrada por el jefe del Estado a propuesta del Gobierno.
Si bien no es esto lo que realmente preocupaba a la Comisión, sino que el mandato de la Fiscalía General finaliza al mismo tiempo que lo hace el mandato del Gobierno.
¿Cómo la crisis institucional y el COVID-19 juegan un papel en esta propuesta?
La pregunta que se debería colocar sobre la mesa de debate es: ¿Qué tiene que ver esta recomendación de la Comisión de la Unión Europea con la propuesta de reforma introducida por el Gobierno?, pareciera que tanto PSOE como Podemos estaban esperando la más mínima oportunidad para introducir un documento alegando que está cumpliendo con las recomendaciones de la Unión, pero sin guardar relación el fondo con la forma.
No se trata solamente de que Bruselas haya solicitado al Gobierno español que reformara al sistema del Poder Judicial para hacerlo más efectivo sino la opinión de la población. En una encuesta realizada por el diario La Vanguardia de fecha del 16 de octubre de 2020 un 90,5 % de la población señala que cree que la justicia española debe renovarse frente a un 9,4% que indicaba que no.
Por otro lado, 51,2 % indicaba que creía que la Justicia española influía demasiado en la política mientras que 48,78 % opinaba lo contrario. Es así como aparentemente el gobierno de coalición escucha la opinión popular.
El caso aquí es que la opinión popular se encuentra envuelta en un entramado de juicios contra políticos, funcionarios y exfuncionarios por temas de corrupción y lo que está solicitando no es una reforma de forma, sino de fondo en cuanto a como se maneja la justicia.
Lo cierto es que se aprovecha la crisis institucional, el COVID-19 y el nuevo Estado de Alarma para introducir un documento de propuesta que se puede encontrar a través de las redes sociales firmado por Adriana Lastre como Vocal del Grupo Parlamentario Socialista, así como por Pablo Echenique por el Grupo Parlamentario de Podemos.
¿De qué se trata la propuesta de reforma?
A rasgos generales la propuesta pretende que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada Cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos. Para entender mejor, significa que se rebajará el porcentaje de senadores y diputados necesarios para nombrar a los 12 miembros correspondientes del Poder Judicial.
Ahora bien, uno de los puntos más criticados ha sido la propia denominación. Se le denominó propuesta de ley no por capricho, debido a que se diferencia al proyecto de ley en el sentido de que esta primera se rige por el reglamento de las Cámaras y se presenta a la Mesa del Congreso no pasa por Consejo de Ministros. A su vez, no requiere una exposición de motivos sino una justificación.
Las críticas que levanta la reforma
Muchos juristas y abogados han alegado que la reforma es un tema totalmente inconstitucional ya que la forma en la cual se nombran a sus miembros se encuentra establecido en el artículo 122 numeral III de la Constitución. De acuerdo a lo indicado, para poder reformar la forma de nombramiento se debe someter a una reforma constitucional y no a una propuesta de ley como tal.
Finalmente, la mayor crítica es el tinte político de la reforma. En cuanto a temas de institucionalidad sucede el fenómeno del efecto dominó. Una reforma, de ser aprobada, fortalece a los partidos que lo proponen y les otorga una cuota de control que cada día puede ir in crescendo.
España en estos momentos se encuentra en una línea frágil con muchos movimientos pro-republicanos, anti monárquicos y miembros de gabinete con casos abiertos que quieren evadir a la justicia. Demostrar que pueden de alguna manera interferir en la Justicia a través de acciones de transformación institucional suele ser el primer paso para el resquebrajamiento del Estado de Derecho y del Estado como se conoce.
Como en un juego de ajedrez, las piezas se están comenzando a mover hacia una línea determinada y de no tomarse medidas pronto, las piezas irán siendo comidas poco a poco.
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Corina Cortés Oliveros es abogado con estudios en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Docente Universitaria, Investigadora y Conferencista Internacional.
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