Por: Adriana Moreno Cordero
En la víspera de la asunción de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en noviembre de 2018, ya con la victoria en la mano, afirmó que el 21 de marzo de 2019 podría realizarse una consulta ciudadana organizada por el Instituto Nacional Electoral. El objetivo era plantear tres preguntas sobre igual número de temas: la Guardia Nacional, el consejo asesor de empresarios y la posibilidad de abrir expedientes judiciales contra expresidentes. Incluso enumeró las razones por las cuales se podría llevar a cabo este enjuiciamiento y fue muy específico.
Respecto al expresidente Carlos Salinas de Gortari, el mandatario mexicano explicó que privatizó bienes públicos y sus cercanos se apropiaron de bienes sin mediar licitación alguna. Ernesto Zedillo Ponce de León fue señalado por el controvertido expediente del Fobaproa a través del cual “convirtió deudas privadas en deuda pública”.
Además, López Obrador subrayó la entrega de concesiones por parte de Vicente Fox Quesada -primer presidente de México emergido del Partido Acción Nacional (PAN)- en concepto de explotación de 30 millones de hectáreas para la industria minera. También señaló el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006, cuando al exmandatario lo sucedió Felipe Calderón Hinojosa, también proveniente del PAN y archienemigo de López Obrador.
En efecto, el actual presidente acusó el inicio de estrategia de seguridad basada en la declaración de guerra a los carteles y a la delincuencia organizada, que habría causado alrededor de 250 000 muertos durante la gestión de Calderón Hinojosa. En realidad, desde el inicio de su administración, López Obrador se ha enfrascado en un constante enfrentamiento con el expresidente michoacano, así como en una guerra de dimes y diretes que no tiene sentido ni futuro.
AMLO y sus predecesores
En cuanto a su antecesor, el priísta Enrique Peña Nieto, el mandatario mexicano lo señaló por actos de corrupción. Argumento que reforzó con el caso Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, (Pemex) y los malos manejos que presuntamente hizo en la paraestatal. Pero es obvio que el objetivo específico de López Obrador es Felipe Calderón. El exmandatario abandonó las filas del PAN para formar su propio partido: “México Libre”, intentos que el tabasqueño ha bloqueado.
Posteriormente y ya ubicado en Palacio Nacional, el presidente López Obrador retomó el tema en varias de sus conferencias matutinas. Incluso, en alguna ocasión señaló que él mismo no estaría a favor de enjuiciarlos, pero que finalmente el pueblo es el que decidiría. Ese “pueblo” del que tanto ha echado mano a lo largo de los 18 años de campaña durante los cuales buscó la presidencia de la República. Ese “pueblo” al que “bautizó” como “bueno y sabio” y que en otras consultas ha “tirado” proyectos de inversión que impulsarían la infraestructura y generación de empleos en México.
Cronología de una decisión
Pero, ¿qué pasó para decidir realizar esta consulta popular? En los primeros días de la presidencia de López Obrador, en diciembre de 2018, Luis María Aguilar -a quien se le asignó la propuesta del presidente para enjuiciar a los expresidentes- se desempeñaba como ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y rindió su informe en un acto abiertamente desairado por el mandatario mexicano.
Tiempo después, el presidente designó a los ministros de la SCJN considerados sus incondicionales y que, a la hora de votar el tema que nos ocupa, le fueron leales a la instrucción del Ejecutivo por declarar la constitucionalidad de la consulta. Ellos son: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yazmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Pese a que el ministro-presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo Larrea, llegó a ésta gracias al apoyo del expresidente Felipe Calderón, ha mostrado lealtad desde el primer día del mandato de López Obrador. Hace unos días y cuando el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas Garza, renunció por presuntos malos manejos, el presidente pidió “lealtad ciega”, no hacia él, sino a la cuarta transformación. Entonces la pregunta sería si acaso el tabasqueño envió un mensaje subliminal a los ministros que le deben el favor de haberlos colocado en un asiento en la Corte.
El día anterior a que se discutiera el tema de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, el propio mandatario mexicano ejerció presión demandando a los ministros que sacaran adelante su propuesta. Otro proyecto, aquel escrito por el ministro Luis María Aguilar, calificó como “un concierto de inconstitucionalidades” la propuesta de López Obrador y para defender su programa señaló que contemplaba el principio de presunción de inocencia. Al mismo tiempo, indicaba que la consulta por sí sola es considerada anticonstitucional porque no es posible realizar una consulta popular que condicione la vigencia y limitación de los derechos humanos a lo que decida un grupo de la población.
O sea, para ponerlo en términos simples y llanos, si se tienen pruebas, se debería actuar e investigar conforme a la ley. Porque una consulta, como las que acostumbra hacer el presidente, tiene un elevadísimo costo. Recordemos aquella realizada a inicios de su gestión para eliminar el Aeropuerto de Texcoco y algunas otras que han bloqueado proyectos de desarrollo e inversión en algunos estados, verdaderamente viables como una cervecera en Mexicali o una Termoeléctrica en Morelos.
La sesión
Finalmente, el primer día de octubre, en una sesión virtual del pleno de la SCJN -que se esperaba fuera maratónica y pese a la votación dividida de los ministros no lo fue- lo que ocurrió es que se reformuló la pregunta, evidentemente inducida, que envió el presidente para quedar finalmente como sigue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Controversial fue esta decisión y lo menos que podía esperarse era unanimidad. La aprobación de la propuesta enviada por el presidente a la Corte, ha trascendido nuestras fronteras y el señalamiento internacional, deja en evidencia lo que pretende López Obrador: quedarse con todo el poder y terminar con la división de Poderes. Si alguna duda hubiera, ahí está lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde la “línea” que ha enviado, es acabar de tajo con 109 fideicomisos y así, poderse centralizar los recursos y ser él quien los reparta de acuerdo con su muy particular criterio.
El día de la votación, las calles aledañas a la Suprema Corte, estuvieron llenas de gente afín al presidente con consignas y gritos. Bajo esa lealtad ciega que él ha demandado, apegados a la estrategia proselitista que a lo largo de casi 20 años de candidato, ha seguido López Obrador, pero sin mucha idea del motivo por el cual debían de mostrarse tan jubilosos.
La propuesta de la Suprema Corte de México fue remitida ya al Senado de la República para desde allí, ser enviada luego al Instituto Nacional Electoral, cuyo presidente es, Lorenzo Córdova Vianello, quien -dicho sea de paso- ha tenido también diversos roces con el presidente, pero que afortunadamente ha sabido sortear.
En definitiva, esta es una consulta más por temor a aplicar la ley; cuantiosos recursos tirados a la basura, que podrían ser utilizados para combatir la pandemia de la COVID-19. Que los ministros cercanos a López Obrador le paguen el favor, dista mucho de ser un paso hacia una vida democrática en México.