Por Agustina Blanco
A través de los años el Estado argentino ha adquirido dimensiones enormes, entre ellas, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Friederic, mencionó el de la “medición del humor social”, una frase que ha generado revuelo y tiene su explicación.
Lo primero que hay que decir al respecto es que es una frase que menciona con total libertad porque, en primera instancia, está mal asesorada o porque, en segunda, al pronunciarla no está más que midiendo a los ciudadanos argentinos lisa y llanamente para saber hasta dónde puede avanzar como Estado sobre la tolerancia de la población civil.
En este sentido, es menester separar lo que es el “ciberdelito” que se utiliza para realizar acciones de seguridad en la Deep Web (internet profunda, internet oscura, la parte escondida que hay detrás, aquello que nosotros no vemos mientras estamos leyendo algún artículo en internet, por ejemplo), que tienen como objetivo evitar determinados delitos que sí están tipificados, como lo son, por ejemplo, el abuso infantil o la venta de objetos y/o sustancias ilegales. La internet profunda es la principal herramienta de los delincuentes o pervertidos.
El humor social no es un delito. No está tipificado en ningún código penal y tampoco está tipificado en la Constitución de Argentina.
Mientras que el ciberpatrullaje se trata ni más ni menos que de una acción que viola los derechos privados e íntimos de una sociedad libre, como lo es el derecho de librepensamiento, mencionado en el artículo 14 de la Constitución; el de libertad de expresión, que tiene su explicación en el artículo 32 y, finalmente, en el Pacto de San José de Costa Rica (que goza de carácter de jerarquía nacional desde la Reforma Constitucional de 1994) en su artículo 13 habla sobre el libre derecho a expresarse y respalda principalmente al periodismo y su función social de informar. En otras palabras, el ciberpatrullaje que plantea ni más ni menos la ministra de Seguridad no es más que una intervención masiva de datos privados de las personas y la vulneración de sus principales derechos individuales. Asimismo, no es un dato menor que la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito —que forma parte del Gabinete de Frederic— está presidida por la “camporista” Valentina Novick (nada nos sorprende ya).
“Soy antropóloga social, tengo claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero hacemos algo y siempre algo es mejor que nada”, sentenció la flamante ministra hace unas semanas cuando estalló la nueva forma de control del Estado argentino y, en honor a la verdad, cabe hacerle a la licenciada en antropología la siguiente pregunta: “¿por qué cree que existen las encuestas y las consultoras?” La respuesta es, cuanto menos, evidente: para evitar quebrar los derechos de libertad de expresión y de pensamiento mediante prácticas que atentan las libertades individuales de las personas. De otra forma, esta acción podría catalogarse como espionaje o persecución política.
A diferencia de lo que planteó la antropóloga social que maneja la seguridad del país, el Gobierno debería centrarse en aquellas investigaciones relacionadas con actividades ilícitas que se pueden cometer. Como, por ejemplo, la venta de drogas por internet, la comercialización de actividades, sustancias u objetos ilícitos, entre otras cuestiones. De igual forma, tener muy en claro que hacer inteligencia sobre la sociedad civil no solo no está bien, sino que podemos realmente preguntarnos si estamos o no en una república democrática, puesto que esta determinación por parte del Gobierno no es más que una muestra de su principal función: hacer crecer el poder estatal y sus instituciones en detrimento de los derechos individuales.
Se trata, ni más de menos, de intentar controlar una opinión y de intervenirla —en caso de ser necesario— con el uso de la fuerza por parte del aparato Estatal y un proceso judicial posterior. Nuevamente, es lícito cuestionarnos sobre cuál es el rol que debe tener un Estado. La respuesta podría ser: ocuparse de las cuestiones que le son inherentes y básicas, como la justicia.
En Argentina el Estado ha adquirido dimensiones elefantiásicas y se ha desbordado por completo —de esta forma es casi imposible su control— invadiendo los ámbitos que son propios de la sociedad civil, al mismo tiempo y, paradójicamente, tenemos un Estado ausente de aquella función que le es connatural por definición. Este es el strike número 1 durante el Gobierno del presidente Alberto Fernández, ante una situación crítica como es la pandemia del coronavirus, de la que no tiene control o, considerando lo anteriormente mencionado, ¿acaso lo tendrá en demasía?
Agustina Blanco es periodista por el Colegio Universitario de Periodismo, licenciada en comunicación social por la Universidad Católica de Santiago del Estero e investigadora de la Fundación Centro de Estudios LIBRE.