English Version
Por Carlos Almandoz
Tras poco más de dos meses de un –cuanto menos cuestionable– Estado de Emergencia (acompañado de medidas tan improvisadas como dañinas), Perú se halla en un dilema en el que no pensaba encontrarse tras la implementación del confinamiento total el pasado 16 de marzo: ya superamos los 150 000 casos confirmados y la única “meseta” alcanzada es la de la aprobación del gobierno. Para sorpresa del gremio médico y del propio Martín Vizcarra, los “martillazos” tan aleatorios como alegremente batidos no solo han fallado de forma burda, sino que, de paso, han aplastado a todos los peruanos que halló en su camino.
Noticias Relacionadas
Y es que semejante fracaso no se debe sino al choque de la imaginación del burócrata de turno con la realidad. Declaraciones como las de Elmer Huerta a The Guardian, o las del propio Ministro de Defensa, Walter Martos, en conferencias de prensa, aluden a que la causa del fiasco presenciado sería exclusivamente el comportamiento de los peruanos, quienes, “rebeldes” e “irresponsables” incumplieron la cuarentena. Pero, ¿qué tan cierto es ello? Conviene, pues, hacerse la pregunta: ¿Qué causó el final tan poco feliz de la medida?
Siendo simplón en demasía, concluiría que es la poca institucionalidad en el Perú, traducida en un problema de enforcement, es decir, en la capacidad del Estado de asegurar el cumplimiento de la ley. Sin lugar a dudas, esa es. ¿Quién podría objetarlo? ¡Es obvio! Sin embargo, un reduccionismo como tal solo podría derivar en tamaño error. “Lo que se ve y lo que no se ve”, decía Bastiat al referirse a los efectos de, entre otras cosas, las leyes. Existirían efectos evidentes (los cuales se ven), y efectos sucesivos (los cuales no se ven); estos últimos, mediatos por naturaleza, deben al menos preverse para comprender la realidad, y para hallar soluciones a problemáticas determinadas.
Lo visible, lo manifiesto, lo que “cae de maduro”, es el incumplimiento del confinamiento, la falta de institucionalidad. Sin embargo, es necesaria una miopía intelectual colosal para determinar (i) que esta es “causa”; y, (ii) que, de ser causa, es la principal o la única. La ley no suele incumplirse por el solo hecho de querer hacerlo, sino porque los costos de hacerlo superan, medianamente, o en demasía, los (potenciales) beneficios de acatar la obligación.
No será ajeno al lector, pues, que la ley, en todos sus aspectos –incluso para con los mandatos de “no hacer”- implica un costo. Directo, indirecto, internalizado o externalizado, pero implica un costo. Precisamente, la ley cuesta: mucho, poco o demasiado, pero cuesta. Cuanto más cueste, lógicamente, menos se cumplirá.
Teniendo ello en claro, es imposible ignorar los costos de una medida como es la cuarentena. Desde luego, dicho planteamiento se corresponde, ciertamente, con la realidad: una medida sumamente costosa, como es un confinamiento completo, no solo genera costos altísimos que esperan ser internalizados por todos quienes la acaten, sino que obligará también a que, quienes no puedan asumir dicho costo, deban incumplirla para sobrevivir. Salvo que se pretenda, por ridículo que pareciere, que las personas aprendan a hacer fotosíntesis para suplir su necesidad de comer.
Una medida legal como la cuarentena total, tomada en absoluto desconocimiento (o ignorancia) de la realidad peruana, generadora de incuantificables costos es la verdadera causante del grave problema que enfrentan tanto los peruanos como el gobierno de Vizcarra. La baja institucionalidad, entonces, no es sino una consecuencia del paquidérmico costo de la legalidad, algo que el burócrata suele ávidamente ignorar.
Bien decía Friedman, “no hay almuerzo gratis” para referirse a que todo involucra un costo. Que no se vea, o no se quiera ver, no hace que este mágicamente desaparezca. Alguien más, inevitablemente, lo tiene que pagar. Imponer una medida y asumir que será tan fácilmente impuesta como obedecida, es tan ingenuo como intelectualmente ofensivo.
Así, el fracaso del confinamiento, implementado de forma tan rápida como miope, se debe a la baja institucionalidad, pero esta, lejos de ser su causa, es únicamente la consecuencia de la imposición de medidas poco sesudas y menos aterrizadas en la realidad peruana. Y esto es tan solo consecuencia del verdadero problema, titánico, de más está decir, de nuestro país: el costo de la legalidad.
Carlos Almandoz es profesor, estudiante de derecho y miembro del Leadership Institute Perú.
Discusión sobre post