- Por Angela Velez Escallón
Yo no conocía personalmente a Andrés Felipe Arias. Sólo sabía que había sido ministro de Agricultura del presidente Álvaro Uribe y que era uno de sus funcionarios preferidos.
Como muchos colombianos tampoco conocía a fondo el caso de Arias. Solo tenía en mi cabeza el ruido de los medios diciendo que había sido condenado por corrupción en un programa que dirigió cuando fue ministro.
Como esposa y mamá me dolía ver el sufrimiento de una pareja tan joven y con niños pequeños. Me pareció curioso que, a pesar de haber estado un par de años recluido en la cárcel antes de que se le dictara sentencia y que se le hubiese otorgado la libertad condicional, de un momento a otro y justo una semana antes de la segunda vuelta presidencial de 2014, la Corte Suprema filtró a los medios de comunicación que condenaría a Arias en los días próximos a las elecciones de 2014. Recuérdese que en esas elecciones hubo mucha presión y jugadas sucias por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos para evitar el triunfo de Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta. Santos fue finalmente reelegido.
Los puntos fundamentales que hay que entender respecto de las acusaciones que se le hacen al exministro:
- Agro Ingreso Seguro fue un programa exitoso ideado por el exministro que logró apoyar a pequeños, medianos y grandes agricultores, promoviendo entre otros los distritos de riego para fortalecer ese sector de la economía y promover sus exportaciones.
- Para desarrollar el programa y manejar de manera transparente y técnica los recursos el Ministerio celebró un convenio con el IICA (Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola que forma parte de la OEA) con quien TODOS los Ministros de Agricultura de los gobiernos anteriores habían celebrado este tipo de convenios). El IICA asignó los recursos, previa evaluación técnica a los agricultores que los solicitaban. Arias no manejó los recursos, ni asignó ni un peso a ningún solicitante, es decir, no se robó un peso y mucho menos les quitó a los campesinos de Colombia para beneficiar a los ricos.
- Hubo unos muy pocos casos, entre miles de asignación exitosa de recursos, de agricultores que quisieron abusar de programa: Algunos tramposamente dividieron sus predios para que obtener no un subsidio sino varios. Estas personas no tenían nada que ver con Andrés Felipe Arias. Después de descubierta esta práctica, los tramposos devolvieron el dinero, es decir, el Estado colombiano no perdió un peso.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema lo condenó, siendo inocente, a 17 años de prisión sin comprobársele ningún delito y como parte de una persecución política inédita en la historia de Colombia, y le negó varias veces el derecho a impugnar su sentencia.
Cuando Arias viajó a Estados Unidos pensé que yo hubiera hecho lo mismo, pues cada vez la desconfianza de muchos colombianos en la justicia aumentaba.
Me impactó la contralora Sandra Morelli, en entrevista con Vicky Davila desde Italia porque también era víctima de una persecución voraz del Fiscal Montealegre, aconsejando a Arias que se fuera de Colombia porque no tendría ninguna garantía de imparcialidad e independencia, tal como estaba operando la justicia totalmente cooptada por el Gobierno de Santos.
El Procurador Ordoñez, quien había sancionado al exministro por irregularidades administrativas culposas (que no son delitos), pidió a la Corte Suprema en el proceso penal que lo absolviera porque no había pruebas de que hubiera cometido los delitos que se le imputaban.
Quedé abrumada cuando supe que el Gobierno colombiano había movido cielo y tierra para que las autoridades norteamericanas, a pesar de que Andrés Felipe Arias estaba en medio de un proceso de asilo en EEUU, lo capturaran delante de su esposa y de sus niños, esposado ¡como si fuera el peor narcotraficante de Colombia! Eso me tocó profundamente el corazón y allí entendí que la saña en este caso no era normal ni tenía justificación.
Desde entonces llevé en mi corazón a esta familia y procuré estar pendiente de su futuro. Me alegré mucho cuando un juez americano le dio la libertad condicional.
Oí las entrevistas de Andrés Felipe y su esposa Catalina contando el martirio que había sido la experiencia de la cárcel en EE. UU. y explicando su caso y el porqué, ante la imposibilidad de tener una impugnación de la sentencia que fue negada varias veces por la Corte Suprema, habían decidido buscar la intervención de un organismo internacional como la ONU para lograr la garantía de un juicio justo e imparcial, derecho humano fundamental y universal.
Al poco tiempo el Gobierno Santos logró que nuevamente encarcelaran a Arias en EEUU en condiciones cada vez más terribles y humillantes.
En enero de 2019 tuve la bendición de conocer a Catalina, desde la distancia, haciendo la oración del Rosario con varios amigos de la familia conectados desde Colombia.
Entonces ya se conocía el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que declaró que a Andrés Felipe Arias se le violaron sus derechos fundamentales en un juicio arbitrario y parcializado, lleno de anomalías y contradicciones y, lo más grave, se le violó el derecho que tiene todo ser humano a la impugnación de la sentencia penal condenatoria para su estudio por parte de una autoridad judicial independiente e imparcial. Arias había sido condenado en única instancia.
Como abogada, casada con un abogado constitucionalista, entendí que el camino que quedaba en Colombia era instaurar una tutela para que la Corte Constitucional pudiera tutelar y garantizar los derechos de Arias, quien accedió a que mi esposo lo asesorara y representara en esta tutela, junto con su abogado internacionalista.
La Corte Constitucional, en fallo histórico, le amparó el derecho a la impugnación de la sentencia.
La sentencia de la Corte Constitucional es el fallo de la esperanza, es la luz que ilumina el camino para que volvamos a creer en la justicia colombiana, es el camino para restablecer un Estado de Derecho que defienda a sus habitantes sin importar su corriente política y donde no impere la corrupción y la mentira.
Angela Velez Escallón es abogada y comunicadora social. Miembro fundador de la ONG Red Familia Colombia y activista pro vida desde la campaña Zona Libre de Aborto.