Por Julio Ariza
Un estado de alarma que suspende inconstitucionalmente derechos fundamentales y libertades públicas (libertad de circulación, derechos de reunión y manifestación, libertad de culto, utilización de la censura previa en las ruedas del presidente del Gobierno, limitación de la función de control parlamentario, control gubernamental de las telecomunicaciones, limitación de la propiedad privada y del ejercicio empresarial); un Gobierno que anima a la gente a ir a manifestaciones con riesgo cierto de infección de la pandemia más grave del siglo; un Gobierno que luego oculta las muertes, falsea las cifras estadísticas de los contagios y se niega a declarar el luto nacional con más de 20 000 muertos a la espalda (que se sepa); un Gobierno que prohíbe a las familias sacar a sus mayores de las residencias, despedirse de sus personas queridas en el momento de la muerte, velar su cadáver y darle inmediata y digna sepultura y que, además, avisa que en el futuro enviará a los asintomáticos a lugares de confinamiento o de concentración; un Gobierno que aprovecha la crisis para alterar la constitución material del régimen e introducir cambios en él o provocarlos (el vicepresidente pide la república y se cuela en los servicios de inteligencia antes vetados a él); un Gobierno que quiere amordazar la crítica con la excusa de luchar contra los bulos (la triste y sempiterna cantinela de todas las dictaduras que en el mundo han sido); un Gobierno que utiliza el Centro de Investigaciones Sociológicas para inducir en la opinión pública la manera de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información; un Gobierno que pone a la Guardia Civil a su servicio político y partidista (no al servicio del interés general) y un general de la Guardia Civil que confiesa en rueda de prensa que el Instituto trabaja ya para “minimizar” el clima contrario al Gobierno (¿dónde queda el cumplimiento del artículo 103 de la Constitución que impone la objetividad y el interés general?); una avalancha chapucera y grotesca de contrataciones fake, opacas, escandalosas de materia sanitario; una desasistencia material infame de nuestros médicos, enfermeras, ATS, camilleros, celadores y demás personas sanitario; unas torpes medidas sociales que están dejando al país sin economía y sin futuro… a qué seguir.
¿Faltan razones objetivas para que toda la oposición de centro-izquierda, centro, centro-derecha y derecha tenga la valentía de unirse en una moción de censura? Ya; ya sabemos que no salen los números; pero sería un aldabonazo con el que romper la sordera de muchos medios de comunicación a cualquier crítica del Gobierno y de hacer llegar la voz de los españoles al tablero internacional. Tenemos que dar la voz de alarma. Los estados democráticos europeos y occidentales tienen que saber lo que está pasando en España, que no es otra cosa que una descomposición vertiginosa de la democracia y la instalación en el oeste peninsular del continente de un régimen de corte chavista.
El artículo 116 de la Constitución española no impide que durante la declaración del estado de alarma se pueda presentar una moción de censura. La ley y orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma excepción y sitio señala, antes al contrario, en su artículo primero apartado 4 que “la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”. Por lo tanto, ningún inconveniente constitucional para plantearle una moción de censura a un Gobierno que llegó al poder mediante otra.
El artículo 113 de la Constitución señala que el “el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura”. Esta debe ser propuesta por la décima parte de los diputados y debe incluir un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno, que no necesariamente tiene que ser diputado. Debe ser aprobada por la mayoría absoluta. El promotor no puede plantear otra en el mismo periodo de sesiones. Como la moción se diseñó en la Constitución para que no saliera fácilmente adelante, es prácticamente imposible que prospere. Pero la finalidad constitucional y política de la moción de censura, cuando es constructiva, no es solo provocar el cambio de gobierno, sino que también es una manera, la más radical si se quiere, de ejercer su control político parlamentario en un momento excepcional de la vida nacional como este.
Que España sea el peor país del mundo por millón de habitantes en número de contagios ya sería suficiente; que los sea además por la imprevisión la frivolidad, el sectarismo y la ineptitud del gobierno, también; pero lo más grave es que están suspendiendo derechos y libertades de los españoles y aprovechando la tragedia de la pandemia para mutar un régimen por otro.
El artículo 104.1 de la Constitución obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. La mera declaración del general debería provocar la dimisión fulminante del ministro del ramo.
Europa debe saber lo que está pasando en España. Y la manera de romper la barrera del silencio es la moción de censura.
¿Asistir y dar cobertura al gran fake político de esa enorme cortina de humo que serían unos imposibles pactos de la Moncloa? ¿Legitimar con la presencia de la oposición el mayor recorte de las libertades de los últimos cuarenta años y la mutación del régimen político?
Seamos serios. Pidamos lo imposible. Frente al engaño, debe triunfar la verdad.
Julio Ariza es abogado, exdiputado español, comunicador y presidente del Grupo Intereconomía.
Este artículo fue publicado originalmente en Rebelión en la Granja.