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Por Jair Peña Gómez*
Hasta que sucedió. La Corte Constitucional ha sepultado la Constitución. Esta era demasiado idealista, demasiado garantista, demasiado celestial para aplicarla en un país que linda con el infierno. De forma unánime los magistrados han declarado exequible el acto legislativo 02 de 2017. Sobra que digan que es algo que no tendrá una repercusión directa sobre nuestra carta magna, en la praxis, las columnas del acuerdo Santos-FARC entrarán en el bloque de constitucionalidad, es decir, que harán parte integral de nuestra normatividad, sin necesidad de aparecer expresamente en el texto de 1991, varias veces roto y varias veces remendado.
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Un aplauso para las FARC, para el Gobierno, para la Corte, para el Congreso; han sabido dar el golpe de gracia contra la nación. Así fue la cosa, el establecimiento más las FARC contra los colombianos. Nos supimos comernos el cuento de que la democracia se reduce a la existencia de elecciones, nos preguntaron, “¿Apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera? Dijimos “¡NO!”, y de manera crédula dimos por hecho que ello bastaba. No fue así.
Ahora cada uno de los puntos del acuerdo de La Habana será norma de normas y ley de leyes, si mal no recuerdo en eso se convierten, según mis clases de derecho con el gran constitucionalista Carlos Iván Castro Sabbagh.
Puntos que entrarán al bloque de constitucionalidad:
- Reforma rural integral, traducción: expropiación de la tierra, legalización de predios robados por las FARC a campesinos y violación de la propiedad privada.
- Participación política, traducción:perpetradores de crímenes de lesa humanidad podrán ser legisladores, concejales, asambleístas, gobernadores y hasta presidentes.
- Fin del conflicto, traducción:conformación de un partido político con brazo o brazos armados.
- Solución al problema de drogas ilícitas, traducción:permisividad, falta de decisión a la hora de luchar contra el narcotráfico y legalización de los bienes de las FARC obtenidos por medio de susodicho flagelo.
- Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, traducción: los victimarios no pagarán un solo día de cárcel, tendrán una justicia parcializada a su favor, superior al ordenamiento interno. Los contribuyentes (colombianos de bien) tendrán que pagar el costo del posacuerdo, reparar con su dinero a las víctimas y subsidiar a los desmovilizados, que según la Corte Constitucional deberán recibir $2.000.000. La no repetición es una utopía, varios frentes de las FARC siguen “en pie de lucha”.
- Implementación, verificación y refrendación, traducción: la implementación se dio a pesar de la negativa de los ciudadanos. El Gobierno y las FARC violaron los derechos civiles y políticos de los colombianos. La verificación ha consistido en asentir a cada una de las mentiras de la guerrilla, la ONU –por ejemplo–, recibió un total de 8.994 armas, frente a más de 17.000 desmovilizados según cálculos oficiales. ¿Menos milicianos que armas? Un sin sentido. La refrendación se dio, pero no se respetó.
Las FARC, la Corte y el Gobierno jugaron las cartas de forma magistral. No obstante, a la oposición nos quedan varios turnos, el más próximo 2018-2022. Resta recordarles que una ley se deroga con otra, una reforma se deforma o conforma con otra, y una Constitución, bueno, se derrumba con otra. La Asamblea Nacional Constituyente es inminente.
Jair Pena es estudiante de Ciencia Política. Conservador/liberal, columnista de opinión, analista y asesor político. Director del movimiento ciudadano Acción Republicana y miembro de Nueva Democracia (Plataforma Cívica). ProVida.
