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Por Jose Rafael Avendaño Timaury
Finalizando el mes de junio escribí en estas páginas un artículo denominado “Almagro”. En aquella oportunidad afirmaba que el secretario general de la OEA había acertado –a pesar de la lejanía- en el análisis de la Crisis Nacional.
Concluía su intervención planteando la factibilidad de que se aplicara lo previsto en la denominada Carta Democrática. Dos meses después –lúcido y certero- hizo pública una carta dirigida a Leopoldo López; donde, a mayor abundamiento, precisa que en nuestro país ya no queda vestigio alguno de democracia puesto que todo lo que acontece, desde el punto de vista político, económico y social, pasa por el tamiz infame de un grupo de milicos beligerantes en conchupancia con el reducido clan de rábulas acantonados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han consolidado un peculiar golpe de estado progresivo y en pleno desarrollo.
Luis Almagro, nuevamente, ha dictado cátedra en materia de política, constitucionalidad, ética y hasta de sociología. El socialista uruguayo tiene razón en su apreciación.
Precisa que con la ratificación de la sentencia inferida en contra de Leopoldo López y la renuencia del gobierno de permitir la celebración del Referéndum Revocatorio este año, al régimen venezolano se le puede catalogar de todo, menos de democrático. Es significativa su opinión: “[…] Analizo una y otra vez el tema y estoy convencido que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno (a esta altura con características de régimen) que se ha deslegitimado a sí mismo”.
Creí pertinente comenzar mi artículo refiriéndome a lo planteado por el secretario general de la OEA, y teniendo en cuenta que nos encontramos, de manera expectante, a escasos tres días de la denominada “Toma de Caracas”, su percepción de la realidad venezolana -concreta, diáfana y serena- tiene la virtud de ponderar, esclareciéndola, la cruda realidad en sus justos términos.
Lúcida interpretación que muchos de los dirigentes opositores inexplicablemente obvian. Estos carecen de claridad, sindéresis y valentía para ponderarlas debidamente haciéndolas públicas. Tal circunstancia les impide procurar las pertinentes acciones concretas para ser destinadas a reestablecer la constitucionalidad plena para el disfrute de un cabal estado de derecho.
El segundo aspecto se refiere a las condiciones en que se encuentran el centenar de presos políticos que albergan los calabozos de la revolución. Estos recobrarán su libertad una vez que se produzca la instauración de un nuevo gobierno de transición constitucional; tal como lo establece la Carta Magna.
Reitero mi solidaridad con los tres prisioneros emblemáticos (cabezas de Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Un Nuevo Tiempo) y del resto de compatriotas detenidos. De igual manera, la hago extensiva a todos los exiliados políticos.
La trilogía se cierra con la incertidumbre de lo que acontecerá el jueves primero de septiembre. No pretendo emular los dones que poseía Casandra para generar dramáticos vaticinios haciendo uso de inexistentes poderes extrasensoriales.
¡Iré a la calle a manifestar! –Con temor pero con valentía para afrontarlo debidamente- acompañando a los millones de compatriotas que adversamos la sui generis dictadura totalitaria. Lo trágico que en ese día pudiera ocurrir será de la exclusiva responsabilidad de Maduro y de sus grupos armados; (Milicos activos adocenados en la fuerza armada, milicia y los colectivos facinerosos) quienes nuevamente –de manera abierta y subliminal- han hecho pública sus amenazas.
Comenzó la movilización militar en Caracas y zonas aledañas con la finalidad de impedir el normal desarrollo de la manifestación popular democrática. Crean rumores para hacer ostensible el enfrentamiento violento entre los diversos grupos agavillados armados y un pueblo desarmado de implementos letales; pero, paradójicamente, armado de una prístina consciencia republicana y democrática.
No tengo la menor duda de que Maduro tiene ya decidida la conducta a seguir. Impedir a como dé lugar que la manifestación cívica preparada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con más de 20 días de anticipación, concluya de manera normal y satisfactoria. Para que la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano se evidencie.
Es decir, quizás, provocarán actos cruentos de “Terrorismo de Estado” con la intención de reprimir a sangre y fuego, para que la premisa no se consolide. ¿Los militares regulares acatarán la orden? ¿Los milicos regulares y la milicia estarán realmente dispuestos a consumar crímenes de lesa humanidad, a pesar del visto bueno otorgado por la Sala Constitucional del TSJ contra una masa civil inerme? ¿Los colectivos agavillados harán de las suyas?
Lo que haya de suceder, sucederá… ¡Solo Dios lo sabe! Y muchos lo presumimos. Los venezolanos y el resto del mundo veremos que el primero de septiembre se hará público el inocultable repudio mayoritario y pacífico en contra del gobierno.
No es aventurado aseverar que más del 90 % de la población se encuentra sumida en un estado de hambre de comida y de sed de justicia. Esta inequívoca certificación se hará palpable a todo evento. Colocará al gobierno en disyuntiva crucial: Lo cruento. O la salida constitucional a través de la celebración del referéndum revocatorio y las elecciones presidenciales este año… ¡En sana paz!
Si por lo contrario, las amenazas gubernamentales se consolidan; -reiterando su tradicional y predecible conducta- no nos quedará otra opción a la mayoría de los integrantes de la MUD, la sociedad civil organizada y al pueblo en general, que invocar el espíritu, propósito y razón del artículo 350 de la Constitución Nacional. Con la participación militante y combativa de la ciudadanía en general. Sin eufemismos. Sin más acciones de acción retardada. Erradicando la aplicación de nuevas, inocuas y desconcertantes políticas de gabinete.
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Es pertinente hacer ostensible un estado progresivo de desobediencia o de rebelión civil –el término es lo de menos- para hacer frente, con destreza de cirujano, -obviando la aplicación de “paños calientes”- al despotismo totalitario y dictatorial que nos oprime.
Sin embargo, a estas alturas, las dudas me abruman en relación a la competencia política demostrada por algunos dirigentes. Apenas la semana pasada el presidente de la Asamble Nacional (AN )y el secretario ejecutivo de la MUD solicitaron a la Fiscalía General de la República protección jurídica en la jurisdicción penal.
El primero afirmó que no acatará –en la oscura guarida del lobo- lo que ha dictaminado el TSJ. El segundo intimó –con jaquetonería incomprensible- al ministerio público y al defensor del pueblo con un plazo de 48 horas para que se pronuncien ante las amenazas inferidas por el alcalde de Caracas. (El plazo se cumplió… ¿y?).
El vicepresidente de Acción Democrática (AD), por su parte, declara sin pudor que la candidatura de Ramos es un hecho que proviene de la aclamación de las masas populares. Que de no celebrarse el revocatorio este año, se hará entonces en 2017.
Aprobaran a futuro la cacareada enmienda constitucional que ilusamente permitirá la asunción del nuevo presidente. Lo último es gravísimo. La maniobrilla infantil en ciernes así debe ser entendida y patrióticamente denunciada.
La sinvergüenza proposición del personero mudista, a escasas horas de la “marcha,” contradice el objeto de la misma. Es decir, ¡AD da por hecho que el referéndum no se efectuara este año! ¿Qué otros partidos de la MUD están de acuerdo con la guabinosa y absurda proposición? ¿Cuál es el objeto de la marcha para ellos? … ¡A confesión de parte, relevo de pruebas!
Con estos bueyes habremos que arar hasta que se impongan los de relevo. Por ello es pertinente develar con responsabilidad la infame jugarreta. Hay que desenmascarar a estos politicastros de oficio que se permiten manipular las expectativas reales de los venezolanos. Se hace necesario enderezar entuertos. Si viviéramos en el siglo XIX; estos dirigentes, émulos redivivos del Mocho Hernández -careciendo la honradez y valentía que le eran comunes al caudillo nacionalista- harían que la marcha épica anunciada no pasara de “Caño Sucio”.
En el siglo XX (14 de febrero de 1936) una asombrosa concentración popular sacudió –a menos de dos meses de la muerte del dictador- la consciencia aletargada de los caraqueños en lo particular y la de los venezolanos en general. Dando inicio a la nueva modalidad de participación popular masiva impregnada con nuevos actores políticos, las emergentes organizaciones partidistas y de la sociedad civil organizada.
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Ante la explicable novatada; pero de ninguna manera justificando el error cometido por la dirigencia opositora de entonces -quienes se privaron y no supieron qué hacer con el novedoso y contundente instrumento político- permitieron, por su indecisión, la sobrevivencia de los restos del antiguo régimen decimonónico. Prolongándolo con la “ñapa” de 35 años, en el nuevo siglo. Ahora, al igual que en 1936; algunos piensan desempolvar el “pañuelo” amarillento, roído y apolillado para colocárselo nuevamente en la nariz.
Este oprobioso régimen está sustentado por poderes públicos de dudosa legitimidad. El parecido entre ambos; por el similar futuro incierto, es asombrosamente y dramáticamente de carácter análogo.
José Rafael Avendaño Timaury es un abogado venezolano, fue Consejero Político en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (1984-1987) y Director General de Política Interior en el Ministerio de Relaciones Interiores.
