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Venezuela sufre los embates de una economía centralmente planificada que intenta mantenerse a flote a través de incremento del gasto público, controles, regulaciones y dádivas a la ciudadanía.
Estas políticas, lejos de alcanzar los objetivos de bienestar nacional e incremento de la calidad de vida de nuestra ciudadanía, han logrado resultados diametralmente opuestos a los que visualizaron sus forjadores: los venezolanos padecemos el flagelo de la inflación más alta del mundo, una alarmante escasez de los productos más básicos, uno de los más altos índices de criminalidad del planeta y el colapso de los servicios públicos.
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Terminado el primer semestre del año 2016, estos problemas llegan a límites que parecían impensables. Las colas en abastos y supermercados en búsqueda de alimentos aumentan a diario. Su aumento se da prácticamente a la misma velocidad que el de los precios de los productos, incluso al precio de aquellos que el gobierno intenta “regular” sin éxito, provocando el surgimiento de otro fenómeno típico de las economías de estados interventores: el mercado negro, que en Venezuela tiene su más palpable ejemplo en el cotidiano y extenso “bachaqueo”. Lamentablemente, la criminalidad también aumenta con la escasez y el trágico deterioro del poder de compra del venezolano.
Los fracasos de estas políticas se han repetido sin excepción alguna en el mundo entero, y ahora son nuevamente palpables en Venezuela. Cuando los gobiernos pretenden regular cada actividad y transacción imaginable, ignorando que los individuos pueden identificar, mejor que un burócrata distante, sus propias preferencias y necesidades, tarde o temprano sumergen a la ciudadanía en el caos, la escasez y la pobreza.
Paradójicamente, esta situación de crisis aparentemente insalvable puede ser la ocasión para que Venezuela, al igual que otros países que ante el fracaso han corregido exitosamente el rumbo, opte por el camino de la libertad económica y abandone el actual modelo, que en nuestro país tiene sus raíces incluso desde mucho antes de la llegada de Hugo Chávez al poder.
Por estas razones, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) presenta una agenda que incluye sugerencias sobre algunas de las medidas que deben tomarse en el país para lograr que Venezuela termine de entrar en el siglo XXI, como una sociedad moderna, con una economía pujante que optimice la calidad de vida de los venezolanos
Las medidas aquí planteadas, que son solo el primer paso, se dividen en tres grandes temas, que Cedice Libertad ha estado estudiando a lo largo de sus más de tres décadas de existencia: el Estado de Derecho, la libertad económica y la noción de un Estado limitado.
Estado de Derecho
1. Garantizar la independencia y el equilibrio de los Poderes Públicos: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral.
2. Garantizar que la actuación de los Poderes Públicos no conculque las libertades individuales, políticas, económicas o religiosas, a través de leyes y/o decretos diseñados para favorecer a grupos de interés o individuos que pretendan ser privilegiados.
3. Sanear el sistema de justicia en el país, como garante último del cumplimiento del debido proceso y la protección a los derechos y libertades de la ciudadanía. Esto implica, entre muchas otras medidas, el respeto a la carrera judicial y garantía de la estabilidad y titularidad de los jueces.
Libertad económica y crecimiento
4. Reinstaurar el respeto y las garantías a la propiedad privada y resarcir los daños ocasionados por su conculcación a aquellos particulares afectados.
5. Desmontar los controles de precios y todo su aparataje burocrático, que han generado la escasez en Venezuela (como ha sucedido en otras partes del mundo), reemplazándolos por la libre competencia, la reducción de barreras arancelarias y el establecimiento de condiciones que eviten los monopolios estatales o privados.
6. Reinstaurar la libertad cambiaria en el país, abandonando el sistema de cambios múltiples que existe actualmente y permitiendo el libre flujo de divisas, lo que garantiza y facilita tanto la importación (de la que en una primera etapa depende buena parte de la actividad económica de Venezuela) como la producción nacional, a través de la compra de los elementos necesarios para emprenderla.
7. Revertir el decreto de inamovilidad laboral y flexibilizar la legislación en la materia, ya que el mismo reduce las oportunidades de empleo y desincentiva la producción nacional.
Responsabilidad fiscal y eficacia del Estado
8. Aumentar la eficiencia del Gasto Público Social (GPS), al redireccionarlo a los sectores verdaderamente desfavorecidos (clases socioeconómicas D y E).
9. Reestablecer la disciplina monetaria restringiendo la emisión sin respaldo y el endeudamiento público, para lograr volver a la moneda fuerte que fue el bolívar en el pasado.
10. Retomar la descentralización como bandera y restituir competencias a gobiernos regionales y locales en materias como infraestructura, vialidad y seguridad, a fin de hacer más eficaces estos servicios.
11. Lograr el apoyo del sector privado e incentivar su participación en la solución de problemas públicos como la salud, la educación y la seguridad social, emulando los modelos exitosos de nuestro continente y del mundo.
CEDICE Libertad es un think tank venezolano con más de tres décadas de labor por las ideas de la libertad política, individual y económica en Venezuela. Síguelos en @Cedice, y visitalos en www.cedice.org.ve
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