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En las últimas semanas, la lucha contra la impunidad, corrupción, y la búsqueda eterna por la justicia, comienza a ver los primeros haces de luz en El Salvador, lo que proporciona un poco de esperanza a una sociedad que vive inmersa en un conflicto social caracterizado por la violencia generalizada. Estos atisbos de esperanza se deben a la loable labor de algunas instituciones encargadas de fiscalizar, ejercer mecanismos de rendición de cuentas horizontal y combate a la corrupción.
A inicios de febrero de este año, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reveló una lista de 29 nombres de personas que actualmente ejercen o ejercieron un cargo público y que están siendo investigadas por sospechas de enriquecimiento ilícito. Lo más particular de esta lista es que se encuentran personas de cuarto partidos políticos representados en el parlamento: ARENA, FMLN, GANA y PCN.
Por si esto no fuese poco, también figuran los últimos tres expresidentes de la República: Francisco Flores Pérez (1999–2004) y Antonio Saca González (2004–2009), que llegaron al poder a través del partido conservador y que además es el actual partido de oposición más fuerte, ARENA; y Mauricio Funes Cartagena (2009–2015), quien llegó al poder por medio del FMLN, actual partido oficialista y de corte socialista.
Vale recalcar que Francisco Flores, quien recientemente falleció, estaba siendo procesado por delito de peculado, casos especiales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Ahora bien, según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario recibió a través de cheques personales e ingresó en su patrimonio US$5 millones, y los restantes US$10 millones los desvió a un banco en Costa Rica, y posteriormente a una cuenta en El Salvador de ARENA, fondos que presuntamente fueron utilizados para la campaña electoral de 2004. El donativo presuntamente habría sido enviado por el Gobierno de Taiwán para proyectos de mitigación en El Salvador por los terremotos de 2001 y 2002.
A pesar de que la responsabilidad penal quedó totalmente extinta debido a la defunción del exmandatario, aún está pendiente dictaminar el sobreseimiento definitivo y con esto determinar si hubo o no responsabilidad civil, lo que permitiría regresar la misma cantidad del dinero malversado en caso fuese encontrado culpable. En declaraciones recientes, el recién nombrado Fiscal General de la República, Douglas Menéndez, ha afirmado que la investigación aún continúa sobre los destinatarios del dinero. Algo muy acertado, debido a que en honor a la verdad y la justicia, se debe conocer lo que sucedió para que el “Imperio de lo Impune” no prevalezca.
Un caso que ha sido calificado por muchos como “persecución política” y para otros ha sido un ejemplo de la lucha contra la corrupción. Sin duda, un caso de tal magnitud y envergadura no podría haber estado exento de polémica.
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Primero, por la forma hipócrita en como el expresidente Mauricio Funes la abanderó durante un contexto de campaña electoral donde lo aprovechó con el objetivo de deslegitimar, atacar y restar votos a la oposición. Y segundo, porque Taiwán ha confirmado que el dinero no iba destinado para ARENA, pero a pesar de esto, dirigentes del partido ARENA han confirmado que el dinero sí llegó a ARENA y fue utilizado para la campaña electoral del 2004, en donde el candidato presidencial de dicho partido fue el expresidente Antonio Saca González y podría ser un posible destinatario.
Por otro lado, la misma Sección de Probidad notificó a Antonio Saca González, que no ha encontrado justificación para más de US$6 millones en sus ingresos durante su período como Presidente de la República, y le ha dado tres días para presentar pruebas. En una revelación histórica de las declaraciones de patrimonio de los últimos tres mandatarios del país, la de Saca presentaba un incremento del 260%.
Por otro lado, en una vuelta del destino —o algunos dirían “por el Karma”—, el expresidente Mauricio Funes también está siendo investigado luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinara que no se justificaron US$728.329,74 de su patrimonio. Según investigaciones periodísticas basadas en el informe de Probidad del expresidente, Mauricio Funes manejaba tal cantidad de dinero que inclusive “podía gastarse en una sola compra US$7.000 en zapatos o $5.900 en perfumes.”
El exmandatario deberá enfrentar un juicio civil por enriquecimiento ilícito donde se comprobará su culpabilidad o su inocencia. En caso de ser encontrado culpable, según la legislación vigente deberá “restituir al Estado o al Municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente”; pero sumado a esto, la CSJ ha remitido el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación penal.
Algunos llegan a calificar que la corrupción es el mayor impuesto que puede pagar una sociedad.
Vale recalcar que El Salvador vivía un período de oscurantismo en donde hasta este año se están llevando a cabo los primeros juicios civiles en 56 años de vigencia de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (Leifep): al diputado del Partido Concertación Nacional (PCN), Reynaldo López Cardoza; al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y amigo de Mauricio Funes, Leonel Flores; y recientemente se les incorpora el expresidente de la República, Mauricio Funes.
La lucha contra la corrupción debe ser imparcial y continua. Algunos llegan a calificar que la corrupción es el mayor impuesto que puede pagar una sociedad. Sin importar el partido político o la influencia de una determinada persona, se debe combatir un mal que afecta no sólo a una institución, sino al desarrollo social y económico de un país entero, en donde son aquellos que tienen menos oportunidades y que viven bajo el flagelo de la pobreza y violencia quienes sufren las mayores consecuencias.
La confianza en las instituciones del Estado salvadoreño nunca ha sido muy alta, pero estas acciones pueden ser los primeros pasos que puedan llevar a una mayor confianza, no sólo en nuestro sistema de justicia sino también en nuestro sistema democrático, el cual sigue encontrando obstáculos para su consolidación. Podemos decir que se vislumbran los primeros haces de luz en medio de tanta oscuridad.
Gabriel Zura Zamora es co-director en la asociación Censura Cero. Síguelo en @gzura17.
