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Es inevitable, válida y valiosa
Por Juan Llanos
Que los defensores de Bitcoin deberían buscar su regulación no es una cuestión discutible. Ellos simplemente no tienen otra opción. Podría terminar mi punto aquí, pero reconozco que el tema es más complejo de lo que parece.
¿Por qué? Entre otras razones, porque el propio Bitcoin es muy complejo, sus defensores no son un grupo unificado, y sus reglamentos son nada menos que complicados.
Primero vamos a pensar en la regulación en general. Normalmente hablamos de regulación cuando nos referimos a un régimen jurídico más amplio que involucra leyes, reglamentos y tribunales creados por las instituciones para organizar la sociedad. En este sentido amplio, la regulación existe para mitigar múltiples riesgos, reales o potenciales, frente a la sociedad, como la interrupción de servicios vitales o la pérdida de la propiedad.
En última instancia, la regulación persigue resultados positivos, tales como la seguridad, la privacidad y la salud; y por lo tanto, es muy válida. Por supuesto, la mera existencia de una regulación crea fricción y barreras de acceso, y en caso de ser mal implementada, diseñada incorrectamente o anacrónica, no puede lograr sus objetivos políticos.
La complejidad del Bitcoin se deriva del hecho de que se trata de varias cosas al mismo tiempo, ¡y algunas de esas cosas incluso tienen el mismo nombre! Se trata de una plataforma tecnológica, convencionalmente denominada Bitcoin —con B mayúscula—, con elementos arquitectónicos muy singulares: entre muchos otros, tiene un libro mayor descentralizado y compartido, donde las transacciones se registran de forma indeleble en orden cronológico; y un token programable, conocido como bitcoin —en minúscula—, que puede representar cualquier cosa de valor, y es, en sí mismo, negociable en mercados abiertos.
¿Será Bitcoin una moneda, una mercancía, o una garantía? ¿Será Bitcoin una red de pagos, un protocolo, o una suerte de banco digital?
A los defensores del Bitcoin se los puede dividir en dos grupos distintos. En primer lugar, están los anarco-libertarios que ven al bitcoin —la criptomoneda que no está sujeta a manipulación política— como un vehículo para la paz y la libertad de la opresión del Estado; luego están los empresarios y los especuladores, que ven a Bitcoin como una tecnología enormemente transformadora, a punto de desbaratar la industria de servicios financieros, o como una nueva clase de activos a titulizar y comercializar.
Es evidente que estos dos grupos tienen diferentes puntos de vista sobre la regulación. Los primeros lo ven como una amenaza a sus ideales principales. Los últimos, como un medio para fines de legitimidad y lucro. Sin embargo, independientemente de la ideología, cualquier persona que aboga por algo hace bien en tratar de encontrar apoyo que lo ayude a maximizar las posibilidades de éxito de aquello que defiende, incluyendo, por supuesto, la regulación.
Bitcoin es una tecnología revolucionaria que combina de una manera muy ingeniosa los últimos avances en la criptografía y la computación distribuida. Potencialmente, puede transformar el mundo tal como lo conocemos, pero también crea nuevos desafíos que no hayan podido ser previstos por la regulación.
Todos los que realmente se preocupan por el futuro de Bitcoin deberían buscar, como mínimo, la claridad normativa acerca de cómo este va a encajar en la sociedad. Y, sobre todo, deben tratar de influir en los legisladores tanto como sea posible para que implementen reglas de juego razonables y sólidas, que no sofoquen el desarrollo de esta nueva y prometedora tecnología.
Juan Llanos es un experto en materia financiera y un especialista certificado contra el blanqueo de dinero. Es mentor y asesor en varias empresas de criptomoneda y tecnología, y consultor en temas de prevención de lavado de dinero y estrategia de cumplimiento normativo. Escribe sobre riesgo y monedas virtuales en su blog ContrarianCompliance.com. Síguelo en @JuanLlanos.
Imposibilidad de la regulación
Por Daniel Rybnik
EnglishUna red de pares descentralizada, como la de Bitcoin, es una comunidad en la que intervienen varias personas para compartir información con diversos propósitos. Como organización grupal, se basa en un sistema de toma de decisiones descentralizado, que a la vez procura brindar un control que se asemeja al del concepto de libertad como no-dominación descrito por Philip Pettit.
Este control resulta:
Individualizado: cada usuario posee una capacidad de control igual a la que poseen los demás;
Incondicionado: la influencia de cada individuo no depende de la buena voluntad de otro; y,
Eficaz: su efectividad para imprimir una dirección a las decisiones colectivas es tal, que el hecho de que no concuerde con la que alguien en particular querría darle sería visto como una cuestión de mala suerte, y no como la imposición de una voluntad ajena.
Los usuarios pueden asumir diversos roles y aceptan participar en la medida que aprecian su utilidad y confían en la sustentabilidad de sus fundamentos. Las posibilidades que da internet y el software libre han facilitado la despersonalización y globalización de los procesos, y así se han convertido en una herramienta clave en pos del establecimiento de estas redes.
No existe una autoridad central que asigne derechos o imponga obligaciones, sino que entre todas las partes involucradas se configura un vínculo voluntario en el que se generan derechos y obligaciones que son regulados por el propio software y el protocolo.
La mera pregunta sobre si estas redes pueden ser reguladas por una autoridad estatal parte de una premisa que o bien resulta rayana con lo absurdo, o roza el totalitarismo.
La utilización de una de estas redes se justifica en que no puede haber mejoramientos paretianos —ya que de lo contrario ya se hubieran producido—, por lo que cualquier regulación estatal que supuestamente aumente la utilidad de algunos, provocará la disminución en el beneficio esperado por otros.
La historia ya resulta conocida: la gente creará opciones para satisfacer a los perjudicados y surgirá espontáneamente otro sistema que reemplazará a la red sujeta a regulaciones estatales, a menos que el aparato estatal logre controlar totalmente el acceso a la información y la utilización de internet.
Esto último equivale a sostener que el aparato coercitivo estatal puede regular la física y controlar a la humanidad. Lo primero es absurdo, lo segundo es el totalitarismo.
Daniel Rybnik es abogado (UBA), mediador, Profesor de Régimen Tributario (UBA), Master en Derecho Bancario, Corporativo y Financiero (Fordham University) y Doctorando en Derecho (UBA). También es socio fundador de EnterPricing. Síguelo en @drybnik.
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