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Genocidio, una política de Estado
Por Mike Allison
Hace más de tres décadas, los testigos de la matanza en Centroamérica afirmaron que el ejército guatemalteco estaba involucrado en el genocidio contra los indígenas del país que vivían en el norte de Guatemala. Como parte del proceso de paz, que culminó con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) acordaron la creación de una Comisión de las Naciones Unidas para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1994.
La CEH buscaba “esclarecer las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimientos a la población guatemalteca”. Después de una investigación de dos años, la CEH concluyó que los sobrevivientes y testigos estaban en lo cierto; el Estado guatemalteco en verdad había cometido “actos de genocidio” durante su brutal campaña de tierra quemada.
El Ejército de Guatemala llevó a cabo una racista campaña de tierra arrasada entre 1981 y 1983, con la intención de destruir la comunidad Ixil y otras poblaciones indígenas. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados, muchos después de haber sido abusados sexualmente y torturados. Además, quemaron las casas y los cultivos a los sobrevivientes que huyeron a las montañas, buscando seguridad.
El Ejército envió patrullas a matar a los desplazados internos, y los bombardeó indiscriminadamente desde el aire. Muchos de los sobrevivientes se escondieron durante años en las montañas, en condiciones infrahumanas. No hubo ningún esfuerzo para distinguir entre aquellos que proporcionaban un apoyo activo a los guerrilleros, de los que no lo hacían.
Se creía que todos los miembros de la comunidad Ixil eran simpatizantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y, por tanto, eran objetivos justificables. Estas víctimas intencionales incluyen los ixiles no nacidos que todavía estaban en el vientre de sus madres.
En el reciente juicio de Efraín Ríos Montt, en Guatemala, no se trataba de establecer si se produjo un genocidio. Ese hecho ya ha sido aceptado por todos, con excepción de un pequeño número de personas que han negado el genocidio durante las últimas dos décadas. El juicio era una rendición de cuentas.
Si bien Efraín Ríos Montt no fue la única persona responsable de genocidio, como presidente de Guatemala durante 17 meses, entre 1982 y 1983, fue responsable de ordenar el asesinato intencional de la población ixil, mediante las operaciones Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Sofía.
Desde que la CEH publicó su informe en 1999, no han habido pruebas para refutar sus conclusiones. Sabemos mucho más sobre la campaña genocida en Guatemala hoy, de lo que sabíamos a finales de 1990, cuando el informe fue elaborado por primera vez.
La evidencia adicional incluye el testimonio de testigos, documentos y operaciones militares, archivos policiales, análisis estadísticos, documentación en video, documentos desclasificados estadounidenses y los informes forenses de numerosas exhumaciones de fosas comunes. Confirman lo que los sobrevivientes y testigos denunciaron a principios de 1980: el genocidio fue una política de Estado, deliberada.
Mike Allison es un profesor adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad de Scranton, en Pennsylvania. Tiene un blog sobre política centromericana. Síguelo en @CentAmPolMike.
No hubo genocidio en Guatemala
Por Carlos Sabino
EnglishUna campaña bien orquestada internacionalmente pretende sancionar al general retirado Efraín Ríos Montt —de 89 años— por el delito de genocidio. La acusación me parece absurda porque confunde el concepto de genocidio con las matanzas que, durante el conflicto interno que sufrió el país, se llevaron a cabo contra civiles del área rural, en zonas de mayoría indígena.
Hubo muchas masacres en Guatemala durante esas décadas, especialmente entre 1979 y 1984, pero ninguna se hizo con el propósito de acabar con algún grupo étnico determinado. Veamos los hechos.
La definición internacionalmente aceptada de genocidio implica que existe una intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por medio de matanzas, traslados forzosos, lesiones graves o sometimiento intencional a condiciones de vida que lleven a la desaparición del grupo. Nada de esto sucedió en Guatemala durante aquellos años, a pesar de que murieron miles de campesinos pertenecientes a diversas etnias indígenas.
Dos hechos, ampliamente aceptados, apuntan claramente en este sentido: en primer lugar, no hubo masacre alguna en las zonas donde no se desarrolló el enfrentamiento armado con la guerrilla, ni se persiguió a la población indígena cuando no se presentaran sospechas de que podían estar colaborando con la insurgencia.
En segundo lugar, los autores de las masacres fueron también soldados y suboficiales, mayormente indígenas, así como patrulleros civiles que también formaban parte de los mismos grupos étnicos.
El general Ríos Montt, que asumió la presidencia luego del golpe de Estado de marzo de 1982, y fue depuesto en agosto del año siguiente, trató de reducir las arbitrariedades y actos de barbarie que constantemente se producían por medio de un mayor control sobre los comandantes locales del Ejército, en tanto combatía de un modo implacable contra la guerrilla comunista, que en esos tiempos amenazaba con extenderse, y que también efectuaba masacres contra la población que se le resistía.
Creó las Patrullas de Autodefensa Civil, que agruparon y armaron a 900.000 campesinos de todas las etnias, pero nunca propició el exterminio de ningún grupo étnico: los muertos en el conflicto cayeron por pertenecer a la guerrilla o porque supuestamente la apoyaban, y en esas acciones no hubo distingo alguno por razones de raza, credo o grupo social.
Fue una lucha civil en la que, naturalmente, perecieron más ixiles en las áreas ixiles, pero más personas mestizas o de otras etnias en las zonas donde ellas eran mayoría. Incluso es fácil comprobar que las matanzas disminuyeron después de que Ríos Montt asumió el poder, aunque no cesaron por completo.
No hubo genocidio en Guatemala, del mismo modo que no lo hubo contra japoneses o alemanes durante la guerra mundial, cuando la lucha llegó a sus países. Ellos cayeron, como los ixiles, simplemente porque estaban allí, en medio de un conflicto bárbaro y despiadado.
Carlos Sabino es sociólogo, escritor y profesor universitario. Es director de programas de máster y doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Lee su columna “Contrapunto“.
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