Por David R. Martin
English El Gobierno de Puerto Rico está en quiebra. Su economía está decayendo. Con un desempleo del 12,4% duplica la tasa promedio de Estados Unidos. Esta semana podría ocurrir la primera cesación de pagos por parte de una de sus entidades estatales. El Gobierno ha declarado que a su masiva deuda de $72.000 millones es “impagable“.
Las causas principales de este desastre no son los altos costos de energía y traslado. Estos mismos costos no han detenido a la sólida economía de Hawai, que ostenta una tasa de desempleo del 4,2%. De hecho, el debate de las condiciones territoriales de Puerto Rico es más una puesta en escena política que otra cosa.
Como parte de Estados Unidos, la capacidad de Puerto Rico para negociar tratados comerciales por separado es inmaterial. Sus exportaciones autóctonas son insignificantes. El territorio continental de Estados Unidos es prácticamente su único socio comercial, pero es uno bueno que le permite a Puerto Rico intercambiar libremente bienes, servicios y personas como si fuera un Estado. Este es precisamente el acuerdo de comercio que muchos países buscan y no lo consiguen.
En cuanto a la remota posibilidad de convertirse en un Estado, la principal ventaja no sería la instantánea competitividad económica, sino mayores transferencias de subvenciones —a la cual ya responsabilizan por la baja participación laboral de su población en el mercado de trabajo, con un 40%, mientras que el promedio de Estados Unidos es del 62%.
En cambio, los golpes mortales para la isla son las políticas autodestructivas, elegidas exclusivamente por las autoridades locales. Los dos pilares sagrados de estas políticas son las extravagantes preferencias y exenciones contributivas en actividades en las que Puerto Rico no es competitivo.
Como era de esperar las exenciones tributarias agotan el tesoro de la isla. Mientras tanto, las industrias preferenciales no tienen vinculación estratégica con la ubicación tropical de la isla, ni con los talentos predominantes, o las habilidades de la población.
Aunque suena emocionante y audaz, la producción científica y los complejos servicios financieros tienen pocas razones para operar en Puerto Rico, más allá de una dudosa elusión fiscal que está bajo asedio por parte de países desarrollados, incluyendo Estados Unidos. Mientras que más del 50% del PIB de $103.000 millones de la isla es atribuido a estas actividades, solamente un 6% (y disminuyendo) de la fuerza laboral de Puerto Rico es empleada en este sector. De esta manera, casi el 90% de las ganancias de estas empresas salen de la isla, sin pagar impuestos.
Para peor, las exenciones tributarias favorecen predominantemente a no residentes de buen nivel económico. Esta discriminación promueve la resistencia y evasión fiscal por parte de los locales.
El resultado: no hay una significativa creación de puestos de trabajo, los impuestos son altamente regresivos y complicados ubicando a la recaudación en menos del 10% del PIB (PDF). De acuerdo con un artículo en la edición del 11 de julio del Economist, “los países extremadamente pobres” en promedio recaudan 13% del PIB, mientras que los países ricos y desarrollados recaudan en promedio 34%.
El insuficiente ingreso fiscal acarrea consecuencias obvias: estas incluyen la inversión inadecuada del Gobierno en seguridad pública, higiene, transporte marítimo, educación y capital humano.
Muchos han asumido de forma incorrecta que Puerto Rico sufre por tener un “Gobierno grande” y gasto excesivo. El Gobierno es ineficiente e inefectivo, pero no es “grande” ni excesivamente caro. Con un gasto público 11% del PIB, Puerto Rico es la jurisdicción que menos gasta de los 50 estados (PDF). Por persona, Puerto Rico se ubicaría en la posición número 37 del ranking de empleo gubernamental entre todos los estados, incluido el Distrito de Columbia.
Otra consecuencia del modelo de bajos impuesto ha sido el endeudamiento prolongado y constante por parte del Gobierno para compensar el déficit de ingresos, mientras recurre a artilugios y coquetea con la ilegalidad de evadir el limite constitucional a la deuda en la isla.
El ingrediente final de este nefasto brebaje es el imperceptible pero efectivo desprecio del Gobierno por la industria que normalmente se les viene a la mente a los extranjeros cuando se habla de Puerto Rico: turismo.
La isla tiene un enorme potencial, sin explotar, como destino de primera categoría en el mundo, no solo para turismo, sino también para entretenimiento a gran escala, incluyendo eventos de deporte profesional. El problema se centra en décadas de descuido y falta de inversión por parte del Gobierno. De manera más reveladora, la isla solamente cuenta con 15.000 habitaciones de hotel —nada en comparación a las 65.000 cuartos de su vecino, República Dominicana, y a las 50.000 de Hawai.
Además, las iniciativas del Gobierno en el ámbito de turismo ponen demasiado énfasis en San Juan, donde únicamente hay 9.000 cuartos de hotel. Esto es apenas suficiente para una feria comercial de tamaño mediano. Paralizada por una pobre planificación urbana, el área metropolitana no cuenta con espacio para las 50.000 cuartos de hotel y la nueva infraestructura que la isla necesita para volverse un protagonista del entretenimiento mundial.
Puerto Rico es particularmente apropiado para actividades que no necesitan exenciones contributivas para ser competitivo. Además, el talento y la afinidad de los puertorriqueños por el arte, la música, el cine, la moda y deportes profesionales encajan perfectamente con esta búsqueda.
El segmento de mercado más lógico son las 120 millones de personas que habitan en la costa este de Estados Unidos. Ellos están a menos de cuatro horas de distancia, más cerca que ir a Las Vegas y en la misma zona horaria, solamente necesitan una licencia de conducir para visitar la isla. Sin embargo, debido a la falta de promoción, estos individuos estadounidenses apenas conocen esta parte de su propio país.
Sin embargo, Puerto Rico necesita un espacio concentrado y una infraestructura física para recibir y entretener a los turistas en gran cantidad. Afortunadamente, ha surgido una solución para el problema del espacio. En la costa este de la isla, la ex Base Naval Estadounidense Roosevelt Roads de 13 millas cuadradas, con una superficie más grande que el Aeropuerto Internacional de San Juan, idónea para el desarrollo de una nueva ciudad de entretenimiento. Si solo el Gobierno dejara de malgastar la base tributaria en una quijotesca ambición por desarrollar alta tecnología y una industria financiera con ventajas fiscales, este sitio podría convertirse en una nueva ciudad que compita con Las Vegas, Orlando, Macau y Dubai.
El impacto económico de una ciudad de ese nivel necesariamente debería incluir las vecinas las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las cuales tienen sus propios problemas. Una economía sólida y completamente competitiva para Puerto Rico disminuirá la dependencia de los subsidios federales y ayudará a sus vecinos a hacer lo mismo.
Antes de que Roosevelt Roads sea distribuido y despilfarrado por los intereses especiales y objetivos poco realistas, Puerto Rico debe aprovechar esta oportunidad como un proyecto nacional. Su ejecución apropiada sería invitar a sectores privados mediante concesiones de terrenos a largo plazo. Esta nueva ciudad renovará la imagen de la isla y comprometerá a Puerto Rico a desarrollar actividades relacionadas con el comportamiento y talento de nuestra gente, al igual que con la privilegiada belleza y clima del este territorio caribeño de los Estados Unidos.
David R. Martin es un abogado corporativo, miembro de la diáspora continental puertorriqueña y autor de Puerto Rico: The Economic Rescue Manual. Síguelo @DrMartinLLC.