Con el estallido de la Gran Recesión, volvió a popularizarse la idea de que el aumento del gasto público puede ayudar a estimular la economía y evitar el ajuste inherente a todo período de crisis. Los gobiernos de Occidente no estaban dispuestos a apretarse el cinturón y optaron por aumentar de forma sostenida el gasto.
La receta no pudo funcionar peor. La deuda pública se disparó hasta generar una crisis fiscal a ambos lados del Atlántico. Barack Obama se vio obligado a aplicar medidas de austeridad desde 2010 en adelante. En Europa, países como Grecia cayeron en quiebra, incapaces de refinanciar obligaciones financieras de monumental tamaño. Y, peor aún, el crecimiento no solo no se relanzó, sino que la recesión dio paso a un período de estancamiento en el que el desempleo fue a más, cebando el malestar que ha dado pie al auge de líderes y partidos políticos de corte populista y antisistema.
Ante semejante panorama, resulta especialmente indicativo comprobar lo que ha pasado en España en los últimos tiempos. El gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder en 2012 y, desde un primer momento, se mostró tan partidario de consolidar las cuentas públicas subiendo impuestos como reduciendo gastos. En este sentido, el Ejecutivo ibérico desoyó las advertencias de Alberto Alesina, el profesor de Harvard que se ha especializado en el estudio de los programas de ajuste fiscal y que recomienda volcar tres cuartas partes del reequilibrio por la vía de la austeridad presupuestaria. En la misma línea van Kevin Hassett, Paolo Mauro y otros.
Por tanto, la consolidación de las cuentas públicas observada en España se ha realizado de forma más lenta de lo recomendado por los expertos. Sin embargo, esto no ha impedido que el peso del gasto se reduzca del 48,1 % al 40,4 % del PIB durante los últimos ocho años, una caída significativa aunque algo dilatada en el tiempo.
Para poner en perspectiva este ajuste, basta comprobar lo ocurrido antes de la llegada de Rajoy a La Moncloa. Bajo gobierno de José María Aznar, el gasto había caído hasta el 38% del PIB. Sin embargo, el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero elevó esta ratio hasta el 45,8 % del PIB con el que cerró 2011, su último año en el poder.
Otra forma de entender mejor lo ocurrido pasa por comparar la evolución del gasto en España con su trayectoria en la Unión Europea. Ya hemos visto que, de 2012 a 2018, el peso de los presupuestos de las Administraciones Públicas se redujo en España unos 7,7 puntos porcentuales, cayendo del 48,1 % al 40,4 % del PIB.
Pues bien, durante ese mismo período, la evolución en la UE fue claramente menor, con un ajuste de 3,4 puntos del PIB que llevó el desembolso medio del 48,9 % al 45,5 % del PIB comunitario. Esto quiere decir que, por lenta que fuese la austeridad observada en España, fue dos veces más intensa que en el resto del continente.
Más relevante aún, es la aceleración del crecimiento que ha experimentado España en este período de consolidación del gasto. En 2014, por ejemplo, el PIB del país ibérico se expandió un 1,7 %, frente al 1,5 % de la UE-28. En 2015, el diferencial fue aún mayor: 3,5 % en España, 2 % en Europa.
Un año después, la brecha seguía creciendo: 3,2 % en el país ibérico, 1,6 % en el promedio comunitario. Y, el pasado curso 2017, el 3,1 % español se quedó muy por delante del 2,1 % europeo. Para 2018 también se espera un aumento del PIB del 3 % en España que quedaría claramente por delante del 2 % del Viejo Continente.
Por tanto, no solo fue equivocado apostar por disparar el gasto con la esperanza de que eso amainase la crisis, sino que también fue erróneo afirmar que los planes de austeridad serían incompatibles con el crecimiento.
España es un buen ejemplo de ello, puesto que su lenta reducción del peso del Estado sobre el PIB no ha impedido que la economía cobre cada vez más dinamismo, hasta avanzar a un ritmo mucho más veloz que el resto de la Unión Europea.