España sigue de luto tras el brutal atentado en Las Ramblas de Barcelona y el ataque en la localidad de Cambrils, pero la conmoción que han provocado los ataques no debe impedir una necesaria reflexión sobre los errores que han impedido prevenir adecuadamente lo ocurrido.
Uno de los puntos más comentados tiene que ver con la ausencia de barreras físicas preventivas en Las Ramblas. El 14 de julio de 2016, coincidiendo con el Día Nacional de Francia, un yihadista condujo un camión de carga de casi 20 toneladas contra la multitud concentrada en el Paseo de los Ingleses. Aquel episodio no fue un caso aislado: también se han dado ataques similares en otras ciudades galas, así como en Alemania o Reino Unido. Además, grupos de terroristas palestinos perpetró numerosos ataques de este tipo en 2015.
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Ante semejantes precedentes, no pocas capitales europeas han optado por modificar los esquemas de seguridad de sus calles más transitadas, para limitar la capacidad de los vehículos para discurrir por las mismas de forma descontrolada. En última instancia, se trata de instalar todo tipo de barreras preventivas (bolardos, maceteros gigantes, vallas, pivotes…) para minimizar el riesgo de un ataque de este tipo. Estas buenas prácticas fueron sugeridas por la Policía Nacional de España a las autoridades catalanas, que recibieron en diciembre de 2016 una circular remitida también a los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las demás regiones del país. No obstante, ni la policía catalana (los Mossos d’Esquadra) ni el Ayuntamiento de la Ciudad Condal entendieron que fuese conveniente aislar a los transeúntes de Las Ramblas, a pesar de que hablamos de una de las calles más transitadas de Barcelona.
Otro asunto que merece una reflexión es el problema de la “okupación”, es decir, la toma por la fuerza de viviendas o inmuebles, en flagrante violación de la propiedad privada. Se estima que en España hay entre 85.000 y 90.000 viviendas, locales, casas departamentos o fincas en esta situación. A pesar del escándalo social generalizado, alimentado por casos dramáticos que aparecen a diario en los medios, España sigue sin tomarse en serio la necesidad de salvaguardar la propiedad y evitar este tipo de situaciones.
Ahora conocemos que la actvidad de los yihadistas se apoyaba en la permisividad de las autoridades con los “okupas”. Esta tolerancia es especialmente elevada en Barcelona, donde la usurpación de viviendas se ha disparado un 65 % desde que la ciudad está gobernada por Ada Colau, una alcaldesa integrada en las coaliciones de extrema izquierda que encabeza Podemos. La dirigente no solo no ha tomado medidas efectivas contra esta lacra, sino que ha creado el llamado “protocolo 11/17”, que obliga a la policía local a proteger ¡a los propios delincuentes!, para evitar que sean expulsados de sus viviendas por parte de empresas de seguridad especializadas en combatir este tipo de violaciones de la propiedad privada. Cabría esperar que el gobierno de España tome las riendas y apruebe un procedimiento “express” de desahucio, para acabar con estos delitos de usurpación en menos de 24 horas. No en vano, la propia policía catalana reconoce ahora en su investigación de los atentados que los pisos “okupados” son esenciales para dar cobijo y resguardo a los yihadistas.
También han salido a la luz importantes desencuentros en un campo clave: el de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad policial. Según ha trascendido, la Guardia Civil pidió en dos ocasiones acceder a una vivienda que saltó por los aires tras la explosión de quince bombas con las que los terroristas tenían previsto realizar varios atentados. Además, la juez que acudió a inspeccionar los restos de la vivienda advirtió a la policía catalana de que lo ocurrido podría guardar relación con el terrorismo. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra se negaron a permitir las inspecciones de la Guardia Civil y no hicieron caso a las advertencias de la magistrada, insistiendo en interpretar lo ocurrido como un mero accidente.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policía ya han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian “la exclusión” y “el aislamiento” que han sufrido ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado. Una actitud incomprensible, especialmente si tenemos en cuenta la efectividad que han demostrado ambas instancias nacionales a la hora de combatir el terrorismo. No olvidemos que, además de encabezar cientos de operaciones exitosas que han impedido decenas de atentados, ambos cuerpos cuentan con décadas de bagaje en la lucha contra el terrorismo, debido al duro pasado de España con la banda terrorista ETA.
Pero los problemas de coordinación no acaban ahí. Según ha trascendido en los últimos días, la policía belga alertó a los Mossos d’Esquadra sobre la presencia del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, considerado el “cerebro” de los atentados en Barcelona y Cambrils. Además, el imán fue expulsado de España en 2014, por tráfico de drogas, si bien la orden se suspendió cuando un juez optó por otorgarle amparo. A pesar de todas estas informaciones, la actividad de adoctrinamiento y radicalización del imán siguió adelante sin impedimentos.
En el tintero quedan otros asuntos que también merecen una reflexión calmada, pero al menos hemos puesto encima de la mesa algunos de los aspectos más preocupantes sobre la amenaza yihadista que se cierne sobre nosotros.