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Nacido en Arequipa, en 1941, el economista peruano Hernando de Soto es uno de los mayores expertos del mundo en el estudio de la informalidad laboral. Publicaciones de renombre como The Economist, Forbes o TIME le han incluido año tras año en las listas de los intelectuales más influyentes del mundo.
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Tras décadas de estudio, el mensaje principal que nos dejan los trabajos de Hernando de Soto tienen que ver con la importancia de los derechos de propiedad. En su opinión, la exclusión económica de los más pobres tiene mucho que ver con su incapacidad para participar en las instituciones formales del capitalismo. Esto les condena a un mercado de subsistencia, impidiendo que se integren en un mercado de oportunidades.
Pero Hernando de Soto no se ha quedado encerrado en su biblioteca, sino que ha recorrido el mundo para poner en práctica sus ideas y desplegar ambiciosos proyectos que persiguen mejorar el acceso de los pobres a los derechos de propiedad. Esa misma vocación de bajar al terreno explica también su participación en un proyecto de investigación que conocemos como Índice de Derechos de Propiedad (IDP).
El objetivo de dicho documento es medir en qué situación se encuentran los derechos de propiedad en los distintos países del mundo. Cada año, el índice viene recopilado por la Property Rights Alliance, organización que agrupa a decenas de think tanks de todo el mundo. El IDP, impulsado por Hernando de Soto, viene firmado en 2017 por otra prestigiosa economista latinoamericana, la venezolana Sary Levy-Carciente.
Para obtener la nota de cada país, el IDP cubre tres pilares de estudio:
-El primero se refiere al entorno político y legal de cada país. ¿Hay independencia judicial? ¿Reina el imperio de la ley? ¿Podemos considerar que hay estabilidad política? ¿Se frena y limita el alcance de la corrupción? He ahí algunas de las preguntas que intenta responder este primer punto del índice.
– En segundo lugar, nos topamos con una categoría dedicada a la protección de la propiedad física. ¿Qué incidencia tiene el crimen sobre la misma? ¿Hay buenos registros de propiedad? ¿Y es posible acceder al mercado crediticio apoyándose en el reconocimiento de nuestros bienes? Agrupando las respuestas obtenidas en estos distintos puntos, se obtiene la nota de la segunda categoría.
– Por último, el tercer campo que cubre el informe tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. ¿Están protegidos de forma efectiva? ¿Funciona el registro de patentes? ¿Se toman medidas efectivas contra las violaciones del copyright? Una vez se evalúan estas cuestiones llegamos a la clasificación final de este subíndice.
Una vez recopilados los datos, el IDP permite jerarquizar a los distintos países del mundo según su grado de protección de los derechos de propiedad. Para América Latina, este ejercicio arroja grandes diferencias entre las naciones que salen mejor paradas y las que obtienen un peor resultado.
La nota más alta es la que cosecha Chile, con 6,93 puntos sobre un máximo de diez. A cierta distancia aparecen Uruguay y Costa Rica, que completan el podio del índice regional con una nota de 6,41 y 6,06 puntos, respectivamente. No anda lejos Panamá, con una evaluación de 5,80 puntos.
La zona media de la clasificación es para Brasil (5,43), Colombia (5,35), Perú (5,22), México (5,19) y Guatemala (5,08). Por debajo de la barrera de los 5 puntos, aunque no muy lejos de la misma, nos topamos con El Salvador (4,94), Honduras (4,90), República Dominicana (4,82), Ecuador (4,63), Argentina (4,57) y Paraguay (4,48).
El caso de Argentina es digno de mención, por el grave deterioro que venía experimentando y por el cambio a mejor observado durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri. En 2007, el país ocupaba el puesto 50 de la tabla internacional, mientras que en 2016 había caído al número 103 del listado. Aunque la mejora observada tras la salida de Cristina Kirchner no ha sido muy pronunciada, sí supone un cambio de tendencia que invita al optimismo. Para ser precisos, la nota de Argentina ha subido de 4,1 a 4,6 puntos en el primer año de Macri.
Por último, si acudimos a los últimos lugares del índice, nos encontramos con Nicaragua (3,99), Bolivia (3,97) y Venezuela (3,06). Como en tantos otros rankings, el régimen chavista ha condenado a los venezolanos al peor resultado de la región. Si hace diez años el país aparecía en el puesto 65 del índice, hoy queda relegado al 126. Una desastrosa evolución que explica muchos de los males que hoy atraviesa el país.
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