
Hablar de la economía española hace diez años era sinónimo de crisis, desempleo e inestabilidad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el impacto de la Gran Recesión y la ausencia de reformas por parte del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llevaron al país al borde del abismo. La situación fue tan compleja que la eventual quiebra soberana de España se convirtió en el fantasma más temido de Europa, al calor de una crisis de deuda pública que puso a los mercados en alerta.
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Una década después, la situación que atraviesa España es muy distinta. Ya se ha recuperado todo el PIB perdido durante la crisis. La economía ha crecido un 7,8 por ciento entre 2014 y 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2017, BBVA Research espera un crecimiento cercano al 3 por ciento, por encima de lo proyectado a comienzos de año. Además, el Programa de Estabilidad del Gobierno español avanza un crecimiento del 2,5 por ciento en 2018, similar al 2,5 por ciento que se espera para 2019 y 2020.
De manera silenciosa, el sector privado ha hecho los deberes y ha depurado los excesos y las distorsiones acumuladas en los años de la burbuja. De entrada, España ha vivido una revolución exportadora que ha supuesto un cambio estructural para la economía de nuestro país. Frente al déficit cercano al 10 por ciento del PIB que arrojaba el saldo por cuenta corriente en 2008, los niveles que se están registrando hoy apuntan a un superávit que ronda el 2 por ciento del PIB. El peso de las exportaciones de bienes y servicios ha aumentado del 25 al 35 por ciento del PIB.
Familias y empresas han ido corrigiendo el excesivo endeudamiento que habían acumulado durante años. En 2010, la deuda privada era del 215 por ciento del PIB, pero hoy ya ronda el 150 por ciento del PIB y en 2020 se espera que haya quedado reducida al 135 por ciento del PIB. Esto significa que España crece de forma sostenible, evitando incurrir en nuevos excesos de deuda.
En clave laboral, la reforma del mercado de trabajo introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 ha supuesto un punto de inflexión. El paro, que había llegado a superar el 25 por ciento, bajará al 17 por ciento en 2017 y llegará al 12 por ciento en 2020. Atrás quedó la España que destruía miles de empleos diarios. Gracias a la flexibilización del mercado laboral, el sector privado vuelve poco a poco a los niveles de ocupación de antaño. Alrededor del 40 por ciento del empleo generado en los últimos años es indefinido y los sueldos acumulan ya varios años al alza, tras la profunda depresión que supuso la crisis. Entre 2018 y 2020, la ocupación crecerá de 18,5 a 20,5 millones de empleados.
La crisis financiera, desatada por el excesivo peso de la banca pública, ha sido corregida durante el último lustro. El rescate de las cajas de ahorro ha supuesto un golpe al bolsillo de los contribuyentes, estimado en el 6 por ciento del PIB por el Banco de España. Pero el nuevo marco financiero es mucho más competitivo: se ha reducido notablemente el peso de la banca pública y los ratios de solvencia han mejorado significativamente.
Por descontado, sigue habiendo riesgos que amenazan la prosperidad futura. De entrada, la fragmentación parlamentaria complica la adopción de nuevas reformas estructurales. Además, la deriva del Partido Socialista y el auge de Podemos ponen en riesgo la estabilidad institucional. A todo lo anterior hay que sumarle los casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años y que han deteriorado notablemente el clima político y mediático.
No obstante, es innegable que España se ha convertido en un caso de éxito, pasando de ser un foco de inestabilidad económica a liderar las tasas de crecimiento de las grandes economías de Occidente. El esfuerzo del sector privado y el acierto de la reforma laboral han servido para dar el giro a una economía más competitiva y dinámica.