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El imperio de la ley es un componente esencial para la consolidación de la democracia y la economía de mercado. ¿Es posible medir el desempeño de los países en este campo? Uno de los proyectos más avanzados en esta línea es el Rule of Law Index, un informe internacional que mide la calidad del sistema judicial en cientos de países y jurisdicciones.
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El estudio pondera diversos aspectos, como la existencia de límites efectivos al poder del gobierno, el grado de corrupción que se da en las instituciones, la transparencia de las administraciones públicas, la seguridad, la eficiencia de los tribunales… Los resultados asignados en estas categorías se obtienen a partir de indicadores objetivos y también de encuestas repartidas entre expertos legales.
Si nos fijamos solamente en América Latina, podemos comprobar que existen grandes diferencias entre los países de la región. A un lado están los tres países que ofrecen un marco jurídico relativamente estable y seguro: Uruguay, Costa Rica y Chile. En el extremo opuesto se encuentra Venezuela, que no solo se queda a la cola de la región, sino que además ocupa el último puesto de todo el índice global.
El desempeño de toda América Latina resulta decepcionante, con una puntuación media de apenas 50 puntos sobre 100. En clave mundial, una nota así se traduce en un mediocre puesto 70 sobre los casi 115 países analizados por el Rule of Law Index.
Esta situación se aleja mucho del entorno legal en el que se mueven los trabajadores y las empresas de Europa, Estados Unidos y Canadá. Para dicho segmento de países, la nota media es de 74 puntos, más de un 30% por encima de la calificación promedio de América Latina.
No es utópico pensar que América Latina pueda mejorar sus instituciones para acercarse a la nota cosechada por los países europeos y norteamericanos. Al fin y al cabo, Uruguay alcanza 72 puntos en el Rule of Law Index, mientras que Costa Rica y Chile cosechan una nota de 68 sobre 100.
De hecho, si nos fijamos en la nota que logran algunos de los países y territorios de Centroamérica y el Caribe, podemos ver que también en ese caso se logran notas relativamente elevadas. Barbados, Santa Lucía, Granada, Bahamas, Dominica, Jamaica… se anotan puntuaciones que van de los 57 a los 67 puntos, claramente por encima de la media latinoamericana de 50 puntos.
Mirando al futuro, ¿qué países de América Latina tienen más opciones de mejorar su sistema judicial? Si excluimos a Uruguay, Costa Rica y Chile, vemos que Argentina, Brasil, Panamá, Perú y Colombia son los mejor parados en el Rule of Law Index.
Por el contrario, el panorama es más sombrío allí donde la nota se queda por debajo del promedio regional: El Salvador, República Dominicana, México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Bolivia. La mezcla de inseguridad, ineficiencia y corrupción que afecta a muchos de estos países explica su flojo desempeño en el índice, pero también permite entender con claridad qué aspectos hay que mejorar para dar un paso adelante y establecer un Estado de Derecho de más garantías.
