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EnglishEl anuncio de la pérdida de 1.250 empleos llevó al sector productivo costarricense a un nuevo punto de inflexión en lo que a competitividad país se refiere. Y no es para menos, la administración del presidente Solís Rivera recientemente ha enviado muy malas señales al sector privado.
La administración del presidente Solís Rivera recientemente ha enviado muy malas señales al sector privado.
En primer lugar cabe resaltar las declaraciones que dio Solís en una entrevista reciente en Telenoticias. El mandatario señaló tener diferencias con el sector empresarial, puesto que ellos creían en un sistema macroeconómico de «concentración de la riqueza» que no era compatible con el Estado social de derecho y la ruta progresista por la cual él busca encaminar a Costa Rica.
En segundo lugar, el partido oficialista Acción Ciudadana se unió a las agrupaciones progresistas Frente Amplio y Partido Unión Social Cristiana en la presentación de un proyecto de Reforma Procesal Laboral.
Los cambios permitirían huelgas en los servicios públicos esenciales y que una empresa no sindicalizada pueda declararse en huelga con el 15% más uno de sus empleados. Lo curioso es que tanto la Cámara de Exportadores como la Unión de Cámaras Empresariales se oponen a esta propuesta, a pesar de que los impulsores de la ley dijeron contar con el apoyo empresarial.
En tercer lugar es oportuno destacar que el presidente Solís estableció una moratoria para evitar la producción de electricidad a base de desechos sólidos, extendió la moratoria sobre exploración petrolera y sostiene otra sobre la explotación de gas natural (a pesar de que el gas natural costarricense no requiere de fracking, un método de extracción no recomendado por los sectores ambientalistas).
A esto se ha de añadir que el presidente Solís anunció que demorará 18 meses en anunciar su estrategia energética, algo que suscitó el malestar de la diputada Natalia Díaz del Movimiento Libertario, quien señaló que dos meses más es tiempo suficiente para que el Ejecutivo presente su propuesta.
Adicional a los puntos ya establecidos, el Gobierno presentó un presupuesto nacional para el 2015 que es 19% mayor al del 2014. Esto preocupó en dos aspectos: el primero es el descalabro fiscal (ya este año se pronostica un déficit fiscal mayor al 6%), y el segundo es el temor del sector productivo a que el oficialismo implemente impuestos confiscatorios.
El oficialismo está gobernando para algunos sectores en particular; el productivo no parece ser uno que le merezca mayor atención.
Ya hubo una muestra de lo último. El 11 de septiembre se confirmó la intención de la bancada oficialista de elevar al 14% el impuesto de ventas (actualmente 13%), lo cual sugiere que el Gobierno recurrirá a más impuestos para financiar lo que a todas luces es una política de gasto público irresponsable.
Es difícil retratar el miedo que le ha generado este Gobierno recientemente al sector productivo. Se podría sugerir que más que miedo es desesperanza. El aumento de 15% para la educación superior pública en 2015 señala que el oficialismo está gobernando para algunos sectores en particular; el productivo no parece ser uno que le merezca mayor atención.
Parece esclarecerse la incertidumbre electoral de si el primer Gobierno del Partido Acción Ciudadana sería más cercano a la libertad económica o más bien en la línea de los propulsores del «socialismo del siglo XXI».
