EnglishLa semana pasada, los abogados de la Columbia Británica aprobaron una resolución para dejar sin efecto la decisión del Colegio de Abogados de esta provincia de acreditar a una facultad de derecho en la Universidad Trinity Western (TWU), una institución cristiana evangélica en Langley. Este resultado es preocupante para quienes tienen un compromiso con las libertades civiles, y en particular con la libertad de conciencia, de religión y libre asociación.
En el centro de la disputa se encontraba un reglamento de la TWU que requiere que el cuerpo docente, personal administrativo y los estudiantes vivan de acuerdo a los principios bíblicos mediante la abstención voluntaria de “intimidad sexual que viole la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer”. La cuestionada disposición también exige la abstención de relaciones heterosexuales fuera del matrimonio.
Sin embargo, se alega que la norma prohíbe la intimidad entre personas del mismo sexo, aunque en su forma actual no se menciona explícitamente la homosexualidad. No fueron cuestionadas otras secciones del reglamento, como las que requieren un compromiso con “la honestidad, la cortesía, la sinceridad, la generosidad y la integridad”, y las que piden abstenerse de actividades tales como la falta de honradez académica y las borracheras.
Aunque parezca increíble, los abogados que votaron mayoritariamente para rescindir la decisión del Colegio de Abogados, sostienen que no están obligados por una sentencia favorable del Tribunal Supremo de Canadá a TWU hace tan sólo 13 años. Dicha sentencia confirmó la libertad religiosa al permitir a TWU entrenar maestros según sus principios. La Judicatura, electa por los abogados para gobernar el Colegio, había acreditado a TWU en abril, basándose en el respeto por al estado de derecho. Pero quienes se oponen a la acreditación dicen que los tiempos han cambiado.
De los aproximadamente 13.000 abogados practicantes y no practicantes de la provincia, alrededor de un tercio participó en la votación; la resolución para revocar la acreditación a TWU ganó por un margen de 3.210 a 968 votos. No obstante, esta encuesta no es vinculante para la Judicatura, que tomará la decisión final. Sin embargo, si el Colegio de Abogados deroga su decisión tomada en abril de acreditar la facultad de derecho de TWU, se uniría así a otras asociaciones que ya se han pronunciado sobre el caso: El Colegio de Abogados de Alto Canadá en Ontario votó a fines de abril en contra de la acreditación, y el Colegio de Nueva Escocia decidió que sólo concedería la aprobación a TWU si ésta modificase su reglamento, o determinara que la adhesión al mismo fuese optativa para los estudiantes de derecho de la universidad.
Robert Kuhn, presidente de TWU y abogado en ejercicio, defiende el reglamento basándose en la libertad de culto. Cita la decisión de la Corte Suprema de Canadá de 2001 que permitió el mismo documento ahora cuestionado. En aquel caso, el Colegio de Profesores de la Columbia Británica se había opuesto a la acreditación de la Escuela de Profesores de la TWU. La Corte decidió que las libertades de religión, de conciencia y de asociación pueden coexistir con el derecho no ser discriminado por la orientación sexual. No hubo evidencia de que los profesionales graduados de la TWU no trataran a los homosexuales de manera justa y respetuosamente.
Kuhn estuvo acompañado en la reunión por la abogada Lindsay Lyster, presidente de la Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica, quien también se pronunció en contra de la moción para revocar la acreditación a TWU.
La abogada Michael Mulligan, quien inició la petición para el voto de sus colegas, sostiene que el reglamento de TWU discrimina según la orientación sexual, a pesar de que el documento solo habla de abstención voluntaria de los actos sexuales, no de orientación. Según lo informado por Ian Mulgrew en el Vancouver Sun, “Hubo un amplio consenso de que la situación ha cambiado dramáticamente desde inicios del nuevo milenio, pero además los abogados no son profesores ni el colegiado es un tribunal inferior vinculado a la opinión de la judicatura.”
Este consenso se reflejó en el discurso de Mulligan a los abogados, según lo informaron Mulgrew y Tristin Hopper al National Post: “Neguémonos a aprobar lo que hoy sabemos que está mal”. Del mismo modo, según Mulgrew, el abogado de Vancouver Richard Bell habría dicho: “La decisión de la judicatura legitima el reglamento y se ubica en el lado equivocado de la historia”.
El voto de los abogados no augura nada bueno para el futuro de los legítimos derechos y libertades en Canadá, ya que por lo visto estos se pueden perder o derogarse simplemente porque “los tiempos han cambiado”. Esta votación es en esencia un apoyo a la restricción de la libertad de asociación de aquellos que, independientemente de su orientación sexual, desean adherirse a un determinado sistema de creencias y forma de vida, el cual ahora resulta ofensivo para la cambiante opinión pública.
Es difícil ver por qué a alguien podría razonablemente interesarle presentar una queja por el reglamento de TWU. Solo se aplica a la conducta de aquéllos que voluntariamente opten por asistir a esa institución, una entre un abanico de instituciones laicas y estatales de educación superior.
Los opositores de la acreditación, sin embargo, sostienen que hay limitadas plazas disponibles en escuelas de derecho de Canadá, y que la aprobación de esta nueva escuela de TWU limitaría injustamente el acceso a estudiantes abiertamente homosexuales que no podrían acatar el reglamento. Esta línea argumentativa tiene tanto sentido como decir que los compradores de automóviles grandes se verían privados de vehículos si se permite que automóviles compactos entren al mercado. Si sólo un número limitado de automóviles grandes estuvieran a la venta cada año, la adición de algunos coches compactos a la oferta total no limitaría de ninguna forma la compra de un coche mayor. Por el contrario, algunos de los que adquirirían coches grandes podrían decidir comprar autos compactos, dejando así más automóviles grandes disponibles para aquéllos que los prefieran. Y los que deseaban coches compactos por fin tendrían acceso a los objetos de su elección.
Del mismo modo, la adición de plazas en una escuela de derecho cristiana a las ya existentes en otras universidades canadienses no priva a nadie del acceso a una educación legal. Más bien aumenta el acceso para todos, sobre todo para aquellos que prefieren asistir a una institución cristiana, pero que no pueden hacerlo en la actualidad, aunque también para aquellos que prefieren una educación secular, e incluso para los que no podrían en buena conciencia “abstenerse voluntariamente” de los actos prohibidos por el reglamento. Debido a que algunos estudiantes elegirían asistir a la escuela cristiana, habría más espacio en las otras facultades de derecho para aquellos que las prefirieran.
Este problema muy probablemente llegará una vez más a la Corte Suprema de Canadá. En 2001, ese tribunal declaró que la Carta de Derechos y Libertades no se aplica a TWU en tanto es una institución privada, y que los derechos de educación pública religiosa están consagrados en la Constitución de 1867. La constitución canadiense es a menudo caracterizada como un “árbol viviente”, en contraste a una colección de conceptos congelados en el tiempo. Esperemos que la Corte no pode sus ramas y mantenga el espíritu de la constitución.