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El 25 de agosto del 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que el plebiscito para refrendar su acuerdo con las FARC se llevaría a cabo el 2 de octubre del mismo año. Convencido de que su victoria estaba asegurada— entre otras razones porque así lo sugerían las encuestas,— y cegado por el hibris, Santos puso en movimiento una inmensa máquina propagandística que, contando con el apoyo de casi todos los grandes medios de comunicación, los académicos y la comunidad internacional, amenazaba que quien se atreviera a oponerse en las urnas al acuerdo de La Habana estaría votando a favor de la guerra.
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Santos, sin embargo, no tomó en cuenta la habilidad de la sociedad civil colombiana para pensar de manera independiente y resistirse a creer los dictámenes de un escandaloso programa de propaganda estatal, cuyo fin era descalificar cualquier tipo de postura crítica al etiquetarla perezosamente de guerrerista. Tampoco tuvo en cuenta el nuevo poder de las redes sociales ni de los medios independientes y digitales. En el PanAm Post, por ejemplo, nos rehusamos a caer en el falso dilema paz-guerra que pretendían imponer el gobierno y sus aliados en los grandes medios y en la academia. Desde el 29 de junio del 2016, nos referimos al pacto entre el gobierno y la guerrilla como “el acuerdo Santos-FARC”, un término que, en nuestra opinión, reflejaba de una manera mucho más precisa lo que el Gobierno pretendía imponer sobre los colombianos, lo cual claramente no era “la paz estable y duradera” de la pregunta nonne que Santos incluyó a la fuerza en el tarjetón del plebiscito porque, como admitió, se le dio la gana hacerlo.
En agosto y en septiembre, cientos de miles de lectores colombianos se informaron acerca de lo que realmente estaba en juego el 2 de octubre a través del PanAm Post. Determinar si esto tuvo o no alguna influencia sobre el resultado final del plebiscito, en el cual el acuerdo Santos-FARC fue derrotado por menos de 54 mil votos, se encuentra más allá de mis competencias.
Pero el Gobierno Santos tampoco contó con que respetados políticos e intelectuales no asociados a la derecha ni al uribismo se opusieran públicamente a su acuerdo con las FARC. En mi opinión, el más importante entre ellos fue el exalcalde de Bogotá y exministro de Justicia Jaime Castro, quien, junto al respetado politólogo Pedro Medellín, creó un comité ciudadano oficial llamado “Mejor No” para impulsar el rechazo al acuerdo Santos-FARC en las urnas con base en la defensa al Estado de derecho. Hablándole al PanAm Post acerca de su protagonismo en la campaña del No, Castro explicó los serios errores que, en su criterio, cometió el gobierno Santos a la hora de negociar con las FARC en Cuba.
Castro aseguró que el Gobierno se equivocó al negociar no de acuerdo a la realidad de la derrota militar de las FARC, sino como si ellos “estuvieran en la antesala del poder”. Esto permitió que las FARC lograran “la mejor negociación posible” desde su propio punto de vista sin que el Gobierno se diera cuenta de ello. Por otro lado, más de un año después de la firma del acuerdo, este “empieza a deteriorarse” gracias a las disidencias de las FARC y el hecho de que el narcotráfico sigue siendo el principal catalizador de la violencia en Colombia.
Castro también asegura que el destino del acuerdo Santos-FARC se definirá en la elección presidencial del 2018, donde “todo es posible” y, por lo tanto, no se debe descartar la opción de que acceda al poder un presidente que esté dispuesto a hacer serias modificaciones al acuerdo con la guerrilla.
