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En mi intento de entender la realidad acerca de la inmigración venezolana a Colombia, viajo a Bucaramanga por tierra desde Cúcuta, donde es evidente cómo la llegada masiva de venezolanos a la ciudad está afectando el mercado laboral del lado colombiano de la frontera. Como suele ocurrir en cualquier país que de repente recibe un flujo masivo de inmigración— y en este caso una porción significante de dicha inmigración es ilegal,— las primeras industrias en las que fácilmente se pueden emplear los refugiados son las más desdichadas.
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— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 22, 2017
Como escribí en mi último reportaje, venezolanos con antecedentes laborales de todo tipo, incluyendo profesionales, se unen diariamente a las legiones de vendedores informales que ya dominan la economía de Cúcuta. Algunos medios colombianos le han puesto atención particular a la prostitución venezolana en Colombia, inclusive refiriéndose a Cúcuta como “el oasis de las prostitutas venezolanas”. Según un taxista cucuteño, las prostitutas venezolanas están desplazando a las colombianas del mercado que la ley nacional describe como el de “trabajo sexual”, principalmente porque cobran precios considerablemente menores por sus servicios. De hecho, el taxista afirma que no es raro que, en las noches, prostitutas venezolanas se lancen sobre los carros conducidos por hombres, inclusive para ofrecer descuentos de “tres por uno”.
Raramente quien se prostituye lo hace voluntariamente. Como argumenta la escritora británica Julie Bindel en la revista The Spectator, contrario al lugar común de que acudir a la prostitución es una elección de carrera, en la mayoría de los casos se trata de una forma moderna de la esclavitud, los esclavistas siendo traficantes humanos y proxenetas cuyo poder frecuentemente consiste en transportar a las mujeres bajo su dominio lo más lejos posible de su lugar de origen, donde están más aisladas y por lo tanto pueden ser explotadas con mayor facilidad. Son tales traficantes de personas quienes están aprovechando al máximo la necesidad que causa el derrumbe económico venezolano para lucrarse de la prostitución en Colombia. Y, como aprendemos durante nuestro viaje, no es difícil percatarse de ello.
Un episodio en la Ruta 66
Al viajar desde Cúcuta a Bucaramanga, a unos 100 kilómetros de la capital de Santander, debemos esperar una media hora al borde de un precipicio mientras trabajadores completan arreglos en la carretera. Tres mujeres jóvenes, algo robustas y ligeramente vestidas se bajan de su vehículo y se acercan al nuestro, el primero en la fila, para pedirle al conductor que les tome una fotografía con un teléfono móvil. Al oír el acento venezolano de las mujeres, nuestro camarógrafo, quien es caraqueño, se les acerca para preguntarles acerca de su permanencia en Colombia, tal como ha hecho numerosas veces durante nuestro viaje a los Santanderes cuando nos topamos con sus compatriotas. Las mujeres escasamente alcanzan a decirle que también son de Caracas y que viajan a Barrancabermeja, donde las esperan amigas, cuando se aproxima a ellas un camaján en camisa sin mangas, quien empieza a marcar su territorio. Sin decirle nada a nuestro camarógrafo, le hace saber con su mera presencia que su conversación con las muchachas no es bienvenida.
Poco después abren la carretera y nuestro conductor nos comenta que había visto a las tres venezolanas en un restaurante donde habíamos parado aproximadamente una hora y media atrás, y que éstas hacen parte de un grupo de unas seis o siete mujeres que viajan con el sujeto en una camioneta. La hipótesis que surge es que se trata de un proxeneta que transporta a un grupo de prostitutas desde Cúcuta hasta la ciudad petrolera de Barrancabermeja. A través del mundo, los centros petroleros suelen ser también focos de la prostitución. Por otro lado, Blu Radio ha reportado un aumento en “el número de trabajadoras sexuales venezolanas en Barrancabermeja”, aclarando que “la mayoría de estas mujeres no cuentan con pasaporte ni permisos para permanecer en el país”.
Como escribí previamente, la inmigración ilegal de venezolanos a Colombia está facilitando “la trata de personas que dominan esclavistas contemporáneos, un fenómeno sin duda conectado al reciente auge de la prostitución venezolana” en el país. Y el fenómeno no se limita a la prostitución femenina. El impacto de la inmigración ilegal venezolana sobre el mercado laboral en Colombia, sin embargo, va mucho más allá de la prostitución.
Empleos ganados y perdidos
En Bucaramanga, José Antonio Delgado Monroy, decano de Ingeniería Civil de la Universidad de Santander, me comenta que varios de sus estudiantes que trabajaban, por ejemplo, en bares durante las noches para ayudarse a pagar sus estudios han perdido sus empleos a raíz de la nueva competencia venezolana. No infrecuentemente, los dueños de tales establecimientos prefieren contratar a venezolanos por un precio mucho menor al de un salario mínimo colombiano; inclusive les pueden pagar COP $10 mil (USD $ 3.41) por una jornada laboral de 12 horas o más.
Para muchos de los venezolanos refugiados en Colombia, es bienvenida casi cualquier oportunidad que les brinde dinero para sobrevivir o, en el mejor de los casos, enviar remesas a sus familias en Venezuela. Pero desde el punto de vista de los colombianos que están perdiendo sus empleos o viendo sus salarios disminuidos a raíz del éxodo venezolano hacia el país, la situación es distinta. Y ya empiezan a ser comunes las expresiones de resentimiento hacia los venezolanos. Las amenazas laborales que implica la inmigración a gran escala son tal vez el primer catalizador de la xenofobia.
¿Un régimen inepto o simplemente criminal?
Tal como los venezolanos que no pueden salir legalmente de Cúcuta por no tener pasaporte, documento que frecuentemente se rehusa a expedir el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela, a muchos venezolanos se les dificulta conseguir un empleo en Colombia por no contar con las apostillas para títulos extranjeros que exige el sistema educativo y laboral colombiano.
Venezolanos sin pasaportes: una pesadilla burocrática https://t.co/PqP5DHB3uw Por @DanielRaisbeck pic.twitter.com/ZrkIx50cVx
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Según el Decano Delgado Monroy, un número considerable de académicos venezolanos de primer nivel están solicitando trabajo en universidades colombianas como docentes o investigadores, pero ninguna universidad puede contratarlos legalmente sin que sus títulos estén convalidados en Colombia, lo cual requiere presentar los documentos apostillados al Ministerio de Educación. El problema es que apostillar cualquier documento en Venezuela involucra una hazaña burocrática que pocos completan con éxito.
En primer lugar, quien necesite autenticar un título académico en Venezuela debe obtener una cita electrónica en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, la única entidad autorizada para apostillar documentos. El ministerio, sin embargo, frecuentemente inhabilita la opción de citas electrónicas, y nunca es claro cuándo estarán disponibles de nuevo. Por lo tanto es común recurrir a tramitadores o “gestores” que cobran extraoficialmente por obtener apostillas, pero en muchos casos la oferta de tales servicios equivale a una estafa.
La manera más segura de apostillar un título universitario o cualquier otro documento resulta ser a través de contactos en el ministerio o en el Registro Civil, lo cual limita extremadamente las posibilidades de conseguir una apostilla expeditamente para la mayoría de los venezolanos. Como me dice alguien que recientemente logró salir del país, los documentos en Venezuela “hay que apostillarlos cuando al régimen se le dé la gana, y aún así hay que rezar para que el sistema (tecnológico) no se caiga” mientras se completa el trámite. En Twitter, mientras tanto, la cancillería venezolana sí es eficaz para publicar fotografías de “movimientos sociales” en distintos países que apoyan abiertamente a la dictadura de Maduro.
Movimientos sociales de #Ecuador ratificaron su respaldo a #Venezuela https://t.co/ubZDhSzLFF pic.twitter.com/CKYECSAZig
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La parálisis burocrática no sólo afecta a los académicos venezolanos que buscan trabajo en Colombia. En la noche de un jueves visito la Plaza Antonia Santos en el centro de Bucaramanga y me encuentro con un grupo de cuatro venezolanos que venden churros y chicles en las calles de la ciudad; me dicen que, para poder ir a dormir, les hacen falta COP $2.500 para pagar los COP $30.000 que cobra diariamente la residencia donde se alojan.
Uno de ellos es cirujano traumatólogo especialista en tumores óseos, con estudios en España y años de experiencia en su campo. Dice que dejó a un amigo en Venezuela con un poder para apostillar sus documentos y títulos, con lo cual espera poder trabajar en Colombia como médico residente o en una unidad móvil de salud. Sin embargo, declara que
el gobierno (en Venezuela) es un grupo de amistades y colegas, y no nos quieren entregar los títulos. Uno va a apostillar y te dan una cita en cuatro meses. Tú vas a los cuatro meses y te ponen a hacer una cola inmensa… de 150 o 200 personas, y si abren a las 9 de la mañana, ya a las 10 / 11 cierran el registro. Entonces ya perdiste la cita…
Y así te tienen, como dice uno en Venezuela, (es) una “mamadera de gallo” para prolongar el tiempo y no dejarte salir. Por eso un grupo de colegas decidimos venirnos (a Colombia) así, sin papeles.
En otras palabras, el régimen socialista venezolano se encarga de que un cirujano tenga que combatir el hambre en las calles de Bucaramanga mientras espera que algún funcionario de la República Bolivariana tenga la bondad de estampar un sello sobre un pedazo de papel. Y su caso no es aislado.
El traumatólogo me dice que decidió ir a Bucaramanga porque en Cúcuta es más difícil ganarse la vida dada la competencia extrema de venezolanos que llegan de manera masiva diariamente. “Decidimos ir un poco más adelante”, afirma, “y aquí estamos”, en la primera gran ciudad del país al occidente de Cúcuta. Sin embargo, aspira a trabajar como médico en Bogotá.
Mi conclusión: una de las infinitas consecuencias perversas del chavismo ha sido la importación masiva de médicos cubanos a cambio de la exportación de los nacionales, reducidos a la miseria, a los países vecinos.
¿Hermanos bienvenidos?
Al día siguiente, al llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, lo primero que veo sobre la fachada del edificio es una bandera de Venezuela junto a una pancarta que declara: “Bienvenidos hermanos venezolanos a la ciudad de la ética democrática”.
Pronto me entero que tales expresiones de solidaridad filial hacia los inmigrantes venezolanos son recientes— la alcaldía despliega la bandera y el mensaje de bienvenida desde el 9 de agosto,—y que contrastan con posiciones previas de Rodolfo Hernández, el errático alcalde de Bucaramanga.
En mayo, por ejemplo, Hernández afirmó que “se vinieron todos los ‘limosneros’ de Venezuela para acá y la prostitución y los desocupados porque somos lindero de frontera”. Comentario indelicado, sin duda, pero que contiene mucha verdad dentro de su hipérbole. Hernández, por cierto, tiene un nivel de aprobación del 73 %, el tercero más alto entre los alcaldes del país.
Mi visita a la alcaldía coincide con una sesión de información para los venezolanos que han llegado a la ciudad. Amparo Hurtado, la funcionaria que dirige el evento, les explica a unos 30 asistentes las medidas que ha tomado el municipio para facilitar la integración de los venezolanos recién llegados a la ciudad. Los temas son los usuales: educación, salud, trabajo, reglas migratorias.
Hurtado empieza por aclarar que, a través de la página web de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, los colegios públicos abrirán en septiembre los cupos para todo niño venezolano de entre 5 a 17 años de edad. La pregunta es qué significa esto financieramente para la ciudad, y si Bucaramanga está en condiciones para asumir un incremento repentino en el número de estudiantes extranjeros.
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Por otro lado, el SENA, instituto colombiano que brinda educación técnica, ofrece cursos virtuales gratuitos sin restricciones en áreas como inglés o atención al cliente. Hurtado explica que tales cursos pueden capacitar a un inmigrante “para un trabajo real” cuando muchas empresas se rehúsan a contratarlos con el pretexto de que “todos sus estudios son en Venezuela y estamos en Colombia”. Pero los cursos presenciales en carreras técnicas o tecnológicos del SENA están limitados a los venezolanos que cuentan con visas de estudio o de trabajo, o con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), el cual de por sí requiere haber entrado legalmente al país antes del 28 de julio. Entre los asistentes al evento, sin embargo, sólo hay tres que cuentan con el PEP, lo cual tiende a confirmar mi impresión de que la mayoría de venezolanos que han llegado recientemente a Colombia lo han hecho ilegalmente.
En términos de salud, Hurtado informa que el Hospital del Norte en el barrio Kennedy de Bucaramanga atiende a cualquier venezolano que ingrese por urgencias. También tienen acceso a vacunas y a atención para mujeres embarazadas. Pero Hurtado aclara que los hospitales no pueden recibir a un paciente con un dolor de cabeza o con cualquier enfermedad que no cause una emergencia. De nuevo, sólo los venezolanos con el Permiso Especial de Permanencia tienen acceso pleno al sistema de salud colombiano, lo cual afecta también su condición laboral.
Como explica Hurtado, a la alcaldía de Bucaramanga han llegado varios venezolanos que tienen ofertas de trabajo formal pero que enfrentan un obstáculo: bajo la ley colombiana, un empleador no puede contratar legalmente a quien no esté afiliado al sistema de salud, como es el caso de los miles de venezolanos que ya están en Colombia sin PEP o visa de trabajo. De hecho, cuando Hurtado habla de “la tarjeta” necesaria para acceder a los servicios básicos en Colombia, varios venezolanos en el auditorio declaran al unísono: “no la tenemos”.
Quienes no están legalmente en Colombia, elabora Hurtado, ya no tienen acceso al PEP (dado que ya pasó el 28 de julio) y deben solicitar una visa de trabajo y una cédula de extranjería en Migración Colombia. Pero, una vez más, las buenas intenciones de las autoridades colombianas— la Alcaldía de Bucaramanga inclusive asume los costos de asesorías jurídicas y psicológicas de venezolanos y les ofrece acceso a internet en ciertos puntos de la ciudad,— chocan con las trabas burocráticas que erige el mismo Estado.
Una visa de trabajo requiere no sólo una oferta laboral, sino también un “pre-contrato” y otras condiciones especiales que debe cumplir la empresa que contrata a un extranjero. No es un sistema diseñado para facilitar el ingreso masivo y repentino de no-colombianos al mercado laboral del país, tal como el que se está llevando a cabo a raíz de la debacle socialista en Venezuela.
Colombia, como otros países de la región cuyos ciudadanos suelen criticar las reglas migratorias de Estados Unidos, tiene un sistema de inmigración extremadamente cerrado, rígido y poco práctico desde el punto de vista del inmigrante. Hoy, las fallas del sistema están exacerbando las dificultades que ya enfrentan los venezolanos que han huido del chavismo para refugiarse en el país.
Dos de cada tres venezolanos que visitan la alcaldía entraron ilegalmente a Colombia
Más tarde en el día hablo con Natalia Durán, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga. Ella declara que, según sus cifras de los cuatro días previos, aproximadamente el 17 % de los venezolanos que están acudiendo al punto de atención de la alcaldía tienen el Permiso Especial de Permanencia, mientras que otro 17 % son colombo-venezolanos que tienen acceso a salud, educación y trabajo formal gracias a su ciudadanía colombiana. El 66 % restante, sin embargo, son venezolanos sin permiso de permanencia y sin los documentos necesarios para obtenerlo.
Según Durán, la mayoría de personas que conforman esta “población informal” ingresaron de manera irregular al país, no por un puesto de control autorizado. Por lo tanto es común que no cuenten con un pasaporte. Pese a estar físicamente en Bucaramanga, tales inmigrantes informales aún están legalmente en Venezuela, razón por la cual las autoridades bumanguesas pueden hacer muy poco para darles acceso legítimo al trabajo y / o a los servicios básicos.
A la Alcaldía de Bucaramanga también llegan venezolanos que cruzaron la frontera legalmente en Norte de Santander y, por medio de su cédula, obtuvieron la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, la cual les permite permanecer y trabajar en la zona metropolitana de Cúcuta. Más allá de Cúcuta, sin embargo, la Tarjeta de Movilidad Fronteriza no es válida. Como les explica Durán, “Bucaramanga ya no es frontera”, y su permanencia en la ciudad no es legal. No obstante, como lo puso el Alcalde Hernández en su polémica frase, Bucaramanga sí es “lindero de frontera”. Y las cifras sugieren que la grave situación fronteriza ya se ha vuelto propia de Santander y de su capital.
Durán afirma que, según el DANE, el número de venezolanos en Bucaramanga se duplicará antes de que termine este año. Si, como argumenta Hernando Gómez Buendía, “Venezuela no tiene más futuro que una guerra civil o convertirse en una segunda Cuba” (excepto que con una frontera de 2.219 kilómetros con Colombia), los números de refugiados venezolanos en las ciudades del país incrementarán muchísimo más de lo previsto.
Otro reto que enfrenta la alcaldía según Durán es la percepción entre un número creciente de bumangueses de que, por atender a los venezolanos, las autoridades están dejando de atender a los colombianos. Durán dice que, por causa de la inmigración venezolana, es palpable el miedo de muchas personas de la comunidad a perder el trabajo, a que se congestione aún más el sistema de salud y a que se acaben los cupos para los niños en los colegios. Aclara que, aunque ha notado un leve surgir de “sentimientos de xenofobia”, la alcaldía no está descuidando su deber hacia los colombianos y que Bucaramanga experimenta dificultades “como en cualquier proceso migratorio en el mundo”.
La principal dificultad, sin embargo, es que, tradicionalmente, Colombia ha sido un país exportador de emigrantes; la súbita recepción de inmigrantes en grandes números que hoy se da en el país es una novedad histórica absoluta. La gran pregunta que surge es si, en el futuro, la actitud general hacia los venezolanos en Colombia será más similar a la de los ciudadanos que les donan comida a los refugiados en las plazas y parques de Cúcuta, o a la del hasta hace poco Vicepresidente Germán Vargas Lleras cuando afirmó que las casas supuestamente gratuitas que entregaba su gobierno “no (son) para venecos”. Cuando la política está en juego, la línea que separa la hospitalidad de la hostilidad puede ser extremadamente delgada.
Lo que vi en Cúcuta al preparar este reportaje: https://t.co/6WWa9Zaopm Donación de comida a venezolanos causa estampida, fila por hambre. pic.twitter.com/Aiegh1zwL4
— Daniel Raisbeck (@DanielRaisbeck) August 22, 2017
Se ha desatado una crisis humanitaria y los gobiernos regionales deben actuar
Vista la situación desde Bucaramanga, es evidente que las autoridades locales están haciendo lo posible por enfrentar la llegada masiva de venezolanos de la manera más eficaz y más humana posible. Frecuentemente, sin embargo, sus esfuerzos se ven frustrados por políticas nacionales como la exigencia de documentos que simplemente no están al alcance de quienes escapan de un país literalmente arruinado. Aunque funcionarios locales como Durán le están haciendo saber al gobierno nacional que debe agilizar trámites y tomar medidas excepcionales— porque la situación es excepcional,— el estado natural del aparato de gobierno colombiano es el letargo. Pero, tarde o temprano, será necesario que la burocracia colombiana despierte ante el derrumbe económico y moral que aflige a Venezuela.
Por razones humanitarias, el gobierno de Colombia y los demás países de la región deben tomar medidas urgentes para permitir el tránsito de venezolanos sin pasaporte, verificar títulos académicos y otros documentos emitidos en Venezuela y, en general, facilitar la asimilación plena de los refugiados a la vida cotidiana sin contar con la participación del régimen chavista, cuya incompetencia desciende al nivel de lo criminal.
