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EnglishImaginen que no puedan conversar abiertamente con sus amigos sobre política. Que tengan que cuidar lo que dicen sobre el Gobierno o con quiénes son vistos hasta en el portón de sus casas. No se trata de ninguna novela distópica, sino de una realidad para quienes vivieron en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El régimen político-militar desarrolló una compleja red de informantes, los pyragüe, que delataban indicios de disenso incluso entre sus propios vecinos. Eran tantos estos soplones al servicio del Gobierno con poder de pedir arrestos, que se convirtieron en un efectiva institución de control social. Los paraguayos desarrollaron un miedo a hablar libremente. Cundía la autocensura.
Tal vez haya sido este recuerdo tan presente en los paraguayos, más que cualquier argumento jurídico, lo que logró el rechazo de un polémico proyecto de ley de vigilancia masiva digital este jueves en la Cámara de Diputados. Ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores y de no haberse tratado hoy, se hubiera aprobado por sanción ficta.
Se pretendía obligar a los proveedores de internet a conservar por 12 meses los metadatos de millones de usuarios en el país con el supuesto fin de combatir a terroristas y pederastas, los eternos «cucos» de la sociedad contemporánea.
Es decir, el Gobierno paraguayo buscaba espiar indiscriminadamente con quién se comunica cada uno desde la computadora o el teléfono móvil, en qué momento, por cuánto tiempo y desde dónde.
La organización visionaria que asumió la tarea de luchar contra esta invasión masiva de la privacidad, Tedic, no pudo haber escogido un nombre mejor para la campaña: pyrawebs.
Con charlas, talleres, memes, manifestaciones, presencia en los medios y hasta una fiesta, lograron convencer a una masa crítica sobre los peligros de permitir que el Estado, pisoteando la presunción de inocencia, recolecte datos de tu vida online, «por si acaso se comete un delito».
Otros activistas, abogados, periodistas, informáticos y organizaciones internacionales, como la Electronic Frontier Foundation, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unieron a la lucha, recalcando que la retención obligatoria de datos contradice los artículos 33 y 36 de la Constitución del Paraguay que garantizan el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la comunicación privada.
El proyecto de ley, además, viola los principios de proporcionalidad y debido proceso, al infringir la privacidad de los casi 7 millones de habitantes sin necesidad de que exista una investigación por comisión de hecho punible.
Al ser un tema técnico, hubo que despejar varios mitos en torno a la ley. De hecho, los proveedores de internet en Paraguay ya recolectan algunos metadatos, por lo que esta ley más invasiva es innecesaria. La reciente Ley 4.868 de Comercio Electrónico los obliga a guardar los datos de conexión y tráfico por 6 meses, si bien para fines comerciales.
La incertidumbre reinaba este jueves, pues el tratamiento en el pleno de la Cámara se había postergado en la sesión de la semana pasada. El proyecto ya contaba con media sanción de Senadores, y si por algún motivo no se trataba el proyecto hoy, quedaría aprobado por sanción ficta, algo para nada inusual.
Sin embargo, el intenso lobby realizado días anteriores y la presión ciudadana en las redes sociales se hizo sentir. Luego de dos horas de intenso debate, donde algunos legisladores cambiaron de postura y otros de sectores progresistas reclamaron varias falencias del proyecto, decidieron unánimemente rechazar la norma invasiva.
https://twitter.com/OLGAdiputada/status/576073538081263616
Retorna así pyrawebs a su cámara de origen, la de senadores, donde dentro de 120 días necesitará una mayoría de dos tercios para lograr su aprobación en el Legislativo. Solo se convertirá en ley si además el presidente Horacio Cartes no la veta.
Comienza el segundo round, pues aún si la libertad sale victoriosa, no será la última pelea. A pesar de la unanimidad del rechazo, varios legisladores solicitaron la redacción de una nueva ley de recolección obligatoria de datos pero con mayores restricciones y salvaguardas. La necesidad de vigilar a los que nos vigilan no terminará demasiado pronto.
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