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Desde hace varias semanas se registran interminables lluvias en la región sudamericana que desembocan en los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.
La elevación inusual del nivel de estos cauces hídricos ya desplazó a más de 300.000 personas de Formosa y Chaco en Argentina, Río Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil, y casi todos los departamentos del oeste paraguayo que lindan con el Río Paraguay.
La situación más problemática se dio en Asunción, capital del país mediterráneo, donde el nivel del río Paraguay ayer alcanzó 7,15 metros en la bahía.
La inundación más severa desde 1983 afectó con mayor intensidad a los “bañados” de la ciudad, barrios populares ribereños de terrenos inundables ocupados que desde hace décadas que reciben miles de emigrantes del campo.
Unas 16.000 familias damnificadas tuvieron que ser reubicadas en algún punto de la capital, ya sea en albergues o en terrenos públicos de los diversos barrios de Gran Asunción, traslado que que ha ocasionado no pocos inconvenientes para los nuevos vecinos.
Los bañados sur y norte de Asunción han sido históricamente un caudal electoral que los partidos tradicionales intentan capturar en cada elección: políticos que ofrecen otorgarles títulos de propiedad, terrenos o indemnizaciones, eternas promesas que convenientemente nunca se materializan.
El partido de gobierno, Asociación Nacional Republicana (ANR), agrarista y conservador, acudió con mayor rapidez que la crecida del río a desarrollar una típica campaña de asistencialismo proselitista.
Las ayudas estatales se están canalizando tanto a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) como a través de las seccionales coloradas, bastiones políticos de la ANR que se instalaron en cada barrio del país durante la dictadura (1954-1989).
Lo lamentable, aparte de las familias afectadas en este invierno, es que la situación tiene toda probabilidad de repetirse cuando en verano el nivel del río Paraguay vuelva a subir.
Los proyectos a largo plazo de reubicación y construcción de una franja costera duermen en los cajones de autoridades para las que resulta políticamente más rentable ofrecer “soluciones” de emergencia ad hoc.
