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Mucho de lo que un estudiante da por sentado en la mayoría de los países latinoamericanos no existe en Cuba. Por ejemplo, la presunción de privacidad cuando uno envía correos electrónicos personales a amigos y que los temas de conversación no serán objeto de represalias por la universidad, y menos por el gobierno. En pocos contextos un universitario en América Latina puede imaginar que será expulsado de su casa de estudios por comentarios y bromas hechas en privado, por más fuertes que sean.
Sin embargo esto es lo que le sucedió a José Alberto Meniet Hernández, ahora exestudiante de quinto año de Derecho de la Universidad de Granma (UDG).
En una entrevista con el movimiento Unión Patriótica de Cuba, José Alberto relata que el propio ministro de Educación ratificó su expulsión por correos que envió a un amigo en Suecia a través de la cuenta de un profesor (ya que las cuentas de correo de los estudiantes de la UDG no tienen salida al exterior).
El estudiante de 24 años contaba en ellos «el insondable precarismo en el que vive gran parte de los habitantes de este país, la escasísima calidad de la educación en Cuba y particularmente de mi carrera en la UDG». Pero nada justifica lo que vino después, el bochornoso informe emitido por la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas (OSRI) en octubre del año pasado.
Mediante el filtraje de palabras claves se pudo apreciar que la mensajería cursada por esta cuenta versaba sobre actos, conductas y posiciones ideológicas contrarias a los valores de un estudiante universitario y de un joven cubano formado por el sistema nacional de educación. Se determinó en los correos el empleo de frases agresivas a la institución, al sistema socio-económico instaurado en la sociedad; así como transgresiones a las normas de convivencia social y jurídica”.
Una broma hecha a su amigo sobre una película donde exploradores cruzaron el Pacífico con balsas alarmó a las paranoicas autoridades, quienes creyeron que se trataba de un plan de fuga de la isla. El 5 de diciembre le notificaron que debía dejar la facultad, perdiendo todos los años de estudio, por «cometer un acto manifiestamente contrario al proceso revolucionario y no poseer el prestigio y la moral necesaria para permanecer en la educación superior».
La entrevista no tiene desperdicio, y es una mirada de sólo una de las distintas maneras en que el intolerante régimen castrista sigue oprimiendo a los habitantes de la isla. La confesión de que el país cuenta con un sistema de espionaje a sus propios estudiantes debe indignar a cualquier gremio juvenil y hacer reflexionar sobre el sistema educativo que muchas veces es acríticamente elogiado.
