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Se ha sabido, desde años atrás, que la creación del Transurbano de la ciudad de Guatemala era un negocio dudoso, por decir lo menos.
La cantidad y la calidad de los vehículos que se trajeron al país no concordaba con la suma de dinero que el gobierno había invertido y el servicio, sobre todo en cuanto al sistema de pago automatizado que se creó, presentaba serias deficiencias.
La opinión pública señalaba al presidente y a algunos de sus ministros como responsables de serias irregularidades, en un caso de corrupción que había quedado, después de ocho años, prácticamente en el olvido.
Pero de pronto La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (fiscalía) decidieron actuar y han procesado al expresidente Colom y a varios de sus ministros, que se encuentran ya detenidos a la espera del proceso.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué después de tantos años se revive un caso que nunca había llegado a los tribunales, aunque era bien sabido que existían serias irregularidades en las contrataciones realizadas?
La respuesta, a mi entender, y al de muchos otros analistas independientes, se halla en el politizado comportamiento de la CICIG. Esta comisión internacional, creada por las Naciones Unidas a petición de algunos políticos locales para combatir la impunidad, ha mostrado de modo reiterado que sus acciones se someten a intereses políticos y no tienen la ecuanimidad ni el equilibrio que se podría desear.
Han habido muchos casos de corrupción en Guatemala, sin duda alguna, pero la CICIG ha perseguido a algunos y pasado por alto otros, mostrando un sesgo ideológico que molesta realmente a una gran parte de la ciudadanía.
Su actual Comisionado, el colombiano Iván Velásquez, ha hecho de los procesos iniciados un verdadero show mediático, con conferencias de prensa en la que se han lanzado acusaciones que, por lo general, no están sustentadas en pruebas firmes y bien documentadas.
Están presos, además del mencionado Colom, otro expresidente –el general Otto Pérez Molina- su vicepresidente, altos funcionarios del Estado y varios empresarios. Son más de 100.
A todos se los mantiene en prisión preventiva, en muchos casos durante años, pero los juicios avanzan muy lentamente, no se aportan pruebas contundentes y los casos terminan empantanados sin que se respete a veces la indispensable presunción de inocencia que debe existir en todo proceso justo.
Muy grave fue el caso de los procesados por la operación “Pavo Real”, un intento de limpiar las cárceles de las mafias que se habían enquistado en ellas: se acusó al ministro del interior de la época y a varios altos funcionarios; todos fueron detenidos durante años pero, finalmente, tribunales nacionales y de España, Suiza y Austria han tenido que declarar la inocencia de los acusados, casi todos libres ya.
Hasta ahora la CICIG había mostrado una inclinación política muy evidente: buscar casos de gran resonancia para hacerse notar ante la opinión pública pero no tocar para nada a las figuras de izquierda que también estaban involucradas en conocidos casos de corrupción.
Algo ha cambiado ahora y, no casualmente, el cambio coincide con la presencia de un nuevo embajador estadounidense en estas tierras. El anterior, que se había inmiscuido sin recato en la política local, seguía la línea del expresidente Obama y había favorecido, en más de una ocasión, la ruptura del orden constitucional vigente.
El actual se muestra mucho más prudente y reservado —como debe ser un embajador— pero es muy probable que haya señalado ante el comisionado de la CICIG la incongruencia de sus actuaciones, que en nada favorecen a la justicia.
No en vano los Estados Unidos son los principales financistas de esa extraña entidad, única en el mundo, que parece ser más un instrumento político que una institución destinada a promover la justicia y combatir la impunidad.
No estoy ni a favor ni en contra de Otto Pérez ni de Álvaro Colom, no es mi intención defender, con estas líneas, a corruptos de izquierda o de derecha.
Pienso que la justicia debe ser igual para todos y, lo más importante, que no debe ser usada como instrumento político para promover una orientación determinada. Por eso creo que la creación de la CICIG ha sido un monumental error, tal vez generado por la ingenuidad de algunos.
Una comisión internacional de este tipo nunca puede estar más allá de las presiones locales o internacionales. Poco bien hace a Guatemala que se desarrolle una cacería de brujas con la excusa de la corrupción.
Es necesario combatirla, y me parece muy bien que se revisen viejos casos, como el del Transurbano, pero la CICIG y la ciudadanía deben entender que es preciso actuar solo sobre bases firmes, con pruebas sólidas y sino beneficiar a unos para perjudicar a otros.
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