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La fiscal Thelma Aldana y la CICIG –una comisión internacional que actúa en el país para evitar la impunidad– han enjuiciado penalmente al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales. Los han enviado a la cárcel por un delito que ayudaron a cometer contra una dependencia del Estado en 2013, aunque por una cifra en sí bastante pequeña, apenas unos once mil dólares. No ha quedado claro, todavía, hasta qué punto ambos –y otros colaboradores– se han beneficiado por ese acto de corrupción. La reacción del presidente ante este impactante hecho ha sido muy correcta y mesurada pues, aunque ha defendido a sus parientes, ha recalcado ante todo la independencia que debe tener la justicia en todas sus actuaciones.
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Las reacciones del público han sido encontradas, aunque prevalecen el asombro y cierta inquietud. Por una parte se aceptan las declaraciones de la fiscal en el sentido de que nadie está ni puede estar por encima de la ley; los delitos, cualquiera sea su naturaleza, deben ser investigados y llevados ante los tribunales, sin distinción alguna ni odiosos privilegios. Pero llama la atención que se haya procedido de este modo, por la poca monta del caso señalado y por la cercanía familiar de los procesados con el presidente.
Por eso surge la inquietud, muy legítima lo creemos, de si no se ha actuado de este modo para crear una atmósfera política adversa a Jimmy Morales, un mandatario que tiene apenas un año en el cargo y que hasta ahora ha procedido con limpieza en el manejo de los fondos públicos.
¿Qué se busca al acusar a los parientes del presidente por un asunto de importancia menor, mientras no se actúa frente a otros conocidos casos de corrupción que han empañado a las administraciones anteriores? ¿No sé tratará, como podría pensarse, de crear un impacto mediático que lleve al país a una nueva crisis política, como la del año 2015, que culminó con el anterior presidente en la cárcel?
Esta preocupación se acrecienta si se recuerda que, en el año mencionado, varios grupos y personas, apoyados por los Estados Unidos y secundados probablemente por la CICIG y el Ministerio Público –el que dirige Thelma Aldana como fiscal general– se inclinaron por dar a la crisis que se vivía una salida contraria a la Constitución.
En efecto, hacia mediados de 2015, ante las acusaciones de corrupción que recaían sobre el presidente, la vicepresidente y varios ministros del gabinete, se propuso suspender las elecciones y crear un «gobierno de transición» que se encargaría de llamar a una Asamblea Constituyente. La propuesta no prosperó, como sabemos, y los electores concurrieron masivamente a las mesas de votación. Resultó ganador el presidente actual, Jimmy Morales, ante el disgusto de quienes habían esperado la oportunidad de hacerse del mando por encima del ordenamiento legal vigente.
El hecho de que ahora la CICIG aparezca involucrada en este juicio suscita, por lo tanto, no pocas suspicacias. Es verdad que es preciso acabar con la extendida corrupción que, lo sabemos, existe en el país. Pero quizás, se piensa, hubiese sido más lógico enfilar las acciones contra otros casos de mayor relevancia y no proceder de este modo, dando tanta importancia a un asunto relativamente menor y de tanto impacto político.
De todas maneras la ciudadanía, tan activa por lo general, sigue atenta a lo que podrá suceder. No se trata de defender a ciertas personas en particular ni de alinearse ciegamente a favor del presidente, por supuesto, sino de impedir que, con el pretexto de hacer justicia, se estén llevando a cabo tortuosos planes políticos que en nada beneficiarían a Guatemala y provocarían, sin duda, una lamentable inestabilidad.
