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EnglishLas acusaciones sobre un caso de corrupción en las aduanas guatemaltecas han llegado ya hasta la cúspide de la organización que manejaba a su antojo el movimiento de las importaciones: Otto Pérez Molina, presidente del país, ha sido acusado de ser el jefe de la estructura y está en marcha un pedido formal para que se le retire la inmunidad de que goza por su cargo y pueda ser enjuiciado. Quien fuera vicepresidente, Roxana Baldetti, renunció a su mandato hace pocos meses y está ya en los tribunales sometida a proceso por ese mismo asunto.
La indignación crece en el país y son muchas —y muy importantes— las voces que reclaman la renuncia de Otto Pérez. Él, sin embargo, ha manifestado que permanecerá en su cargo, cuyo período culmina el 14 de enero próximo. Pero no es este, a mi juicio, el punto central del debate actual.
Guatemala está conmocionada: mientras la opinión pública rechaza con fuerza la existencia de una generalizada corrupción —que no abarca solo las aduanas, por supuesto, sino casi todas las dependencias del Estado—, los partidos políticos se preparan para las ya inminentes elecciones generales de septiembre próximo. Existe un clima de incertidumbre en el que aumentan las esperanzas de que pueda renovarse por completo el sistema político nacional, pero también se acentúan los temores sobre lo que puede deparar el futuro inmediato.
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La principal causa de ansiedad reside en que varios sectores proponen suspender las elecciones, nombrar un gobierno provisional y proceder a dictar nuevas leyes o cambiar la Constitución convocando a una Asamblea Constituyente.
Quienes apoyan este tipo de salida son sectores muy diversos, aunque de ningún modo mayoritarios: entre ellos están candidatos sin ninguna opción de alcanzar una buena votación el 6 de septiembre, personas que quieren partir desde cero para crear una nueva institucionalidad y, como siempre, los rezagados de una izquierda que en su momento fue guerrillera y que hoy busca el poder absoluto por cualquier medio.
Esta izquierda, como en otras partes de América Latina, está tratando de crear un clima de inestabilidad y de confrontación para reclamar, entonces, un Gobierno de notables que resulte favorable a sus intereses. Ellos se unen, como decíamos, a las personas que piensan que no existen condiciones para realizar las elecciones, que hay que cambiar antes el sistema y que confían —de un modo que creemos ingenuo y peligroso—, en una transición que llevaría a un auténtico estado de Derecho.
Estas posiciones, con razón, suscitan el temor de un amplio sector de la población: suspender las elecciones pocos días antes de su realización sería una medida obviamente anticonstitucional y muy poco democrática, que abriría las puertas, sin duda alguna, a los grupos de presión que exigirían la formación de un Gobierno provisional. ¿Quién elegiría a estas personas que, dadas las circunstancias, podrían ejercer un Gobierno de hecho dictatorial?
Un sistema político no se transforma de la noche a la mañana y menos en Guatemala, donde el aparato gubernamental del país se encuentra a la deriva
¿Quién podría controlarlos, una vez roto el hilo constitucional? ¿Es que acaso se puede fortalecer la institucionalidad de un país cuando se la quiebra abiertamente?
Todas las encuestas, las confiables y las que están obviamente sesgadas a favor de algún candidato, muestran que una sólida mayoría de la población desea expresarse mediante el voto, que quiere elegir por sí misma y no dejarse arrebatar su derecho a decidir los destinos del país.
Y si bien es cierto que hay varios candidatos sobre los cuales recae la sombra de la corrupción y de la demagogia, es verdad también que varios otros ofrecen esperanzas de hacer un Gobierno más limpio y más honesto, más constructivo, que colabore con el cambio que la gran mayoría de los guatemaltecos desean.
Un sistema político no se transforma de la noche a la mañana y menos en Guatemala, donde es compleja la estructura de los poderes públicos y el aparato gubernamental del país se encuentra hoy casi a la deriva. Pero es la ciudadanía, ya alerta y dispuesta a encarar el flagelo de la corrupción, la que debe definir el rumbo del país, no un grupo de supuestos notables.
Su voto consciente puede cristalizar el amplio movimiento que hoy existe y, con su constante vigilancia, hacer que se adopte un nuevo rumbo en la gestión pública, más honesto y más constructivo. En este acto electoral, por eso, se concentran las esperanzas de la necesaria renovación de Guatemala.
En pocos días sabremos si el electorado decide con madurez, derrota a los populistas que nada nuevo ofrecen y permite avanzar por el camino de la reforma de las instituciones que tanto se necesita.
