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El pasado 1 de mayo Gustavo Petro tuvo una muy desafortunada y lamentable alocución, la más violenta que haya pronunciado durante su mandato. A la vez, se apoderó de una fecha que por supuesto no le pertenece: el Día Internacional del Trabajo, jornada histórica de los trabajadores, conquista de las luchas obreras. No era el momento para, desde una tarima, hacer una exhibición de su inconmensurable ego, ni tampoco, menos aún, para presionar y amenazar a las instituciones democráticas. ¿Será, por ventura, que considera que así se consolida la unión?
Convirtió lo que debía ser una marcha por los derechos laborales en un acto de intimidación institucional. Desde la tribuna, lanzó un ultimátum al Congreso: si no aprueba sus reformas, convocará una consulta popular. Y si no hay consulta, “el pueblo sabrá qué hacer”. Esa frase no es política: es una clara amenaza. Y como tal, podría incluso tipificarse como un delito contra el orden constitucional. La ley colombiana no permite al presidente chantajear al Congreso ni condicionar su acción mediante movilizaciones que rozan la coacción popular.
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Pero el ilegítimo Petro fue aún más lejos. En un acto teatral, reproduciendo lo hecho en el pasado por Hugo Chávez –lo que evidencia premeditación–, desenvainó una espada plana que, según se afirma, perteneció a Bolívar, y agitó el metal con furia, como quien declara la guerra. No se trató de una anécdota folclórica ni de una imagen inofensiva: fue un gesto de confrontación, una puesta en escena de poder que evoca más al déspota latinoamericano que al jefe de Estado moderno. Como si, incapaz de convencer con argumentos, eligiera la espada como emblema. Bien reza el dicho de los mayores “el que es no deja de ser y guarda para la vejez”.
El video que ha circulado ampliamente –y que motiva esta columna– expresa con claridad lo que muchos colombianos sentimos: un rechazo absoluto al lenguaje de la amenaza y a la instrumentalización de símbolos populares con fines personales. El Congreso de la República de Colombia representa a una de las ramas del poder público que es y debe ser independiente y merece todo respeto.
Y los desacuerdos no pueden resolverse desenvainando herrumbrosas espadas ni agitando a la masa a la espera de su obediencia.
Bolívar comandó al Ejército Patriota en busca de la libertad y siempre honró a sus soldados. En su discurso ante la Asamblea de Caracas, el 2 de enero de 1814, expresó:
“Yo no os he dado la libertad. Vosotros la debéis a mis compañeros de armas. Contemplad sus nobles heridas, que aún vierten sangre; y llamad a vuestra memoria los que han perecido en los combates. Yo he tenido la gloria de dirigir su virtud militar”.
La espada honra los ideales de libertad e independencia del Libertador, quien manifestó:
“No envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria no esté completamente asegurada”.
Lejos, muy lejos, se encuentra Gustavo Petro de esos paradigmas. Demoledor de nuestras Fuerzas Militares, agresor consuetudinario del Congreso, despilfarrador de la hacienda nacional y promotor de un Estado sometido a los grupos ilegales. Entonces, el mandatario carece de toda autoridad moral para referirse a un símbolo que representa todo lo contrario a lo que ha sido su gobierno.
Este personaje, en mala hora elegido presidente y quien carga con muy serios cuestionamientos, está asumiendo una postura de emperador, más bien ridícula, y pretende pasar a la de dictador. Olvida que su deber es respetar la institucionalidad, no manipularla. Su rol es gobernar dentro de los límites de la Constitución, no presionar mediante insinuaciones de desobediencia civil o desestabilización.
Además, Petro exhibió una bandera de colores rojo y negro, cuya carga simbólica histórica y política es profunda. Esa bandera está tradicionalmente asociada al anarcosindicalismo –una corriente del anarquismo que promueve la organización obrera autónoma y la acción directa como medios de transformación social– y, en general, al movimiento obrero radical.
Para estos movimientos, el rojo representa la lucha de la clase trabajadora, el socialismo y la sangre derramada en las luchas sindicales; mientras que el negro simboliza el anarquismo, la negación del orden establecido y la lucha contra el Estado y el capitalismo como estructuras opresoras.
Las reivindicaciones que Gustavo Petro enarbola suelen estar teñidas de arengas sobre justicia social y luchas populares. Al mostrar esta bandera, manipula emocional y políticamente a los sectores más combativos del movimiento obrero. Es, sin duda, un intento de desmarcarse de la institucionalidad democrática. Por esa vía, no sería extraño que intente utilizar “asambleas populares” como plataforma para impulsar una constituyente, si el Congreso, en ejercicio legítimo de su función, no le aprueba sus reformas sociales.
Las fuerzas vivas de la Nación deben expresar el más contundente rechazo a la amenaza presidencial y acatar el llamado que hizo Bolívar:
“Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la Patria”.
