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Los debates presidenciales estructuran un espacio democrático para dar a conocer a los electores, entre otras, las características generales de personalidad de los candidatos, su estilo de liderazgo, su posicionamiento en materia de políticas públicas y particularmente las diferencias en las ideas políticas de los participantes para proveer información al ciudadano y obtener su voto.
En verdad ese marco ni por asomo se evidenció en el debate realizado este martes en el Club El Nogal en Bogotá, más pareció un reality show de egos y peleas entre algunos de ellos, con olvido de las propuestas que debían formular y de la seriedad que reclama un encuentro de esa calidad.
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Como la mayoría de confrontaciones que se presenciaron en esa presentación lo fueron con Gustavo Petro, viene al caso advertir a los votantes que contrario a lo que este candidato expone no representa ni es el cambio, situación que de no ser por la frágil memoria que en estas lides acompaña a los electores no sería necesario recordarla, bastaría memorar su paso por la Alcaldía de Bogotá. Pero hay más.
Si bien sus antecedentes como militante del subversivo M19 podrían superarse, no debe ocurrir otro tanto con la condena proferida por el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar a 18 meses de arresto por el delito de porte ilegal de armas, la que extrañamente el condenado y sus abogados consiguieron cambiar para convertir un delito en una simple contravención, empleando para ello diversos malabarismos jurídicos, lo que de suyo es una afrenta al orden jurídico que rige a los colombianos.
Así fue como Gustavo Petro pudo inscribirse como candidato presidencial en el año 2010, pues pese a que a él no se le concedió indulto, el Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta el delito de porte de armas que le inhabilitaba para aspirar. También se demandó la pérdida de investidura del senador Petro, la que no fue decretada, entre otras razones, por la desaparición de la sentencia condenatoria y, a través de esas argucias, sigue en su carrera política desconociendo lo dispuesto en el artículo 197 en concordancia con el 179 de la Constitución Política que consagran como causal de inhabilidad para ser elegido como presidente a “Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.
Quizás, esas decisiones obedecen al “derrumbamiento” de la justicia, que sin discusión se originó en la toma que el M19 realizó del Palacio de la Justicia, momento a partir del cual el deber de administrar justicia cambio su rumbo. Petro ha sostenido que no lo pueden vincular en la participación de esos hechos porque él se encontraba en prisión pagando una condena de 20 meses por el porte ilegal de armas, entonces, ¿cuál es la verdad? El elector objetivamente decidirá.
Posteriormente, como hecho cierto y público aparece el sonado caso de las bolsas de dinero, investigación penal que la Corte Suprema de Justicia archivó con fundamento en la figura de la prescripción, al considerar que tal no había ocurrido para la campaña de 2018. El CNE terminó la actuación administrativa que se le siguiera a Petro por la financiación de la campaña declarando, en la resolución No. 2021 de febrero del año anterior, la caducidad de la facultad sancionatoria, (Rads. Nos. 13004-18 y 000127-19). Entonces, es real que esa conducta reprochable sucedió, sólo que “por el paso del tiempo” no fue objeto de sanción; a lo que se suma que no se puede ignorar lo públicamente dicho por Diosdado Cabello, que Petro pidió apoyo financiero en el vecino país de Venezuela para su campaña.
La falta de apego y respeto a la ley también se puede apreciar en el inicio de su actual campaña electoral, pues el ordenamiento jurídico únicamente permite adelantarla a partir del 29 de enero de 2022, sin embargo, Gustavo Petro, en plazas y lugares públicos, la comenzó, sin autorización legal, con mucha antelación.
La biblia en Mateo 7, 15 nos motiva a cuidarnos de los mentirosos y en el versículo 16 señala “Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos”, qué tan verídica expresión. Referente de esa conducta es el paso de Gustavo Petro por la alcaldía de Bogotá, el cual se caracterizó por el incumplimiento de las metas mostrándose como un ineficiente administrador y ejecutor. Las cifras sobre su gestión en Bogotá así lo confirman.
Total abandono sobre infraestructura, movilidad y seguridad. En el cumplimiento de los programas que presentó sobre gestión y riesgo climático, pese al énfasis que sobre el tema formuló, no concretó obras de trascendencia en punto con drenajes y recuperación de áreas protegidas. Incumplió con las metas de construcción de nuevos centros educativos y de equipamiento y creación de hospitales. La modalidad más utilizada en su gobierno lo fue la directa, más vale decir, a dedo, dejando de lado los sectores y programas que requerían de licitación. La compra de vehículos para el servicio de aseo que adquirió Petro muestra un detrimento patrimonial del Distrito, en tanto muchos de ellos se han catalogado como inservibles, por lo que se le adelanta un proceso de responsabilidad fiscal. ¿Luego, si quien no pudo lo menos, podrá lo más? Demagogia en estado puro.
Su conocimiento de economía se reduce a un pésimo discurso político sin fundamento ni sustento en las reglas de la economía de mercado. Otro ejemplo de ello es el trato que imprimiría al petróleo y al carbón, productos esenciales de la economía del país, de los cuales señala prescindiría para cambiarlos por turismo, sin detenerse en el impacto negativo que esa decisión traería para la balanza del país y consecuentemente para la solución de la problemática social de Colombia.
También son particularmente graves sus ataques a los empresarios, ignorando que son ellos quienes dan empleo en el país. Pero lo peor de Gustavo Petro es, sin duda, su discurso de odio, la polarización que promueve y que no puede llevarnos más que a la confrontación, la violencia. No olvidemos los terribles hechos del paro terrorista y los bloqueos que paralizaron la economía del país, sin beneficiar absolutamente a nadie. Ya sabemos cuál papel jugó este funesto personaje. ¿Qué podemos entonces esperar de un eventual gobierno suyo? La respuesta elemental es que convertiría a Colombia en otra Venezuela. Sería la total ruina, es el cambio que propone, y sobre el cual tienen que meditar los votantes al momento de elegir.
*Pildorita. El inadmisible ajusticiamiento del conductor Hildebrando Rivera que causara accidentalmente la muerte de una familia embera, nos lleva a preguntar: ¿Hasta cuándo seguiremos siendo tan permisivos con la “Justicia Especial Indígena”? se impone aquí la judicialización de los responsables de la pavorosa ejecución.
