Joseph de Maistre sostuvo “que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”, luego, será un francés, André Malraux quien lo modificó y dijo que no es que “los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”, entonces, quienes habitamos Bogotá tenemos una oportunidad, una verdadera opción de demostrar que quien rige los destinos de la ciudad ni se nos parece, ni es el gobierno que nos merecemos.
El voto programático, como mecanismo de participación, se instituyó en el artículo 1º de la ley 131 de 1994, como desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, y por él los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes les imponen como obligación y mandato a los elegidos el cumplimiento del programa de gobierno presentado en la inscripción de la candidatura y, a términos del artículo 2º de la misma ley, el gobernante elegido que incumple con su programa abre la puerta para su revocatoria, a través, igualmente, de un mecanismo popular.
Tal herramienta de participación ciudadana, considerada como una forma de la democracia directa, denotó un tipo de mandato representativo en el cual los elegidos quedan sujetos, bajo amenaza de ser revocados por incumplimiento o insatisfacción general, al acatamiento de los compromisos o promesas que ellos mismos han hecho en campaña (Plan de Gobierno).
En Bogotá, al evidenciarse la presencia de esa situación por el grave deterioro de la ciudad, afectada por completo en aspectos tan trascendentes como la seguridad, la movilidad, la pobreza y por intervenciones inquietantes como el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y el apagón de la economía por tres meses, lo que implicaba el comienzo de la destrucción del aparato productivo, el ingeniero veterinario Ricardo Andrés Roa se dio a la tarea de presentar una nueva petición de revocatoria de la alcaldesa ante la Registraduría, la cual una vez cumplió con todos los requisitos se aprobó en la semana pasada, entregando los formularios para el recaudo de firmas, con las instrucciones para su diligenciamiento.
Para justificar el incumplimiento a sus promesas y el descontento general se señalarán solo algunos, de tantos, carices. Así, en su programa se lee “Una mejor movilidad es una apuesta por una ciudad más dinámicamente (…)”, justamente lo contrario a lo que hoy se vive en Bogotá; pues, podemos decir que por el recorte de vías, los obstáculos impuestos en ellas, entre otras, nos encontramos ante una casi total inmovilidad. Hay un constante atascamiento. El “Tiempo para la familia y el desarrollo, no para el trancón” se quedó en solo esas palabras. Nada más.
También enfatizó en que “durante nuestro gobierno Bogotá va a reverdecer (…)” y lo cierto es que la destrucción y corte de los árboles que de antaño embellecían la ciudad demuestran lo contrario, y por contera se aumenta la contaminación, que prometió disminuir. Qué triste desolación queda por la desaparición de esos bellos árboles, baste observar en qué quedó la hermosa avenida Pepe Sierra.
Más grave aún es el incumplimiento a su primera meta “Vivir sin miedo” para lo cual se comprometió a que “(…) la seguridad de los ciudadanos la ejercerá directamente la alcaldesa (…)”, horror y miedo es el cotidiano sobrevivir de los habitantes de Bogotá. Ya ni en las propias casas se está seguro. Los indicadores de homicidios, atracos y delitos afines van en aumento. En los puentes hay lugares de acopio de basuras y de refugio de delincuentes. La percepción de inseguridad, para diciembre de 2020 (con restricciones de movilidad por pandemia) aumentó a 76 % (Encuesta Cámara de Comercio), la que por supuesto ha seguido creciendo día a día.
Contexto que era de esperarse dado que desde sus inicios la alcaldesa miró a la policía como a un enemigo y se dio a la tarea de cuestionarlos y perseguirlos. El cuerpo policial del ESMAD fue afectado por completo, incluyendo la modificación de su dotación para enfrentar al vandalismo. Las consecuencias no se han hecho esperar. En cada puente y semáforo se encuentran personas dispuestas a atracar a los ciudadanos en sus vehículos rompiéndoles los vidrios y en algunos casos quitándoles la vida. Es tanto el temor a salir que gran parte de los ciudadanos se sienten sitiados y secuestrados en sus propias casas.
La falta de gobierno no para ahí. Los huecos de las vías participan en un concurso de cual es el más grande y cuánta es la demora en taparlo. El despilfarro en las finanzas queda en evidencia con la inversión en publicidad, la pintura de los puentes en color verde y la contratación de murales por más de 3000 millones, para señalar solo algunas de las dilapidaciones.
Pero con lo que no contaban los electores es con el cambio de reglas en materia de ordenamiento territorial. En su momento Alejandro Callejas, gerente de Camacol B&C, resumió en pocas cifras los efectos de esta iniciativa:
“Los ciudadanos tendrán dos alternativas: vivir en los municipios aledaños a la ciudad o en la informalidad.
Si la apuesta es por lo primero, la norma de ordenamiento debería proponer una organización del territorio en la que los municipios aledaños estén involucrados y aseguren la disponibilidad de servicios públicos y conectividad (…) y eso está lejos de ser una ciudad de 30 minutos”, y agregó “el uso residencial continúa siendo restringido en áreas de actividad de grandes servicios metropolitanos, sujeto a compras de derechos de edificabilidad adicional.”
Bogotá ha sido por excelencia una ciudad grandiosa, cultural, con magnífica oferta gastronómica, con excelentes parques y centros de recreación, con un turismo que la ubicaba entre los primeros lugares de interés para los extranjeros. Hoy, con la falta de gestión distrital, con la proliferación de minorías entregadas a vandalizar sus monumentos y a destruir las fachadas de sus edificaciones Bogotá está fea y sucia. Bogotá es la capital del país y debe volver al lugar que la hizo grande. El balance de la gestión de la alcaldesa no puede ser más desastroso. La popularidad con la que inició su mandato desapareció y con ella la ciudad agradable, amistosa y hermosa, orgullo de sus residentes, ello sin cumplirse aún dos años de su gobierno.
Cuando el descontento es general queda claro que hay que acudir a la revocatoria. Cúcuta ya nos dio ejemplo y el 12 de diciembre tiene lugar la consulta ciudadana para decidir la revocatoria. Medellín, ni se diga. Recogió en tiempo récord el triple de las firmas necesarias. Cali prorrogó el período en tres meses y dejó un solo comité para tramitar el tema y, no lo duden, conseguirá llegar a la meta. Bogotá no puede quedarse atrás, amén de que este proceso permitirá mostrar al país y a la ciudad capital el desastre del gobierno de la izquierda, bueno para el discurso, pero pésimo en gestión y administración.
Pasemos a la acción, integremos la red de apoyo de toma de firmas y juntos todos los votantes de Bogotá conseguiremos el objetivo, un buen gobierno para la ciudad.