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EnglishDesde que el Gobierno de Costa Rica presentó el martes 7 el borrador de un proyecto de ley para actualizar la Ley General de Radiodifusión, la opinión pública se ha pronunciado en su contra y la ha calificado como la “Ley Mordaza” ya que apunta a sancionar a los medios de comunicación que publiquen “lenguaje vulgar” o “falsas noticias”.
Luego de las reiteradas críticas, Allan Ruiz, viceministro de Telecomunicaciones, dio marcha atrás y pronunció que se eliminarán las sanciones contras las empresas mediáticas.
«No pretendemos de ninguna forma coartar ninguna libertad de expresión, ni mucho menos un tema de ley mordaza. En el borrador que se lleve a Casa Presidencial no va a ir ningún elemento que regule de alguna forma ningún tipo de contenido, eso no sería parte del borrador», precisó el viceministro en un artículo publicado el miércoles 8.
Sin embargo, antes, en una entrevista con el diario local La Nación, del 7 de abril, había asegurado que “por supuesto” el texto “pone en discusión la libertad de expresión y de prensa”. Añadió: “no es el objetivo de esta ley promover nada que vaya en ese sentido [control de contenidos], a no ser que los medios hagan un uso ineficiente del espectro radioeléctrico”.
Por su parte, la ministra Gsela Kopper le pidió la renuncia a Ruiz el jueves 9 por la tarde, luego de que el viceministro confesara no haber leído la iniciativa que, en caso de ser aprobada en el Parlamento, sometería a la prensa independiente de Costa Rica a un régimen de posibles sanciones.
«Estuvimos reunidos los tres [Kopper, Ruiz y el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez] y acordamos la carta solicitando la renuncia. El señor Ruiz afirmó que iba a redactarla pero ahora ha cambiado de opinión, como lo ha hecho saber en declaraciones a medios de prensa», expresó Kopper.
Entre las sanciones a los medios que había en el borrador estaban las multas económicas (de hasta US$226.700), cancelación de licencias, publicación de “lenguaje vulgar” o información que vaya en contra de “las buenas costumbres” y que fuera “injurioso, que perjudique el honor o integridad” de las personas.
Gobierno de Costa Rica impulsa ley mordaza para radio y TV. Ejecutivo podrá cerrar medios http://t.co/AVZ3qyJy93 pic.twitter.com/v31SPFTLQa
— Armando Mayorga (@armandomayorga) April 7, 2015
Además, señala el artículo 68 del anteproyecto, serían castigados aquellos medios que difundan “noticias falsas o llamadas de alarma sin fundamento”.
De esta manera, el ministerio seria quien estableciera cuándo una información era falsa o no y qué entraba dentro del parámetro de las “buenas costumbres”.
«Todo lo que tenga que ver con contenido, no estaría en la versión final», había dicho Ruiz.
El viceministro también dijo que el borrador iba a estar en preparación unas semanas más hasta junio cuando se enviará al poder ejecutivo para su revisión y que este lo presente en el Congreso.
Una copia de leyes de Suramérica
El texto que preparó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) tiene artículos que son copias exactas de leyes vigentes en Perú, Bolivia, Ecuador, México, España y Venezuela.
En un foro organizado por la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica (Canartel) se analizaron ejemplos de artículos de normativas de estos países.
“No podemos aceptar el proyecto del Gobierno ni como un documento base para discusión, porque es evidente la copia textual de leyes de otros países y se desconoce la realidad del país”, exhortó la abogada de Canartel, Vanessa Castro.
Por ejemplo, explicaron los expertos en el foro, la iniciativa tica indica que el 30% de las frecuencias radiofónicas deben ir a emisoras regionales o comunitarias, y ese artículo es igual al artículo 22 de una ley similar de Perú.
“Esos porcentajes mágicos no se explican en la ley. Revela además lo asimétrico del proyecto. El Estado asume todas las tareas de regulador. Es una asignación a dedo de las frecuencias”, instó Juan Manuel Campos, abogado.
En el mismo sentido expuso el exjuez Ewal Acuña Blanco, quien dijo que las sanciones son solo un punto de todos los errores del documento en cuestión.
“Hay un claro contenido ideológico y quisiera saber quién va a ser el sabio del Estado que defina qué es información moderada, qué es de interés público y cuáles son los valores del país”, dijo.
El presidente de la Comisión de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Claudio Paolillo, se expresó preocupado por los alcances del documento .
“¿Quién tiene una forma de medir los valores y el tipo de información que debe recibir la población? Se busca materializar la libertad de expresión de los medios. La intención del Gobierno es ser un vigilante de los contenidos, y esto es muy peligroso para la histórica defensa de la libertad de expresión que ha caracterizado a Costa Rica”, señaló Paolillo.
Finalmente, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, dijo que era necesario modernizer la ley actual, que ya tiene más de 50 años. Sin embargo instó que era el borrador era solo “un documento” para ser discutido y que era “un error fatal” atacar la libertad de prensa en su país.
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