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El Gobierno de Evo Morales estatizó, a través del decreto supremo 2.248, los fondos privados de pensiones. Para ello, creó la Gestora Pública de Seguridad Social, que comenzará formalmente a operar en poco menos de 17 meses. Opositores criticaron los altos sueldos de quienes asumirán la gestión pública.
El decreto, publicado en la Gaceta Oficial el 15 de enero, establece la creación de un ente estatal que administrará los fondos de pensiones de los bolivianos. Para mediados de 2016, las dos empresas privadas de administración de fondos de pensión deberán ceder la gestión, ahorros e información al flamante organismo estatal.
«Todo este espacio de 18 meses [desde la publicación del decreto] es para la compra de software y la migración de los datos de la AFP en una sola base que controle la Gestora Pública», indicó Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas.
La empresa estatal, que estará bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según establece el artículo 4 del decreto, se encargará de la “administración y representación de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, gestión de prestaciones, beneficios y otros pagos”.
La ley dispone asimismo que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional el ente encargado de su fiscalización y quien nombre al personal encargado del Directorio y de la gerencia.
«En 18 meses levantamos la banderita para que las AFP dejen de administrar y todo lo hará nuestra Gestora Pública», auguró el ministro en enero.
Para su inicial funcionamiento, el Estado aportará al patrimonio de la estatal gestora BOL$120 millones (US$17.366.000) que saldrán de las arcas del Tesoro General de la Nación y que estarían ya contemplados e el Presupuesto General del Estado para este año.
«Este es un préstamo que se está haciendo a la Gestora para arrancar, comprar el software, comprar sus instalaciones, sus inmuebles, contratar el personal adecuado, en fin, comenzar a armar esa institución que ha de administrar la pensión de los bolivianos», añadió.
Aportes invertidos en el exterior
El ministro manifestó que los recursos que aporten los bolivianos podrán invertirse en el exterior bajo el amparo del Banco Central de Bolivia (BCB), con el objetivo de aumentar su rendimiento.
Entre los fondos que administrará la Gestora se encuentran el Fondo de la Renta Universal de la Vejez, el Fondo de Vejez, el Fondo Colectivo de Riesgos y el Fondo de Ahorro Provisional (FAP).
La estatización de los fondos de pensión de los trabajadores cobró relevancia en los últimos días, dadas las críticas que suscitaron los altos sueldos de los futuros empleados de la Gestora.
La escala salarial fue publicada en el anexo de decreto supremo y fue blanco de críticas de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, quien declaró que la estatización es un “un atentado al ahorro de los trabajadores”.
“Sorprendidos totalmente, el Decreto Supremo 2.248 nos sorprende en su anexo B, donde indica claramente que el presidente del directorio ganará BOL$70 mil (US$10.200), la gerencia general 70 mil, la gerencia nacional $50 mil (US$7.200)”, expresó el dirigente gremial.
Por su parte, Mario Guillén, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, se defendió de las críticas y alegó que los altos sueldos son para atraer a eficientes profesionales técnicos.
«Nos dimos cuenta que en las AFP’s los sueldos de los gerentes en un caso estaban en BOL$100.000, en otro caso por encima de los $85.000 (US$12.390). Si nosotros no establecíamos un nivel salarial expectante no podríamos contratar un gerente de alto nivel que maneje de manera eficiente estos US$10.000 millones», advirtió.
La estatización obedece a la necesidad imperiosa de recursos
El economista boliviano Mauricio Ríos García, director de CrusoeResearch.com y analista financiero de Schifforo.com, explicó a PanAm Post que esta intención estatizadora se debe a la necesidad desesperada que tiene el Gobierno de recursos, tras el desplome del precio del crudo y a su resistencia por no modificar las atribuciones sociales que ha ido adquiriendo a lo largo de los años.
“Los incrementos del salario mínimo nacional o los dobles aguinaldos [políticas sociales propuestas por Morales] no constituyen más que devaluaciones diferidas, que buscan postergar la solución a los problemas estructurales que se vienen registrando en la economía desde hace al menos año y medio atrás (mucho antes del desplome petrolero) con la desaceleración de más de un punto porcentual del PIB”.
Para él, estas políticas públicas “son sólo malabares económicos, típicos de gobiernos autocráticos en etapas de crisis”.
Además, el economista Gastón Balderas Encinas expresó que este hecho traerá tres problemas fundamentales.
“El primero son las designaciones políticas en los cargos ejecutivos de la gestión. Los ejecutivos cederán muy fácil ante presiones políticas y no se regirán por criterios empresariales o de rentabilidad. El segundo problema es el conflicto de intereses. El Estado se convierte tanto es prestamista como en prestatario, ya que ;os aportes están invertidos en la deuda del mismo Estado”, indico.
Finalmente expresó su preocupación por que los aportes de pensión sean invertidos en empresas estatales deficitarias ademas.
“¿Está segura tu jubilación en empresas estatales tales como Karachipampa (empresa metalúrgica estatal)? Te sientes seguro que el trabajo de toda tu vida están yendo a empresas de este tipo?”, concluyó Balderas Encinas.
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