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EnglishEl fiscal argentino Gerardo Pollicita, quien decidió darle curso a la denuncia presentada por Alberto Nisman, imputó formalmente este viernes a la presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de funcionarios iraníes en la investigación por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.
La denuncia de 300 páginas la había presentado Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en el baño de su casa con un disparo en la cabeza, a un día de presentarse en el Congreso Nacional para dar más detalles del caso frente a los legisladores.
En la denuncia Nisman mencionaba el supuesto encubrimiento por parte de la presidenta Kirchner, del canciller Héctor Timerman, del piquetero Luis D’Elía y del diputado nacional Andrés Larroque en la causa AMIA.
“La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman”, había escrito Nisman, quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal especial para el caso AMIA.
Por su parte, el fiscal Pollicita, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11, decidió avanzar con la denuncia de Nisman y pidió que se inicie un proceso de recolección de pruebas.
“En principio, resultan imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones la Sra. Cristina Fernández de Kirchner —Presidenta de la Nación—, los Sres. Héctor Marcos Timerman —Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación—, Andrés Larroque —Diputado Nacional—, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia —Exfiscal Federal—, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche, y un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado”, indicó Pollicita en la resolución judicial.
En el documento, el fiscal explica que la confabulación para encubrir a los iraníes habría estado orquestada por “las altas autoridades del Gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros”. Esto, implica un “accionar criminal configurativo” en relación al encubrimiento por “favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 277 incisos 1 y 3, 241 inciso 2 y 248 del Código Penal de la Nación)”, cita el fiscal.
URGENTE Cristina Kirchner imputada: El fiscal Pollicita imputó a la presidente x encubrimiento http://t.co/mXdxfihO2G http://t.co/6Brzsc3f3G
— Guadalupe Vazquez 🌱 (@guadavazquez) February 13, 2015
¿Golpismo judicial o correcto accionar de la Justicia?
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, afirmó en línea con el discurso oficial que existía un “golpismo judicial activo” que “no persigue una finalidad judicial sino la finalidad política de generar impacto político” y “estrépito social”.
Además recalcó que la denuncia de Nisman “no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”.
Por su parte, Aníbal Fernández, secretario General de la presidencia, le expresó a la prensa que “la imputación no tiene ningún valor jurídico”. Además indicó que es “una clara maniobra de desestabilización antidemocrática”.
Julio Cobos, exvicepresidente de la nación durante la primera presidencia de Cristina Kirchner y hoy precandidato a presidente por el partido opositor Unión Cívica Radical, afirmó que no le extrañaban las palabras de Aníbal Fernández.
“El Gobierno está acostumbrado a doblegar los poderes. Ya lo hace en el Congreso donde sabemos que no podemos aportar una sugerencia a los proyectos de ley que ingresan por el Ejecutivo”, indicó Cobos durante una entrevista el viernes por la tarde.
“No puedo esperar otra cosa que una descalificación de Aníbal Fernández”, concluyó.
La procuración del Tesoro, en defensa del Gobierno
La Procuración del Tesoro presentó el viernes frente al juzgado a cargo de la denuncia de Nisman un documento de carácter institucional en el cual presenta pruebas y elementos de juicio para el caso que les compete.
Para este organismo estatal “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (….) en el Código Penal”.
El escrito señala también que primero el Gobierno de Nestor, y después el de Cristina Kirchner, “ha mantenido una postura enérgica y clara en el ámbito internacional, en particular en sus presentaciones ante la ONU, reclamando que la República Islámica de Irán brinde su colaboración efectiva para el esclarecimiento de las responsabilidades derivadas del atentado terrorista contra la sede de la AMIA”.
