EnglishDiecisiete de los actuales 25 colegios en concesión corren peligro en Colombia luego de que el 6 de septiembre la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá votara en contra de autorizar la extensión del contrato y la financiación por un monto de COL$170 mil millones (US$85.920.000) para el período comprendido entre 2015 y 2017.
La modalidad de concesión nació en Bogotá en 1999. La administración del Distrito construyó 25 colegios en barrios de escasos recursos y los licitó para que entidades privadas los gestionen autónomamente, pero con fondos públicos y sometidos a estrictos requisitos de desempeño. La mayoría de estos contratos vence en diciembre de 2014.
La decisión tomada por los concejales bogotanos de no renovar las concesiones trajo consigo críticas de los padres de estos colegios, hasta el punto de que el presidente Juan Manuel Santos se pronunció a favor de las escuelas administradas por privados y pidió a los concejales rever su decisión.
Para los funcionarios que desestimaron el proyecto de mantener la vigencia de este sistema educativo, el modelo posee fallas estructurales.
“Cuando se inició el programa de colegios en concesión, se dijo que era un proceso que no duraría mucho tiempo, además esto no significaría privatizar la educación, puesto que las instituciones distritales seguirían existiendo, sólo que ahora se verían obligadas a competir y entregar mejores servicios,” explicó el concejal Fernando López.
“Ahora bien, el programa lleva cerca de dos décadas evidenciando que las instituciones distritales no han mejorado su calidad a pesar de la competencia de los colegios concesionados”.
Por su parte, el concejal Álvaro Argote explicó que se deben terminar con este tipo de escuelas y recuperalas al sistema público, al mismo tiempo que le pidió al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que sea consecuente con lo público.
El próximo jueves los concejales de Bogotá se reunirán con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo con el objetivo de reconsiderar la propuesta de los colegios en concesión luego de la insistencia del presidente Santos para encontrar una solución al tema, a tan sólo tres meses de que venzan los contratos.
“Los colegios en concesión están ocupando los primeros lugares en calidad, no podemos aceptar que nos los eliminen, pero el Concejo de Bogotá le negó al alcalde (Gustavo Petro) la financiación de esos colegios”, indicó el mandatario sobre este tema.
El mandatario instruyó a su ministra de Educación, Gina Parody, para que comience acercamientos con los partidos políticos que tienen asiento en el Concejo de la capital del país, para intentar revivir el tema y evitar que una crisis política entre el cabildo y el alcalde Petro se traduzca en el punto final de los colegios por concesión.
“Voy a pedirle a la ministra de Educación [Gina Parody] que hable con los directores de los partidos en el Concejo para que vuelva a presentar el proyecto, porque tenemos que aprobar la financiación de estos colegios”, señaló Santos.
Los padres defienden el derecho a elegir
Familiares de alumnos, representantes y autoridades de las 25 escuelas en concesión, radicaron una demanda de acción popular contra la secretaría de Educación de Bogotá y contra el alcalde Gustavo Petro para exigir la renovación de la totalidad de las escuelas bajo este sistema.
El vocero oficial de la Asociación de Padres de Familia de Colegios en Concesión, Daniel Raisbeck, advirtió que el objeto de la demanda es defender la educación pública de calidad y que este sistema alternativo beneficie a 40.000 estudiantes de los estratos populares en la capital.
“La demanda popular es la última esperanza, nosotros estamos pidiendo medidas cautelares de 7 u 8 años para los 25 colegios”, informó.
Con respecto a la acción judicial, informaron que todavía están esperando que el juzgado la admita.
“Es un tema que se ha politizado completamente con la presión del sindicato de maestros que se ha opuesto al modelo de concesión y no les importa la calidad, por eso hemos decidido recurrir a la Justicia”.
Raisbeck trabaja con los padres de familia desde el año pasado, y viene confeccionando una estrategia para salvar a los colegios en concesión. Decidió acudir a la justicia por que junto con los padres de los alumnos no vieron esperanza por ninguna otra vía.
“Este modelo, dado su éxito y resultados sobresalientes, debe expandirse y no acabarlo como quiere hacer la secretaría y el alcalde”, expresó el activista educativo.
Además, explicó en una entrevista radial que dado los excelentes resultados educativos de los colegios en concesión en un examen llamado Saber 11, los funcionarios públicos no pueden terminar con este sistema “de un día para el otro y tan abiertamente”.
Sobre la educación impartida en estas instituciones explicó que “Si uno hace la comparación, el 88% de los colegios en concesión está en nivel alto o superior, mientras que más de la mitad de los colegios distritales están en el nivel medio o bajo”.
“En este momento está incierto el futuro de los 25 colegios, lo cual obviamente es muy preocupante para los padres y los alumnos. Se ha hablado que la alcaldía le oferte a los colegios en concesión extender el contrato un año, pero eso no le sirve a los concesionarios, porque estamos hablando de un colegio que necesita proyectar a largo plazo o al menos a mediano plazo. No pueden estar rogándole a la secretaría todos los años que le renueven el contrato”, precisó.
“Esperamos que siga reaccionando la opinión pública para que los políticos y burócratas caigan en cuenta que su labor es servir a la ciudadanía, no proteger sus propios intereses a costa del fisco e imponer a la fuerza modelos fallidos en contra de la voluntad de las personas y las comunidades”, resumió.
Voces en contra denuncian hacinamiento
William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) alzó la voz en contra de la posibilidad de prolongación de las licencias de los colegios en concesión e hizo una mención sobre la cantidad de alumnos por clase.
RECHAZAMOS INTERVENCION INDEBIDA GOBIERNO NACIONAL SOBRE UNA DECISION LIBRE Y SOBERANA DEL CONCEJO DE BOGOTA DE NO PRORROGAR LAS CONCESIONES
— william agudelos (@williamagudelos) September 9, 2014
“Más de ocho colegios están en situación de hacinamiento. Hay entre 40 y 50 estudiantes en cada curso, pues al concesionario lo que le interesa es el número de estudiantes, ya que por cada estudiante le dan cerca de COL$2 millones (US$987)”, afirmó.
Además expresó que desde el ADE seguirán trabajando para mejorar la educación y se contentó con la idea de que los colegios pasen a ser administrados por el sector público.
“Ya no serán ni Colsubsidio [organización privada adscrita a la Seguridad Social], ni la Universidad de los Andes, ni la Caja de Compensación Familia (CAFAM), ni el Gimnasio Moderno [colegio privado] los que van a manejar esos colegios, sino la secretaría de Educación como debe ser”, concluyó Agudelo.