EnglishEl primero de julio entró en vigor la ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés) promulgada en Estados Unidos con el objetivo de adoptar medidas contra la evasión impositiva de ciudadanos estadounidenses que tengan cuentas bancarias fuera de ese país.
Su entrada en vigencia ya despertó preocupación, especialmente entre ciudadanos con doble ciudadanía o que viven fuera de Estados Unidos y tienen cuentas en su país de residencia.
La ley FATCA afecta a más de 77,000 bancos y entidades financieras de todo el mundo y cuenta con la colaboración de 70 países, entre ellos México, Chile, Canadá, Brasil y Costa Rica.
La normativa, que había sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2010, se implementará gradualmente y buscará facilitar la fiscalización del ente recaudador estadounidense (IRS o “Internal Revenue Service”). Quedan sometidas a esta ley todas las entidades financieras extranjeras (conocidas como FFI) y las entidades no financieras extranjeras (NFEE) que reciban fondos de cuentas estadounidenses.
El IRS busca a través de la ley FATCA que los fondos de inversión, financieros y bancos, en primer lugar, registren a los clientes estadounidenses que posean cuentas en el extranjero con saldos superiores a los US$50,000 y le transfieran al gobierno norteamericano la información relacionada con el número de cuenta, nombres y balances. Las instituciones financieras que incumplan con esta norma deberán, según explica Forbes, aplicar una retención de un 30% sobre los pagos o transferencias de cualquier persona o entidad que se rehuse a cumplir con los requisitos de esta ley.
“Es factible que la [ley] FATCA evite la evasión, pero se requiere de mejores mecanismos para atender de manera ágil esa información y que se actúe en consecuencia”, expresó el profesor Benito Rivera, de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México a la agencia de noticias IPS.
En América Latina ya entraron en vigor 3.800 acuerdos bilaterales con distintas entidades, mientras que aun hay 800 instituciones en la región que no han entablado negociaciones con Estados Unidos.
Esta resolución se realiza en dos pasos: En primer lugar las entidades financieras deben reportar la información suscrita a la entidad fiscal nacional y luego esta envía la documentación a su par estadounidense.
“El fuerte apoyo internacional para FATCA no deja ninguna duda”, manifestó el secretario adjunto del Tesoro estadounidense, Robert Stack.
Las consecuencias de esta ley
“Esta ley es increíblemente complicada y habría que preguntarse si sus costes no son mayores que sus beneficios”, le señaló a AFP Payson Peabody, representante de SIFMA (asociación de los mercados financieros). Añadió que esta normativa tiene como consecuencia que transfiere el peso de la carga de búsqueda de la evasión a las entidades financieras.
Lynne Swanson renunció a su ciudadanía estadounidense para evitar ser registrada por esta ley. “Si esto lo estuviese haciendo China, Rusia, Iran o Eritrea, sería un escándalo”, señaló.
Para Heather Lowe de la institución Global Financial Integrity, si bien ahora será más difícil utilizar los métodos tradicionales de evasión fiscal, “no hay duda alguna de que la gente encontrará medios para burlar la ley” al buscar bancos de países que no se encuentren en el radar de la IRS ni acepten esta ley.
You Don't Know The Consequence of #FATCA | EconMatters http://t.co/rgkDJgKIlU – One will be to avoid #Americansabroad in all capacities
— U.S. Citizen Abroad (@USCitizenAbroad) July 4, 2014
Nigel Green, CEO del grupo deVere de consultoría financiera, calificó a esta ley como “horrenda” para la economía estadounidense y como una “pesadilla” para los expatriados de ese país.
Por su parte, el Consejo de Directores de la cooperativa de ahorro y crédito Vancity de Vancouver, Canadá, se opuso firmemente a esta resolución alegando que esta normativa podría tener un efecto negativo sobre la privacidad, la libertad, el debido proceso y la soberanía canadiense, según informa el Financial Post.
En este mismo sentido, Stephen Kish, profesor de la Universidad de Toronto, explicó también a Financial Post que él tiene ciudadanía estadounidense y canadiense y que el gobierno de Obama no tiene derecho de imponer una ciudadanía sobre otra sin el consentimiento de la persona.