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EnglishLuego de una maratónica sesión de doce horas, el Congreso de Perú aprobó anoche por extensa mayoría un informe de la “megacomisión” parlamentaria que propone denunciar constitucionalmente al expresidente Alan García. Se lo acusa por presuntos actos de corrupción durante su mandato y por haber indultado y concedido gracias presidenciales a narcotraficantes condenados.
La votación fue contundentemente a favor de denunciar constitucionalmente al exmandatario, con 53 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones. A favor votaron los legisladores de los partidos Gana Perú, Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio. Los fujimoristas —de ideología conservadora, seguidores de Alberto Fujimori, expresidente peruano hoy preso— decidieron no votar.
La resolución de la comisión también propone denunciar constitucionalmente a Rosario Fernández y Aurelio Pastos, exministros de Justicia, por el delito tipificado en el código penal de cohecho pasivo impropio (aceptar sobornos).
El informe “narcoindultos” llevado a cabo por esta comisión, es parte de otros ocho informes que investigan presuntos actos de corrupción del Segundo mandato de García entre el 2006 y 2011.
Se acusa al expresidente de faltar, entre otros tantos, al Articulo 8 de la Constitución, que estipula que el Estado debe combatir y sancionar “el tráfico ilícito de drogas”. También se lo investiga por infringir el Artículo 39, que establece que todos los funcionarios, especialmente el Presidente, están al servicio de la Nación.
Otros posibles artículos violados por García son el 43, 44, 45 y el 118 en sus incisos 1 y 9 de la Carta Magna.
Juan Pari, del partido Gana Perú y miembro de la megacomisión, aseguró que hay pruebas suficientes y contundentes para realizar la denuncia constitucional contra el exjefe del Ejecutivo peruano.
“Los argumentos no solo son discursivos, que nacen de testimonios, sino de documentos mediante los cuales se han establecido hallazgos. Los argumentos son objetivos, no hay ninguna especulación ni subjetividad”, señaló Pari.
Además, Pari se había mostrado optimista sobre el futuro del informe y de la causa contra García: “Es hora que el país empiece a entender que sus instituciones son fuertes, investigan y también llegan a conclusiones concretas, para así construir una democracia separada y lejana de la corrupción”.
El escrito presentado y aprobado en el Parlamento, informa que García habría otorgado conmutaciones a diferentes delincuentes: Mas de 3 mil indultos de penas a narcotraficantes, 628 reos por robo agravado y 180 por hurto agravado. Aparentemente, muchos de los beneficiados habrían aportado dinero al Partido Aprista Peruano (APRA) a cambio de la gracia presidencial.
Los informes nulos de Tejada son una patraña mayor que el informe Lark de 1991. Me odian por haber impedido la reelección conyugal.
— Alan García (@AlanGarciaPeru) June 19, 2014
“En estos 32 meses, el procurador del gobierno, con los papeles de la ‘megacomisión’, me denunció ante la Fiscalía por las reducciones de penas, pero tras escuchar a todos la conclusión definitiva fue: ‘No hay delito’ (6-I-2014). El presidente de la “megacomisión” también lo dijo: ‘No hay conexión de AG con ningún pago o delito por los indultos’ (30-IX-2013). Porque se puede estar o no de acuerdo con las reducciones de penas, pero son atribución constitucional del jefe de Estado y se siguen haciendo, no son delito”, se defendió García en una columna de opinión publicada por Diario Correo.
Por su parte, los abogados de García alegan varios puntos en su defensa y aseguran que el expresidente no cometió delito alguno: En primer lugar, explican que conceder gracias es una atribución presidencial (solo prohibida para casos de violación, terrorismo y secuestro). Agregan que no existe ninguna prueba que ate a García con casos de irregularidades o recepción de dinero (sobornos).
Añaden los letrados que cuando los legisladores pretenden debatir sobre estos “informes nulos” están afectando “gravemente los fundamentos del Estado de Derecho con el propósito de dañar e inhabilitar electoralmente al exmandatario”.
¿Qué sucede ahora?
El informe elaborado por la megacomisión será enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —presidida por Marco Tulio Falconí— quien tiene un plazo de 10 días para decidir si prosigue con la denuncia o si la descarta.
Si decide avanzar, se convocará a los acusados a declarar en audiencias públicas.
